Nacional

La Corte descartó que la información sobre solicitudes de duplicado de patentes pueda considerarse sensible o protegida por normas de confidencialidad, y validó la interpretación del CPLT sobre el acceso a datos públicos existentes en bases de datos internas.

El requirente impugnó el inciso final del artículo 4° de la Ley N° 19.983, que sanciona con hasta cinco veces el valor de las facturas a quien limite su libre circulación. La controversia surge en el contexto de un juicio ante un Juzgado de Policía Local por el rechazo de facturas emitidas en relación con retenciones contractuales de un subcontrato de obras en el Aeropuerto Internacional de Santiago.

Organismo contralor aclara que el artículo 65 de la Ley N° 19.880 establece que se entenderá rechazada una solicitud no resuelta en plazo cuando la Administración deba pronunciarse sobre impugnaciones o revisiones de actos administrativos.

Las normas sobre descanso obligatorio son de orden público laboral, por lo que no pueden modificarse.

El recorrido histórico de la ley judía muestra cómo la legitimidad y la justicia se consolidan en la deliberación colectiva y la independencia judicial, anticipando debates fundamentales del derecho constitucional actual

Separar las funciones jurisdiccionales de las administrativas, reducir la discrecionalidad interna y perfeccionar los controles democráticos externos son pasos imprescindibles para fortalecer la independencia judicial y recuperar la legitimidad del sistema.

El decreto impugnado establece derechos por recuperación del espacio público y resguardo del perímetro para eventos con más de 10.000 asistentes. Los cobros se basan en costos reales de limpieza y seguridad, con montos escalonados según el aforo. La Corte consideró que el decreto se dcitó dentro de las facultades legales del municipio, no excede competencias ni crea nuevos impuestos y tiene fundamentos suficientes y base racional de cálculo.

Establece que no se acreditaron elementos necesarios para configurar actos de competencia desleal en campaña publicitaria "Total más bajo". La competencia desleal debe entenderse como un ilícito civil, requiriendo prueba de: Conducta contraria a la buena fe o buenas costumbres. Uso de medios ilegítimos. Elemento subjetivo (dolo o culpa). Daño (desvío de clientela). La conducta de las demandadas, a lo sumo, podría considerarse "un comportamiento antiético" o "publicidad engañosa", pero no alcanza el nivel de competencia desleal sancionable.

Considera que el juez de garantía excedió sus facultades al calificar los hechos como no constitutivos de delito sin investigación previa.

Se argumenta que su aplicación vulnera la igualdad ante la ley, la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos y el debido proceso, la inviolabilidad del hogar, porque el juez extiende su representación legal más allá de firmar el contrato de compraventa y autoriza el lanzamiento del ocupante del inmueble subastado a sola solicitud del adjudicatario.

La Corte desestimó el recurso de protección que solicitaba la eliminación de resultados de búsqueda que asocian al recurrente con un delito que no cometió. El tribunal afirmó que la labor de Google se limita a un motor de búsqueda sin facultad para modificar o eliminar contenidos ajenos.

El máximo Tribunal confirmó la decisión que rechazó el recurso de protección interpuesto contra la Municipalidad de San Pedro de la Paz por la remoción del Director de Seguridad Pública y Protección Civil. El Tribunal confirmó que la facultad del alcalde para designar y remover a dicho director está expresamente contemplada en la Ley N° 18.695, y que la remoción se fundamentó en razones legales y objetivas relacionadas con la idoneidad y cumplimiento de funciones del cargo, descartando arbitrariedad o ilegalidad en la medida adoptada.

El requirente solicitó se declaren inaplicables las disposiciones del Código Civil y del Código de Procedimiento Civil que regulan la renuncia tácita e interrupción de la prescripción, y como la valoración de la confesión extrajudicial. El requirente sostiene que al dar efectos civiles a una sentencia penal, el juez civil transfiere indebidamente decisiones de un tribunal penal a la esfera civil, sin base legal.

El máximo Tribunal respaldó la decisión de la Corte de Talca, que dejó sin efecto la expulsión dictada por el Servicio Nacional de Migraciones tras valorar que el extranjero se autodenunció, carece de antecedentes penales y ha mantenido empleo formal, configurando una situación de arraigo que debe ser considerada en el proceso migratorio.

El máximo Tribunal determinó que los jueces de instancia aplicaron erróneamente normas procesales al declarar inadmisible una demanda por una omisión formal no contemplada en la ley. Precisó que las facultades oficiosas de los jueces deben ejercerse solo cuando la legislación lo permite expresamente.

El pronunciamiento aclara las facultades de fiscalización y sanción respecto al artículo 6° de la Ley N°21.643, que obliga a los empleadores a entregar información sobre denuncias de acoso laboral, sexual o violencia en el trabajo. Confirma que la Dirección está facultada para supervisar el cumplimiento de la norma y aplicar sanciones, en el marco de sus atribuciones legales y en coordinación con otros servicios administrativos.

