Acciones de Amparo y Protección

En su libelo, denunció que su remoción se basó en la doctrina de la “exclusiva confianza”, sin respaldo legal para el cargo que ostentaba, contraviniendo la jurisprudencia de la Corte Suprema que establece que dicha calidad solo puede ser conferida por ley.

En su libelo, denunció que la formulación del segundo cargo se llevó a cabo varios meses después del inicio del sumario, cuando el término probatorio ya había concluido, impidiéndole realizar descargos al respecto. Alega vulnerado su derecho al debido proceso, a la igualdad ante la ley y a su legítima defensa.

El máximo Tribunal revocó la sentencia apelada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que rechazó la acción constitucional de amparo.

Con todo, se debe citar a las partes para discutir la excepción de salud que alega el alimentante.

Toda resolución administrativa debe estar debidamente motivada para no constituir un acto arbitrario que vulnere los derechos fundamentales. La falta de fundamentación convierte dicha resolución en un acto ilegal y arbitrario, atentando contra los principios de justicia y equidad.

La Corte Suprema resolvió que la omisión denunciada conculca la garantía de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad del recurrente, al no encontrar fundamento para negar el pago íntegro de la asignación de zona sobre la especial de grado efectivo por el período en que el funcionario prestó servicios, respaldado por pronunciamientos anteriores.

La discusión acerca de las medidas cautelares respecto al adolescente se produjo ya en la sede especializada que indica la ley, refiere el voto en contra.

El Registro Nacional de Conductores es una base de datos autorizada por la ley, que persigue fines distintos al Registro de Condenas, en tanto no sólo persigue reunir la información para asegurar el cumplimiento de las sanciones penales, sino que además tiene por objeto mantener información con fines de proporcionar seguridad en la circulación vial.

La Ley N° 21.325, de Migración y Extranjería, publicada el 20 de abril de 2021, permite a los extranjeros que ingresaron al país antes del 18 de marzo de 2020 y que se encuentran en situación migratoria irregular, solicitar un visado de residencia temporal sin sanciones, siempre que no cuenten con antecedentes penales. La Resolución Exenta N° 1769 complementa esta normativa al especificar que la ausencia de antecedentes penales, tanto en el país de origen como en Chile, es un requisito indispensable para acceder al proceso de regularización establecido en la ley.

El residente denunció que las recurridas han permitido estas obras sin considerar las afectaciones directas a su derecho de propiedad.

No obstante tratarse de un procedimiento administrativo, en éste se encuentra plenamente vigente el principio de legalidad penal, el que abarca la ejecución de las penas y medidas de seguridad por lo que se debe aplicar la ley vigente al momento de la comisión de los ilícitos.

INDH adhirió a la acción interpuesta por la madre de un estudiante de un liceo municipal de Lautaro e instruyó al establecimiento a adoptar en un plazo de 30 días las medidas para subsanar la situación.

La Corte resolvió que la legislación establece procedimientos específicos para que la judicatura reconozca el derecho que pueda invocar la recurrida, pero mientras estos no sean ejercidos ni se haya dispuesto lo pertinente por los órganos jurisdiccionales competentes, no es lícito que recurra a vías de hecho para resolver disputas, alterando así el statu quo previo a dicha actuación.

Resolvió que el recurso perdió oportunidad, puesto que la recurrida informó que el servicio fue restablecido a todos los usuarios en cuyo favor se dedujo el libelo.

En su libelo la actora denunció que el actuar de la recurrida infringió el principio de legalidad y el deber del arrendador de asegurar el goce pacífico del inmueble, contemplado en el Código Civil.

En su libelo señalan que los derechos fundamentales de los residentes, como el derecho a la integridad psíquica y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, se ven afectados por esta situación, requiriendo en forma urgente una solución efectiva.

La forma de aplicar un reproche que sea proporcional a los hechos y, a la vez, asegurar el derecho del alumno a la continuidad del proceso educativo, se logra por la vía de aclarar que la sanción a la cual éste queda sometido es la cancelación de su matrícula para el año escolar 2025.

La Corte resolvió que, si bien se reconoció la existencia de un contrato previo al acto impugnado, no existe constancia de una comunicación que ponga fin a dicha convención ni acuerdo alguno sobre la modificación del acceso a las dependencias, por lo cual la actuación del sindicato constituye una acción de autotutela proscrita en el ordenamiento jurídico y que vulnera el derecho de la recurrente al goce del local comercial arrendado.

La Ley N°19.925 establece que los supermercados con patente de alcoholes deben contar con una superficie mínima de 100 metros cuadrados de sala de venta, al menos 2 cajas pagadoras y que el área destinada a bebidas alcohólicas no puede superar el 10% del espacio dedicado a la venta de comestibles y abarrotes.

El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario y discriminatorio del servicio recurrido, al vulnerar el principio de igualdad ante la ley de la funcionaria.

El marco regulatorio de la asignación de responsabilidad, conforme a la Ley N°19.964, establece que dicha asignación es una remuneración transitoria destinada a los profesionales que desempeñan funciones de dirección, coordinación, supervisión o mando en unidades de salud, requiriendo la participación en concursos internos y limitando su duración a cinco años, con la posibilidad de pérdida ante incumplimientos o medidas disciplinarias.

En su libelo piden que se ordene al municipio abstenerse de realizar acciones que perturben la tranquilidad de las familias, argumentando que cualquier desalojo debe llevarse a cabo de acuerdo con la ley, mediante orden judicial y con la intervención de la fuerza pública, y no a través de funcionarios municipales actuando de manera arbitraria.

Concluyó que no hubo ilegalidad en la denegación de la visa, ya que el solicitante, siendo mayor de edad, no cumple con una causal de dependencia y debió acreditar su propia solvencia económica para obtener la visa de residente temporario.

Contraviene la obligación que pesa sobre los órganos de la administración del Estado, de exponer los fundamentos de hecho y de derecho de sus decisiones, al tenor de lo prevenido por los artículos 11 inciso 2º y 41, de la Ley N°19.880, afectando de esta manera la garantía constitucional del artículo 19 N°2 de la Constitución.

De modo alguno las garantías de libertad personal y/o seguridad individual del recurrente han podido ser amagadas por el acto que el presente arbitrio reprocha.

Debe computarse todo tiempo en que el amparado estuvo sujeto a medida cautelar y que no se encuentre imputado en su sentencia.

Además, las denuncias de los recurrentes están siendo conocidas por los organismos técnicos competentes pendientes de resolución, por lo que este arbitrio constitucional no es la vía adecuada para resolver tales cuestiones.

Aquella persona de quien se teme pueda encontrarse en la situación del artículo 10 N°1 del Código Penal debe cumplir las medidas decretadas a su respecto en un lugar especialmente destinado al efecto, lo que no se verifica en la especie.

Impedir que condenada sea ingresada al CET semiabierto por mantener vigente una expulsión administrativa y no contar con cedula de identidad no sólo vulnera el principio de legalidad, sino también el principio de no discriminación en razón del origen nacional, refiere el voto en contra.

En su libelo alega que la recurrida procedió a cortar el suministro de agua sin aviso previo ni fundamento legal, vulnerando sus garantías constitucionales.