Contraloría

La normativa sobre la materia no contempla la posibilidad de incluir a los nietos del causante en representación de algún hijo fallecido para efectos de presentar esta solicitud.

Entender lo contrario significaría desconocer el derecho al descanso reparatorio a servidores que, en los hechos, desempeñaron las mismas funciones de fiscalización en la contención de la pandemia que el personal de las SEREMI de Salud.

No obstante, si la Comisión de Salud institucional concluye que la salud del funcionario es apta para que continúe en servicio, el Director General de la PDI, si así lo estima, podrá declarar la salud incompatible de ese servidor, no obstante que la COMPIN haya antes opinado que su salud es irrecuperable.

El contexto de campaña electoral en que pueden cometerse las infracciones, la naturaleza de proselitismo político de estas, así como la natural afinidad política que puede darse entre la autoridad infractora y su superior jerárquico, justifican que el legislador haya resuelto que sea un organismo independiente y especializado el encargado de fiscalizar y sancionar tales faltas.

Los servicios deben privilegiar investigar y hacer efectivas las eventuales responsabilidades administrativas por sobre una pronta tramitación de una renuncia, cuando existan indicios o sospechas de haberse incurrido en infracciones al principio de probidad.

Consta que la servidora integró la comisión evaluadora de las ofertas que se presentaron para la constitución de la Fundación, no obstante, algunos meses antes se había desempeñado en una de las empresas seleccionadas en ella.

Con la reinterpretación efectuada por el Contralor General de la República a través del dictamen E377735/2023, de 7 de agosto de 2023, se faculta a la Administración para tramitar el pago de mayores gastos generales una vez vencido cada modificatorio, sin la obligación de esperar hasta la conclusión íntegra del proyecto de obra pública.

Existiendo una licitación que sustente la tercerización del servicio, no se advierten reparos en su ejecución.

El Consejo Directivo de esa entidad cuenta con la facultad de determinar, a través de un reglamento orgánico, los cargos directivos que serán seleccionados por alta dirección pública y los cargos de exclusiva confianza.

No obstante, la empresa pública debe tener en consideración preceptos relativos a la probidad administrativa y resguardo del patrimonio público que le son aplicables (arts. 6, 7 y 8 de la Constitución, y Ley 18.575).

El artículo 48 de la Ley 20.255 traspasó a la Superintendencia de Pensiones la facultad que tenía la SUSESO de pronunciarse respecto de los beneficios que otorgan las Leyes N°s 19.123, 19,234, 19.582 y 19.992

Dicha autorización debe ser concedida por un período que no exceda el período presidencial -salvo que una ley de quórum calificado lo autorice- y que debe relacionarse con el financiamiento de proyectos específicos.

El pronunciamiento recuerda las normas que aplican a los conflictos de interés entre funcionarios públicos y personas o empresas proveedoras del Estado, las inhabilidades para contratar, la Gestión de Contratos y los manuales de procedimiento.

Si los fiscalizadores realizan visitas domiciliarias o labores inspectivas en el desempeño de su cargo, para lo cual incurren en gastos de traslado, corresponde que se mantenga el pago de la asignación de movilización.

El artículo 53 del Reglamento de Sumarios Administrativos e Investigaciones Sumarias de la PDI se encuentra derogado tácitamente desde la entrada en vigencia del artículo 142 bis del estatuto del personal policial.

Con el objeto de que puedan ser consultados por todas las personas que tengan interés en ello.

Asimismo, deberá adoptar las medidas pertinentes para disponer el pago de las remuneraciones que ha dejado de percibir durante el tiempo en que se ha visto indebidamente alejada de la institución.

En la resolución se resalta que la entidad fiscalizadora requiere de más personal para abordar las diversas aristas de la cual es responsable, especialmente, frente un Estado que ha crecido en su tamaño en los últimos años.

Al tratarse de un beneficio concedido voluntariamente, radica en la Municipalidad la atribución de establecer las finalidades del mismo, así como los requisitos y condiciones de su otorgamiento.

El organismo no está facultado para intervenir ni informar sobre asuntos que por su naturaleza sean propiamente de carácter litigioso, o que estén sometidos al conocimiento de los Tribunales de Justicia o que hayan sido fallados por estos.

Las bases que rigieron la licitación reclamada establecieron una forma de evaluación distinta según si los proveedores contaban con los bienes en plaza o debían importarlos.

Ley N° 21.353 solo consideró medidas tributarias para apoyar a este grupo de empresas.

Es de conocimiento público que el programa recae en un territorio afectado por hechos de grave alteración del orden público, por ende, todos los funcionarios del INDH que tomen conocimiento de la identidad de quienes accedieron a ser entrevistados deben guardar reserva de tales identidades.

Esta facultad se mantiene aun cuando los beneficiarios de la Beca la mantengan documentada por medio de un pagaré y no hayan reemplazado dicha obligación por un convenio.

El servicio deberá reincorporarla por al menos el tiempo que resta del beneficio maternal y pagarle los honorarios que dejó de percibir por el tiempo que estuvo indebidamente alejada de su trabajo.

Se debe notificar dicho acto administrativo una vez que ha sido totalmente tramitado e ingresado a la oficina de partes del MOP, de la Dirección General o Dirección respectiva. No obstante, precisa el Contralor que es factible aplicar el Oficio N°202/22 de la Dirección General de Obras Públicas, para informar al adjudicado que la resolución de adjudicación se encuentra en proceso de tramitación.

La divulgación desincentiva el rol que le corresponde a todo ciudadano en la labor coadyuvante de dicha función. Los datos de los denunciantes anónimos se encuentra protegidos por la causal de reserva del artículo 21, N°1, de la Ley 20.285.

Lo anterior, no impide que los Servicios Sanitarios Rurales que carezcan de derechos de aprovechamiento puedan solicitar autorización con cargo al decreto de escasez, por un caudal determinado, para extraer recurso hídrico para fines de consumo humano o saneamiento.

Al tratarse de una facultad discrecional de la autoridad, se debe ponderar las razones de buena administración procedentes para su ejercicio, a fin de asegurar la continuidad de los servicios.

El Tribunal de Cuentas de Segunda Instancia cometió un abuso o falta grave al atribuirle a la quejosa la calidad de cuentadante y ordenarle el pago de una suma de dinero en favor del Fisco, sin que se tuviera esa calidad.