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Corte Suprema decreta sobreseimiento definitivo por prescripción de la acción penal. Se afecta la libertad personal del imputado al mantenerlo vinculado a un proceso ya extinguido.

Aunque la Dirección del Trabajo prohibió el uso de certificados como los de Cualiffy para condicionar contrataciones, el problema de fondo persiste: en un mercado laboral competitivo, los propios postulantes pueden ofrecer voluntariamente datos sensibles para diferenciarse. El verdadero desafío está en rediseñar los procesos de selección y corregir incentivos que hoy empujan a ceder privacidad por empleabilidad.

El requerimiento se origina en un juicio de indemnización de perjuicios interpuesto por la madre y los hermanos de una alumna fallecida en 2019 al interior del Colegio del Sagrado Corazón de Concepción. La parte requirente apeló contra la resolución que acogió las tachas formuladas respecto de los testigos ofrecidos —todos trabajadores del establecimiento—, en virtud del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, que los considera inhábiles por su vínculo de dependencia.

La Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible el reclamo de ilegalidad deducido contra una Resolución Exenta de la Superintendencia de Salud que rechazó el recurso jerárquico que, en subsidio de la reposición, interpuso una empresa contra la multa de 700 U.T.M. que le fue cursada por la Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales de…

Constató que la falta de autorización presidencial tornaba inexpropiable el bien ferroviario, al acoger la reclamación de ilegalidad presentada por EFE contra el acto expropiatorio dictado por el Serviu de O’Higgins, en virtud de lo dispuesto en el artículo 2°, inciso cuarto, del DFL N° 1 de 1993.

La norma impugnada impide apelar resoluciones en procedimientos de cumplimiento laboral. El caso surge en Iquique, en que un tribunal declaró solidariamente responsable a la requirente por unidad económica, pese a no haber sido parte del juicio original. Se alega vulneración del derecho al recurso, la tutela judicial efectiva y la igualdad ante la ley.

Constató que, existiendo un plazo expreso en el contrato, el retardo en el pago configura mora automática, obligando al deudor al pago de intereses moratorios desde el incumplimiento, sin necesidad de esperar la ejecutoria del fallo.

Falta prueba concluyente sobre conocimiento de adulteración en número de chasis de la motocicleta. El fallo vulneró el principio de la sana crítica al no acreditarse, más allá de toda duda razonable, que el acusado conociera la adulteración del número de chasis de la motocicleta. La deficiente valoración de la prueba impidió justificar la condena, lo que llevó a anular la sentencia y el juicio oral, ordenando la realización de uno nuevo ante un tribunal no inhabilitado.

La Corte confirmó la condena por homicidio simple y lesiones menos graves, tras descartar que uno de los acusados actuara en legítima defensa y que se configuraran las atenuantes de colaboración sustancial y confesión espontánea alegadas por las defensas.

El ente contralor confirmó que las sanciones aplicadas a Remavesa S.A. por incumplimientos técnicos en el contrato de mejoramiento de la Ruta O-10 se ajustaron a derecho. El pronunciamiento precisa que la prescripción de estas multas debe ser declarada judicialmente y solicita a la Dirección General de Obras Públicas que liquide el contrato y remita los antecedentes para control previo, asegurando la correcta ejecución de la obra y el cálculo de las sanciones.

Se autorizó, en forma excepcional, el pago de un bono compensatorio de $400.000 para una trabajadora de Porvenir, ante la inexistencia de salas cuna autorizadas en la comuna. La medida permite cumplir la obligación legal del empleador y garantiza el cuidado del menor, mientras el beneficio no pueda hacerse efectivo por las vías habituales del Código del Trabajo.

La percepción de la delincuencia suele estar distorsionada por factores emocionales y mediáticos que amplifican el miedo más allá de las cifras reales de criminalidad. Este fenómeno del temor social se convierte entonces en una poderosa herramienta para los sectores políticos que detentan el poder, y que cuando lo tienen lo utilizan para justificar sus políticas represivas, aumentar el control sobre la sociedad y por supuesto, fortalecer su capital electoral. Así, el miedo al delito o incluso el miedo propiamente tal más allá de la delincuencia, sino de un enemigo se transforma en un recurso c

Mantiene interpretación estricta del plazo de 60 días, pese a voto disidente que aboga por una visión más favorable al trabajador.

