Internacional

Para el autor, para abordar de manera eficaz los desafíos interrelacionados del trinomio prisión, discapacidad y derechos humanos, es crucial analizar la discapacidad desde la perspectiva de la discriminación.

El criterio «de asociación» aplicado con respecto a Nikita Mazepin se refiere al hecho de estar vinculado, con carácter general, por intereses comunes. Según reiterada jurisprudencia, este criterio implica la existencia de un vínculo que vaya más allá de una relación familiar, acreditado a la luz de un conjunto de indicios suficientemente concretos, precisos y concordantes.

La normativa rechaza que exista causa de exoneración cuando la circunstancia es intrínseca a la actividad del transporte aéreo, como en el caso ocurre, atendido que los accidentes ocasionados por pájaros no son infrecuentes en la navegación aérea, particularmente en las maniobras de despegue y aterrizaje. De manera que constituye un riesgo intrínseco a la actividad.

“Israel reafirma su compromiso de actuar de conformidad con sus obligaciones en virtud del derecho internacional, incluidas las prescritas por la Convención sobre el Genocidio, el derecho internacional humanitario y las reflejadas en la Orden de la Corte de 26 de enero de 2024, en medio de un conflicto armado precipitado por el ataque y las atrocidades cometidas por Hamás y grupos asociados en su territorio”.

Cuando existen motivos fundados para creer que una persona enfrenta un riesgo real de sufrir la pena capital, tortura o tratos o penas inhumanos o degradantes en el país de destino, el Estado contratante tiene la obligación de no expulsar a esa persona. En este caso, los hombres se enfrentaban a un riesgo extremadamente alto de ser condenados a muerte.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina en su momento enfatizó que la conducta de un magistrado debe ser ejemplar (Fallos 305-2:1932). Si nos centramos en la faz ética, su objeto es establecer qué es lo que corresponde exigirle al juez en orden a convertirlo en el mejor juez posible para la sociedad de ese tiempo y lugar.

A fin de aportar consideraciones jurídicas sobre derechos humanos y cambio climático frente a la solicitud de opinión consultiva presentada por Chile y Colombia.

Los tribunales nacionales no equilibraron los derechos en juego de conformidad con la jurisprudencia del TEDH. La injerencia en los derechos del actor no estaba respaldada por razones pertinentes y suficientes, y se había dado un peso desproporcionado a la reputación del político y el bufete. Por lo tanto, los tribunales nacionales excedieron su discrecionalidad (“margen de apreciación”), en violación del artículo 10 del Convenio.

Los abogados de Polanski han negado rotundamente las acusaciones y argumentan que la demanda es inconstitucional, basándose en el hecho de que se apoya en una ley que no estaba vigente en el momento de los supuestos hechos.

La configuración jurídica del concepto de culpa o negligencia por incumplimiento contractual en el ámbito del suministro eléctrico se ha apartado de la clásica configuración de la negligencia como reproche culpabilístico a una conducta concreta del deudor, convirtiéndose en una imputación derivada de una asignación de los riesgos típicos de la actividad empresarial.

La omisión de toda comunicación al artista acerca del destino del mural ha sido, en definitiva, el detonante del daño moral esgrimido por el artista, conforme surge de la manifestación plasmada en acta notarial. Tal silente proceder, que en definitiva puede ser leído como un desprecio a la obra pictórica del actor, aparece hábil para configurar esa aflicción a su honor o reputación.

El fallo estableció que resultaron violados los derechos a la vida, a las garantías judiciales y a la protección judicial, a la verdad y a la integridad personal de las 12 personas ejecutadas y sus familiares.

Se ha justificado esta medida, argumentando que el anonimato de las tarjetas SIM facilita actividades criminales como el fraude telefónico y el terrorismo, y dificulta los esfuerzos de las fuerzas del orden para rastrear e identificar a los sospechosos.

Pero más allá de la reflexión constitucional, la misma que a todas luces nos indica que la sanción impuesta por el Congreso carece de sustento jurídico y viola los principios de razonabilidad y proporcionalidad, no podemos desconocer que de un tiempo a esta parte el Congreso venía buscando -por todos los medios- remover a los integrantes de La Junta Nacional de Justicia” (JNJ).

No puede omitirse que verse involucrado en noticias de esta especie pudo haberle causado una afectación, pero lo que debe verificarse es si se trata de una conducta antijurídica por exceder el marco del derecho a la libertad de expresión del demandado, lo cual no ocurrió en el caso concreto.

La sucesión procesal es una expresión de legitimidad para obrar derivada o adquirida, porque el sucesor comparece al proceso como titular de un derecho u obligación que originariamente había pertenecido otro justiciable. La finalidad de la sucesión procesal es tutelar al justiciable de verse agravada su posición procesal a causa de la muerte de la persona o enajenación del derecho discutido.

