Internacional

Georgia ha hecho esfuerzos suficientes para recuperar el control del territorio. En cambio, el gobierno ruso, que ejerce un control efectivo sobre Abjasia, no ha justificado la injerencia cometida en el ejercicio por estos demandantes de sus derechos patrimoniales. Debería haber tomado medidas para proteger estos derechos, como establecer un mecanismo legal accesible y flexible. Sin embargo, no lo hizo.

Dado que en el presente asunto la Comisión se limitó en su analisis solo a considerer la responsabilidad conjunta y solidaria de la sociedad TP como miembro del consorcio, sin tener en cuenta su comportamiento individual, la decisión de la Comisión contravino la normativa aplicable al caso.

La solicitud de TikTok sigue a un fallo reciente del Tribunal de Apelaciones del Circuito de DC, que dictaminó de manera unánime que la ley es constitucional. TikTok y ByteDance aducen que dicha legislación viola derechos protegidos por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, afectando la libertad de expresión y causando graves perjuicios económicos.

Si el empleador se muestra indiferente o neutral ante los actos de violencia contra la mujer vulnera gravemente sus derechos, porque se abstiene de cumplir con su obligación de asesorarla sobre las rutas de atención con las que cuenta y normaliza la violencia en contra de ella ya que les resta importancia a sus quejas. Otra forma de proteger a las mujeres es tener en cuenta las otras categorías relevantes ante un caso, aplicando el enfoque de interseccionalidad.

El ministro de Justicia explicó que la iniciativa responde a la necesidad de mantener la cohesión social y proteger los principios democráticos y de convivencia pacífica establecidos en el orden jurídico suizo. Esta propuesta tiene como antecedente diversos incidentes registrados recientemente.

Entre las medidas sugeridas se incluye la incorporación de formación en prevención de conductas abusivas en los programas de capacitación de las Naciones Unidas, el establecimiento de mecanismos de denuncia externos e independientes de las cadenas de mando nacionales y la promoción de políticas de tolerancia cero por parte de los líderes de las misiones.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo determinó que la colocación de la bandera durante las celebraciones del Orgullo, como en el patio de la Diputación Provincial de Valladolid y el balcón principal del Ayuntamiento de Zaragoza, se alinea con los esfuerzos para promover la igualdad.

Aunque la incertidumbre en los resultados es consustancial a la práctica de la medicina (circunstancia que explica la inexistencia de un derecho a la curación) los ciudadanos deben contar frente a sus servicios públicos de la salud con la garantía de que, al menos, van a ser tratados con diligencia aplicando los medios y los instrumentos que la ciencia médica posee a disposición de las administraciones sanitarias.

Cuando en virtud de una creencia religiosa se ha dispuesto realizar un rito fúnebre y conservar los restos de la persona fallecida, la alteración de esa decisión sin tomar en cuenta a los familiares y sin agotar el procedimiento preestablecido, interfiere de manera grave en la libertad de religión y la libertad de cultos.

El actor no presentó pruebas, como informes médicos, sobre los supuestos malos tratos; tampoco aportó copias de las declaraciones que hizo en las etapas de investigación o juicio, ni cualquier otra cosa que permitiera al Tribunal examinar sus alegaciones de malos tratos. Del mismo modo, no ofreció ninguna razón para su queja sobre la falta de objetividad e imparcialidad de los tribunales.

El derecho internacional reconoce el derecho de los Estados a defender su territorio y que cualquier evaluación sobre la exportación de armas debe considerar este principio. En este contexto, se concluye que un embargo total de armas no sería jurídicamente obligatorio bajo las circunstancias actuales.

Estos pueblos, que habitan en reservas territoriales en Perú, como la Reserva Territorial Madre de Dios, se han visto impactados por diversas actividades madereras, mineras y de tala ilegal, a pesar del reconocimiento formal del Estado, reflejado en el Decreto Supremo N°001-2014-MC

El documento reúne datos, casos emblemáticos y análisis que apuntan a tres estrategias centrales para socavar la libertad de expresión en estos países: la estigmatización contra la labor de la prensa, el control social a través de las nuevas tecnologías de vigilancia y la judicialización de la libertad de expresión en temas de interés público.

Es de advertir que el código de ética regula la conducta de los abogados. El hecho que el letrado sea parte en un proceso penal, civil, laboral, administrativo o de cualquier otra índole, no constituye impedimento para la instauración de un procedimiento administrativo disciplinario respectivo, ya que la resolución que se emite en estos casos es de naturaleza ética y no jurisdiccional.

La Corte IDH ha establecido que los derechos reproductivos integran los derechos humanos. Ha indicado que el derecho a la vida privada se relaciona con: i) la autonomía reproductiva; y ii) el acceso a servicios de salud reproductiva, lo cual involucra el derecho de acceder a la tecnología médica necesaria para ejercer ese derecho.