No se acreditó una "real y efectiva afectación" de los derechos de las personas o del interés nacional, ya que la mera posibilidad de afectación no es suficiente para justificar la reserva.

Evalúa positivamente las modificaciones propuestas para simplificar el acceso a indemnizaciones y cobertura en salud mental. Iniciativa amplía el ámbito de aplicación a cadetes y brigadieres desde los 14 años. Define concepto clave como "acto de servicio". Establece un nuevo procedimiento para acreditar requisitos. Incorpora cobertura en salud mental, insumos y gastos de traslado.

Determina que el traspaso de inmuebles buscaba evadir el pago de deudas judiciales previas.

La Magistratura concluyó que la notificación realizada conforme al Código de Procedimiento Civil no vulnera el debido proceso, que la presunción de domicilio del arrendatario en el inmueble arrendado es racional y justa, y que la acción planteada se refiere a cuestiones procesales que deben resolverse ante la justicia ordinaria, sin afectar la constitucionalidad de la norma.

Confirma fallo de Corte de Santiago por demora de más de dos años en tramitar y resolver sumario, lo que se califica como ilegal y contrario a la Ley N° 19.880 y a garantías constitucionales. Ordena al Ministerio de Obras Públicas ponerle fin en 60 días.

Lo anterior aplica siempre que no se altere la causa de pedir primitiva.

Se rechazó la impugnación, al estimar que el cuestionamiento planteado no se dirigía contra el diseño del procedimiento de ejecución incidental, sino contra la posibilidad de ejecutar sentencias no firmes, materia regulada por otras normas. Añadió que la suficiencia de la fianza y la oportunidad de la ejecución son asuntos de legalidad propios de la Corte de Apelaciones, y que la disposición impugnada no resultaba decisiva para resolver el caso.

El acusado fue absuelto luego que, el Ministerio Público, no pudiera acreditar su actuar doloso y el ocultamiento del real estado financiero de una empresa para la que obtuvo un crédito más de 13 mil millones de pesos, y que tiempo después fue disuelta en sede arbitral.

Ordena mantener condiciones laborales previas. La autoridad debe compatibilizar sus facultades con los derechos de la carrera funcionaria. Tras más de seis años de servicio, la función de la recurrente ya no podía considerarse "transitoria". La rebaja de grado afectó el derecho de propiedad de la funcionaria sobre la diferencia salarial.

Resulta ilícito que el empleador exija certificado o examen para dichos fines.

Esto permite que las cotizaciones de los trabajadores afiliados a FONASA no se descuenten del subsidio que recibe el trabajador.

En estos casos, los delincuentes, a través de esta vía, solicitan información y luego envían un link de confirmación a la persona para posterior bloquear y tomar control de dicha aplicación.

Establece que alta domiciliaria es ilegal y arbitraria, y pone en riesgo la vida del paciente.

La Magistratura rechazó por empate un requerimiento que cuestionó la constitucionalidad de normas que limitan el recurso de apelación en procesos de cobranza previsional. Mientras un grupo de ministros sostuvo que dichas restricciones no vulneran el derecho al debido proceso, otros sí consideraron que la exclusión del recurso afecta garantías constitucionales fundamentales como el derecho al recurso y a la tutela judicial efectiva.

El máximo Tribunal confirmó el fallo que acogió el recurso de protección contra el Banco del Estado por el cierre y bloqueo injustificado de las cuentas de una usuaria, que le impidió acceder a sus fondos durante más de tres años. La actuación bancaria vulneró el derecho de propiedad y el debido proceso, especialmente considerando un fallo previo que sancionó al banco por suspender arbitrariamente operaciones en la Cuenta RUT.

El máximo Tribunal anuló el fallo que rechazó una demanda de cobro basada en facturas electrónicas, tras establecer que su aceptación tácita por falta de reclamo dentro del plazo legal permite acreditar la obligación y desplaza la carga de probar el pago a la parte demandada.

En un fallo dividido, la Magistratura rechazó el requerimiento que cuestionó la restricción del recurso de casación en la forma en juicios tributarios iniciados antes de la vigencia de la Ley N° 21.210, argumentando que estas limitaciones respetan las garantías del debido proceso y no generan discriminación arbitraria. Sin embargo, la disidencia consideró que, en casos concretos, la restricción puede afectar derechos fundamentales como la tutela judicial efectiva y el derecho a un procedimiento justo.