Asuntos de Interés Público

Se trata de un proceso único e indivisible y no es posible separar los elementos que lo constituyen y, a partir de ello, determinar que una parte del mismo se ha extinguido y que la otra.

Ellas responden a la ejecución de una política pública de orden sanitario.

El cumplimiento de toda obligación de medios requiere el despliegue de una actividad orientada hacia un fin. Lo que puede estar ausente es el resultado pretendido, pero en ningún caso la conducta o acción encaminada a obtenerlo.

El Tribunal acogió parcialmente la demanda deducida, tras establecer la responsabilidad de la empresa por el actuar ilegal de los vigilantes subcontratados.

El máximo Tribunal estableció que el centro asistencial no otorgó el tratamiento oportuno a la emergencia, que derivó en la pérdida de testículo del paciente.

El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario de la intendencia recurrida, al dictaminar la expulsión de los amparados, tras desistirse de la denuncia por ingreso ilegal al país que había presentado ante el Ministerio Público.

El máximo Tribunal rechazó la excepción de falta de legitimación pasiva presentada por el empleador.

En la sentencia, el Tribunal refrendó la resolución de juzgado de policía local que estableció el actuar arbitrario del comité de administración de la comunidad demandada.

Carece de razonabilidad seguir adelante con la ejecución de un deudor de quien se tiene información que no posee injerencia con las maniobras dolosas ejecutadas por terceros.

Deriva a la Primera Sala, "a partir del 1 de junio del año en curso y para el régimen de funcionamiento imperante, esto es, el extraordinario, el conocimiento de los recursos ordinarios y extraordinarios en materia civil y comercial que recaigan en procedimientos sumarios regulados en el Código de Procedimiento Civil, los contemplados en el DL 2695 y en las leyes de arrendamiento de predios urbanos y rústicos, con excepción de los asuntos cuyo conocimiento corresponda a la Tercera o a la Cuarta Sala".

El auto despido es una figura no contemplada para poner término a los servicios del docente. Esa decisión se asimila a una renuncia.

El pronunciamiento de la Corte de Santiago se produjo luego que un grupo de ciudadanos colombianos interpusiera un recurso de amparo contra el Ministerio de Relaciones Exteriores y quienes resulten responsables.

El proceder arbitrario e ilegal que denuncian vulneraría el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, el derecho de propiedad y el derecho de igualdad ante la ley.

Se vulnera el derecho de ser juzgado en un plazo razonable por lo que se debe privar de todo efecto jurídico a lo obrado en la causa y en el expediente administrativo seguido ante la Tesorería Provincial.

La norma establece que en un estado de excepción se podrá dar tratamiento de datos sensibles a aquellas informaciones relativas al diagnóstico de la enfermedad que dio origen a la pandemia o epidemia, por razones de salud pública.

La pretensión de dejar sin efecto la inscripción especial de herencia existente a favor de su hermano, así como la inscripción de dominio que beneficia a las demandadas, no solo es pertinente sino necesaria, pues apunta a modificar inscripciones conservatorias que desconocen el derecho de cuota de la actora.

El Tribunal de alzada acogió parcialmente el recurso deducido.

La norma establece que las entidades bancarias están obligadas a responder por fraudes con distintos medios de pago, tema por el cual antes, se cobraba un seguro a los clientes.

El legislador estableció un plazo de 60 días contados desde que se produce la vulneración para la interposición de la acción respectiva por lo que corresponde acoger la excepción de caducidad.

El error de llenado de la documentación no altera la conclusión anterior que se torna irrelevante si carece de la entidad suficiente para desvirtuar el hecho central que la mercancía procede de una de las partes contratantes.

No se aprecia que exista un elemento de juicio complementario de contraste para disipar, frente a la paciente y terceros interesados, cualquier duda, en especial, sometiéndola a evaluaciones médicas accesorias.

Comprende también el trabajo en terreno, el contacto directo con todos y cada uno de los trabajadores, velando por los intereses de sus asociados y del bien jurídico colectivo de la libertad de sindicalización.

El máximo Tribunal declaró inadmisible el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago que ordenó el pago solidario por concepto de daño moral y lucro cesante al trabajador.

Si la privación temporal de la libertad resulta injustificada, como en este caso en que el afectado por la prisión preventiva fue absuelto, no puede exigírsele que simplemente se conforme con esa injusticia que derivó de un exceso en el ejercicio del ius puniendi del Estado.

Con ella el empleador ejerce su poder disciplinario pero tal facultad debe ser proporcional.

Reclamante deduce nulidad de todo lo obrado por falta de emplazamiento, en atención a que no tuvo acceso al ejercicio constitucional de defensa al no ser debidamente notificado del proceso.

La sentencia descarta que se hubiere vulnerado el derecho a la honra, porque la llamada a Carabineros por el jefe de logística de la empresa demandada se produjo en el contexto en que el demandante agredió a otro trabajador causándole lesiones; y además, porque el procedimiento llevado a cabo por Carabineros, que incluyó la detención del demandante, se rige por su propia normativa, y no es imputable de modo alguno al empleador.

La apreciación del tribunal de que sería más conveniente para la niña quedar bajo la tutela de la abuela, por la seguridad y contención que le ofrecería, así como por la continuidad que implica en su vida diaria, quebrantándose la regla de atribución de cuidado personal del artículo 226 del Código Civil.

Su desvinculación opera de pleno derecho como lo prevé el Estatuto Docente.

Aquella organización representa ante los consumidores la calidad de "proveedor". Lo contrario permitiría que aquel se aprovechase de la buena fe o de su propia negligencia, al utilizar como excusa para eludir su responsabilidad legal, la circunstancia de carecer de personalidad jurídica.