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Se le condenó a 15 meses de prisión, pero se suspendió condicionalmente por dos años y se le obligó a cerrar sus perfiles en redes sociales.

El actor ha acreditado la vigencia de la póliza, el incendio determinante del daño que la cubre, y el importe concreto del daño del vehículo que reclama. Es la compañía demandada la que, para eximirse del pago, debe acreditar, de forma entera y cumplida, que ha mediado dolo o culpa grave del asegurado; es decir, no ya que el incendio fuera provocado, sino que lo fuera por dolo o culpa grave del actor.

La prisión preventiva es una figura jurídica constitucional y legalmente permitida, y a nivel del Sistema Interamericano de Derechos Humanos no se la proscribe. No se está en contra de esta medida ni está bajo cuestionamiento su permanencia; lo que resulta indispensable es advertir que para que su imposición sea válida, constitucional y convencional, debe cumplir una serie de parámetros y estándares.

La información privilegiada es aquella que, de hacerse pública, podría influir de manera apreciable sobre los precios de los instrumentos financieros o de los instrumentos derivados relacionados con aquellos.

Un sistema destinado a eliminar o reducir los casos de desigualdad en la representación política, ayudaría a que las minorías nacionales participen en la elección de la legislatura en igualdad de condiciones. El sistema establecido limita su eficacia política como grupo y amenaza con reducir, en lugar de aumentar, la diversidad y la participación de las minorías en la toma de decisiones.

La forma con la que en este 2022 Colombia se apresta a ser muy pronto Estado Parte y con la que Chile adhirió al Acuerdo de Escazú en junio pasado, y el nivel de consenso con el que se aprobó en ambos Estados, plantean ahora algunas interrogantes muy válidas: en particular en los Estados en los que los detractores al Acuerdo de Escazú refirieron a la discusión enardecida en Colombia (y anteriormente en Chile), como un "argumento" para no aprobar este tratado regional.

Procede imponer una multa civil al banco, por ser especialmente reprochable su conducta en la situación particular de autos. Pues, pese a no advertirse un actuar doloso de su parte en cuanto a una intención deliberada de dañar, sí se aprecia un grave menosprecio por los derechos del actor consumidor, lo que debe ser corregido.

Al garantizar la participación de las personas con discapacidad en lo individual o colectivo –a través de organizaciones de personas con discapacidad–, este grupo puede determinar y señalar de mejor manera las medidas susceptibles de promover u obstaculizar sus derechos, lo que redunda en mejores resultados para esos procesos decisorios.

Debe indemnizar el daño moral por ataques a la dignidad humana, que no es de carácter meramente simbólico, pues debe ser acorde con el relieve de los valores e intereses en juego, por lo que debe protegerse el derecho fundamental no como teórico e ideal, sino como un derecho real y efectivo.

A pesar de los informes recibidos, el tribunal no intervino para suspender las sesiones de contacto hasta después de un largo tiempo. Durante ese periodo los niños se vieron obligados a encontrarse con su padre en un ambiente convulso que no fomentaba un entorno pacífico, a pesar de que el padre ya no estaba siguiendo su programa de rehabilitación de drogas y que el proceso penal por malos tratos estaba pendiente.

El demandado no rindió ninguna prueba que acredite la veracidad de sus afirmaciones. Profirió dichos injuriosos en contra de la actora, insertó su imagen en los registros audiovisuales e incluso la involucró en una supuesta trama de encubrimiento a políticos pederastas.

El ex marido retiró la querella, ya que el Banco le restituyó las cantidades defraudadas.

Se debe hacer teniendo en cuenta sus condiciones particulares, siendo inadmisible la utilización de espacios destinados para cumplir medidas de aislamiento para tal propósito bajo el pretexto de que su internamiento en estas locaciones busca garantizar la integridad de esta población, a menos que se configure alguna de las causales señaladas en la normativa aplicable.

En la determinación del quantum se debe valorar la intensidad del daño y no se pueden desconocer las circunstancias fácticas accesorias de la conducta dañosa. No puede soslayarse que la duración de la privación ilegítima fue de cuatro días, aspecto que debe ser tomado en cuenta al fijar la indemnización en forma prudencial.

¿Qué lecciones deja la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Argentina sobre el caso Denegri vs Google para los países de América Latina?

El carácter de manifiesta ilicitud de los contenidos habilitaba a Google y a Yahoo a obrar diligentemente, sin necesidad de que un magistrado interviniera para indicarles lo que era evidente. Es de conocimiento público que Google se condujo de la manera indicada cuando desindexó, motu proprio, un archivo con una leyenda que asociaba a la actual Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner con la comisión de un delito de robo.