Si bien la nueva ley ofrece protección a los proveedores de servicios de FIV, no aborda directamente la cuestión de si los embriones deben considerarse legalmente como niños o no. Esta laguna ha sido criticada, especialmente por los demócratas en la legislatura estatal.

No hay razón para aceptar la tesis defensiva de la atipicidad material del hecho porque no existía riesgo para la integridad física de la víctima. En este caso, la materialidad quedó demostrada por el informe policial y la prueba oral recabada bajo el escrutinio del sistema acusatorio, incluida la confesión judicial del acusado.

La actividad de un funcionario público en las redes sociales constituye una acción estatal según la ley § 1983 solo si el funcionario (1) posee autoridad real para hablar en nombre del Estado y (2) pretende ejercer esa autoridad cuando se comunica en redes sociales. La apariencia y función de la actividad de estas redes son relevantes en el segundo paso, pero no pueden compensar la falta de autoridad estatal en el primero.

“Aunque las prácticas de divulgación actuales generan cierta información útil sobre los riesgos relacionados con el clima, persisten deficiencias significativas en la coherencia e integridad de esta información. Por lo tanto, hemos concluido que son apropiados requisitos adicionales para garantizar que los inversores tengan acceso a información más completa y confiable”.

La imprudencia nace cuando el tratamiento médico o quirúrgico incide en comportamiento descuidados, de abandono y de omisión del cuidado exigible, atendidas las circunstancias del lugar, tiempo, personas, naturaleza de la lesión o enfermedad, que olvidando la "lex artis" conduzcan a resultados lesivos para las personas.

Las limitaciones impuestas por la autoridad desnaturalizan el ejercicio del derecho de propiedad. El a quo concluyó dogmáticamente que las ordenanzas respectivas impusieron una mera restricción administrativa, omitiendo ponderar concretamente la intensidad de las limitaciones.

No se aprecia que la disposición contenida en los comunicados que informaron sobre las opciones de devolución del monto de las entradas, por la cancelación del concierto del grupo Guns N’ Roses, constituya un contrato de consumo por adhesión o cláusulas generales de contratación toda vez que no reúne las características para tales efectos.

“Esta ley orgánica es un paso más en un camino difícil, pero a la vez valiente y reconciliador; una demostración de respeto a la ciudadanía y de que la aplicación de la legalidad es necesaria, pero, en ocasiones, no es suficiente para resolver un conflicto político sostenido en el tiempo”.

Entre otras cosas, prohíbe expresamente cualquier forma de intervención en las decisiones editoriales de los medios de comunicación. Los Estados miembros están obligados a proteger la independencia de los medios y garantizar que no haya presiones sobre periodistas y editores para que revelen sus fuentes.

Fue juzgado por el Consejo de Guerra por el delito de Auxilio a la Rebelión, por lo que fue condenado a veinte años de reclusión menor, tal y como resulta de la sentencia acompañada. En dicha resolución se justifica la condena por motivos ideológicos, y ello a pesar de que su hijo relató que su padre no tenía ideología, conteniendo el relato de hechos probados la afirmación de que “prestó servicios en distintos frentes”.

Un miembro del grupo de expertos se encontraba en situación de conflicto de intereses, lo que viciaba sustancialmente el procedimiento. La sentencia del TGUE adolece de un error de Derecho, en la medida en que la interpretación de la política relativa a los intereses contrapuestos realizada por este es incompatible con el principio de imparcialidad objetiva.

Con relación al aborto se ha producido un fenómeno insólito en muchas legislaciones, incluida la española. En apenas unas décadas ha pasado de ser considerado un delito a convertirse en un derecho, y ahora, en Francia, un derecho garantizado por la Constitución. La consideración del aborto como derecho constituye una grave injusticia y nunca puede calificarse como conforme a derecho.

En las audiencias de país de la CIDH, se discutieron diversas temáticas. Sobre Chile, se trataron los derechos de las personas sordas; respecto a Colombia, el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes indígenas y reparación de víctimas del conflicto; acerca de Cuba, derechos de quienes participan en misiones médicas y libertad de asociación; relativo a Ecuador, justicia indígena; con relación a Estados Unidos, impactos de la explotación del uranio en pueblos indígenas; en cuanto a Honduras, desalojos de comunidades indígenas, negras y campesinas.

Tratándose de un conflicto entre el derecho al honor del demandante y la libertad de información en la que dicen ampararse los demandados, y no cuestionándose la relevancia pública de los hechos sobre los que versaba la información, lo determinante para decidir si la conducta de los demandados que afectó negativamente al honor del demandante resultó amparada por el ejercicio legítimo de la libertad de información es valorar si la información fue veraz.