La aplicación de artículos del Código Sanitario no vulnera, en el caso concreto, la Constitución. El valor probatorio del acta de fiscalización es una presunción legal que puede ser desvirtuada. El procedimiento permite al denunciado defenderse y presentar pruebas. La revisión del quantum de la sanción es competencia del juez de fondo. El derecho a defensa, a un justo y racional procedimiento, entre otras garantías, no se vulneran.

El ente contralor confirmó que la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) debe pagar derechos municipales por la ocupación de bienes nacionales de uso público (BNUP) en la comuna de Maipú, pero aclaró que es procedente aplicar una rebaja según la ordenanza local vigente. Además, descartó que estos cobros puedan efectuarse retroactivamente.

Desestimó alegaciones de la querellante sobre exclusión de prueba, vulneración de garantías y valoración fragmentada de la prueba, concluyendo que no se acreditó perjuicio real y que la absolución por maltrato habitual se ajustó a derecho.

Anula fallo absolutorio de padrastro al constatar que el tribunal no fundamentó adecuadamente la valoración de la prueba. La falta de análisis conjunto de testimonios y peritajes influyó sustancialmente en la decisión y ordenó realizar un nuevo juicio oral.

Sonapesca aseguró, ante la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, que el proyecto de Nueva Ley de Pesca —en plena implementación de la Ley de Fraccionamiento— podría reducir en hasta un 59 % las cuotas actuales de la industria, comprometiendo la viabilidad financiera de varias empresas y poniendo en riesgo miles de empleos regionales.

La Corte corrigió un fallo del Juzgado de Garantía que permitía a un funcionario de Gendarmería seguir en funciones pese a haber sido condenado por apremios ilegítimos. Acogiendo el recurso del INDH, el tribunal superior ordenó que cumpla la suspensión del cargo y subrayó la vigencia de normas internacionales como la Convención contra la Tortura.

El Tribunal ratificó la legalidad de la aprobación del proyecto “Depósito de Relaves Filtrados, Plan de Pellet”, presentado por la Compañía Minera del Pacífico en Huasco, desestimando reclamaciones ciudadanas por supuestas ilegalidades en el proceso de evaluación ambiental. La sentencia reafirma la suficiencia técnica y el cumplimiento normativo del proyecto, destacando la correcta consideración de impactos y observaciones ciudadanas.

Este trabajo analiza críticamente los desafíos jurídicos, procesales y constitucionales que plantea la incorporación de evidencia generada por algoritmos en los procesos judiciales argentinos. Desde un enfoque doctrinario y comparado, se examinan los tipos de algoritmos involucrados, los riesgos asociados a su opacidad, y se proponen estándares de admisibilidad, control y validación que garanticen el respeto irrestricto de los principios del debido proceso, la defensa en juicio y la transparencia judicial.

El organismo determinó que los antecedentes solicitados sobre los médicos que más licencias médicas emitieron en 2022, 2023 y 2024 tienen un interés público prevalente, y ordenó su entrega a la Superintendencia de Seguridad Social, resguardando datos personales sensibles.

Argumenta que está imposibilitado de invocar la lesión enorme en ventas forzadas, a diferencia de las ventas voluntarias. La falta de límites claros a la facultad del juez para rebajar el mínimo de la subasta. La ausencia de audiencia previa al fallido antes de rebajar drásticamente el valor mínimo. El rechazo de incidentes por cuestiones formales sin analizar el fondo del asunto. Se vulnera el derecho al debido proceso, la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, entre otras garantías, al fijar un mínimo de subasta del inmueble subasta de inmueble por un 8% de su valor.

La Corte Suprema revocó la exoneración de responsabilidad de la Clínica Regional La Portada en un caso de negligencia médica que causó la muerte de un paciente. Estableció que tanto la clínica como el médico deben responder conjuntamente por la falta de diagnóstico y tratamiento oportuno de una hemorragia postoperatoria. La indemnización total asciende a $170.441.829.-, que deberán pagar ambos demandados de forma concurrente.

El máximo Tribunal acogió el reclamo de ilegalidad presentado por un ciudadano venezolano y dejó sin efecto su expulsión del país, al considerar que la resolución no ponderó debidamente su vínculo con un hijo chileno, configurando una vulneración a la unidad familiar y al interés superior del niño. Se ordenó un nuevo pronunciamiento que tome en cuenta su arraigo familiar.

Rechaza requerimiento de Canal 13 contra multa por contenidos inapropiados. Consideró que la norma no vulnera garantías constitucionales, mientras que una minoría cuestionó la falta de criterios objetivos para determinar las sanciones. La norma establece parámetros claros para determinar sanciones. El criterio de "gravedad de la infracción" orienta la fijación de multas. La proporcionalidad específica puede ser revisada judicialmente. No vulnera, en el caso concreto, el derecho a un justo y racional procedimiento, el principio de proporcionalidad.

La Contraloría aclaró que las actas de las sesiones del concejo municipal deben contener, como mínimo, los elementos establecidos en la ley, pero no están limitadas a ellos. Además, confirmó que el reglamento interno del concejo puede ser modificado por mayoría absoluta para incluir información adicional, como los incidentes expresados por los concejales, reforzando la transparencia en la gestión municipal.