Debe darse al término “órgano jurisdiccional” un sentido amplio, a fin de abarcar igualmente a las autoridades administrativas u otras autoridades, como los notarios, que tienen competencia en ciertas cuestiones en materia matrimonial. Todo acuerdo que apruebe el órgano jurisdiccional después de haber examinado su fondo de conformidad con el Derecho y los procedimientos nacionales debe ser reconocido o ejecutado como una “resolución.

El actor ha aportado indicios claros de vulneración del derecho a la libertad sindical y de discriminación indirecta por razón de sexo, ya que mientras la afiliación sindical de los futbolistas varones resulta irrelevante, a las futbolistas mujeres que compiten en Primera División Femenina se les exige estar afiliadas a AFE.

Los múltiples procesos arbitrales contemplados en el acuerdo contractual comprometerían la resolución ordenada y eficiente de la sindicatura. Si bien se reconoce la importancia de la autonomía de las partes y la libertad de contrato, la remisión a arbitraje en las circunstancias únicas del presente caso pondría en peligro la capacidad del síndico para maximizar la recuperación de la compañía, lo cual es necesario para pagar a los acreedores.

La autoridad puede escuchar cualquier reclamo presentado ante ella, incluso posibles violaciones a la ley federal. Y si adjudica incorrectamente los permisos, el demandante agraviado tiene la oportunidad de apelar directamente ante un tribunal federal de apelaciones. Si las Adoratrices hubieran participado en el proceso administrativo, la autoridad podría haber denegado o modificado las condiciones del certificado de autorización conferido a la empresa.

El reportaje neutral o información neutral exige la ausencia de indicios racionales de falsedad evidente de lo transcrito, a fin de evitar que el reportaje neutro sirva indebidamente a la divulgación de simples rumores o insidias.

No solo es el juez de la extradición, durante el trámite judicial, el que puede y debe velar por hacer efectivo el interés superior del niño, sino también cada una de las demás autoridades estatales en lo que resta del procedimiento de extradición.

La Comisión no demostró ante el TGUE que dispusiera de elementos de cierta fiabilidad y coherencia, que le hubieran permitido afirmar que únicamente existía un número limitado de observaciones de operaciones similares en el mercado que no proporcionarían una comparación significativa con el valor de referencia del precio de mercado de un préstamo similar no garantizado.

El escenario digital no altera los elementos esenciales de la conducta típica. Es más, al facilitar el intercambio de imágenes y vídeos de los actos de cosificación sexual, puede convertirse en un potentísimo instrumento de intimidación con un mayor impacto nocivo y duradero de lesión del bien jurídico. No debe perderse de vista qué las tecnologías de la información han aumentado los modos de accesibilidad a los niños por parte de personas que buscan, como único objetivo, su abuso y explotación sexual.

Pese a que la actora obtuvo una sentencia favorable, la negativa del juez de verificar la existencia de un presunto error y de corregirlo, se convirtió en una traba irrazonable para que la decisión pueda ser cumplida toda vez que, contrario a lo señalado por la judicatura, por la naturaleza del error, de existir este sí podía ser subsanado, conforme a la ley.

Las personas que presentan algún tipo de discapacidad y están alojadas en la cárcel, se encuentran en una doble situación de vulnerabilidad, que exige una garantía reforzada para asegurarles el ejercicio de sus derechos y protección de su dignidad en condiciones de igualdad.

Encontrar casi cuarenta razones autónomas para atacar una sentencia que resuelve el asunto en siete páginas, es sencillamente sorprendente.

Las consecuencias de una posible condena para el adolescente son de largo alcance, sin un propósito reeducativo, aceptándose los consejos de los servicios de reinserción social juvenil y de infancia.

Debido a la prolongada falta de ejecución de las sentencias y la falta de un recurso efectivo; la nulidad de los títulos por la falta de aplicación correcta del derecho; y el hecho de que no se asegurara que la compensación otorgada estuviera razonablemente relacionada con el valor actual de la propiedad, el mecanismo de restitución no llegó a ser integralmente efectivo ni consistente para no imponer una carga excesiva a los propietarios.

Las alegaciones de la peticionaria no resultan manifiestamente infundadas y requieren un estudio de fondo, pues los hechos alegados, de corroborarse como ciertos, podrían caracterizar violaciones a una serie de disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.