El acuerdo extrajudicial incluye, además de un pago pecuniario de 15 millones dólares, la publicación de una nota del editor en la página de la entrevista original, con una disculpa por las declaraciones que se expresaron incorrectamente. De este modo, las partes pusieron fin al litigio.

La OSCE reitera la necesidad de que todas las partes en el conflicto respeten el derecho internacional humanitario y las normas internacionales de derechos humanos. Asimismo, enfatiza la importancia de adoptar mecanismos efectivos para investigar y sancionar las presuntas violaciones documentadas, con el fin de garantizar la rendición de cuentas conforme al derecho internacional.

Para muchos, el lazo de San Jorge ahora está vinculado a la supuesta valentía militar rusa y simboliza el sufrimiento causado por la agresión de este país. Por ende, no se encuentran motivos para cuestionar los esfuerzos del gobierno ucraniano por abordar los problemas planteados por el conflicto armado.

Se hace referencia a obligaciones establecidas en el derecho internacional, particularmente en lo que respecta a la protección de la población civil, e incluye una demanda de cumplimiento de la Resolución 2735 del Consejo de Seguridad. Esta última requiere la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza, el retorno de desplazados palestinos a sus hogares y el intercambio de prisioneros entre las partes implicadas.

La jurisprudencia constitucional ha enfatizado que los promotores, así como los ejecutores de los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables, deben actuar con debida diligencia en el trámite de certificación de procedencia de la consulta previa. El estándar de debida diligencia exige, entre otras medidas, que los promotores lleven a cabo una identificación ex ante de las comunidades étnicamente diferenciadas que pueden ser afectadas directamente en la ejecución.

Este enfoque de los tribunales nacionales podría interpretarse como una cierta indulgencia hacia el castigo de la violencia contra las mujeres, en lugar de comunicar un mensaje contundente a la sociedad de que no se tolerará la violencia doméstica. Este tipo de indulgencia también podría disuadir a las víctimas de denunciar la violencia doméstica.

La medida responde a una disputa iniciada en septiembre, cuando Mullenweg señaló que WP Engine habría hecho un uso indebido de la marca registrada WordPress, alegando además que la empresa no había realizado contribuciones financieras a la fundación que respalda el proyecto de código abierto. Como resultado de estas afirmaciones, la Fundación WordPress restringió el acceso de WP Engine a recursos clave.

Solo cuando existan obstáculos objetivos y legítimos para reinscribir el derecho de usufructo en el Registro de la Propiedad podrá considerarse que la concesión de una compensación al antiguo titular del derecho, en lugar de la referida reinscripción, restablezca al interesado en los derechos que le confiere el Derecho de la Unión. Pues bien, el hecho de que la inscripción inicial del usufructo del titular del derecho en el Registro de la Propiedad se haya efectuado de manera ilegal no constituye un obstáculo objetivo y legítimo.

La injuria laboral se puede definir como el incumplimiento de una de las partes del contrato laboral a sus deberes de prestación para con la otra, en el que tiene que haber un comportamiento contractualmente ilícito, objetivamente grave, que para ameritar el distracto tiene que ser capaz de hacer que no resulte razonablemente exigible a la parte afectada, la continuación del vínculo.

No hay duda que su discapacidad lo incapacita al punto que se ha visto obligado a depender del cuidado y apoyo de sus hermanas en su vida diaria desde la muerte de sus padres en 2015. Por ello, no se ven razones para que las autoridades nacionales hubieran enfocado principalmente su evaluación de la “vida familiar” en el hecho de que sus hermanas no habían estado involucradas en su cuidado diario antes de 2015.

En caso de que una autoridad nacional de resolución ejerza varias funciones, el Derecho de la Unión establece que, cuando ejerce la misión de resolución, la toma de decisiones de dicha autoridad debe protegerse contra cualquier influencia interna ajena a dicha función. El Tribunal concluye que, en comparación con sus otras funciones, el Derecho de la Unión exige la adopción de disposiciones estructurales para garantizar la independencia operativa de la autoridad de resolución y evitar conflictos de intereses.

La propiedad comunitaria consagrada en la Constitución Nacional no habilita bajo ningún concepto o condición, una interpretación que derive en una violación a la propiedad privada de terceros, protegida por también por la Carta Fundamental. Ninguna norma inferior a la Constitución dispone, ni podría hacerlo, que el acceso a la propiedad por parte de los pueblos indígenas se concrete mediante vías de hecho (materiales o administrativas) a extramuros de las instituciones de la República.

La restricción se fundamenta en las recomendaciones derivadas de la Revisión Cass y en un informe de la Comisión independiente sobre medicamentos de uso humano. Dichos documentos concluyen que los bloqueadores de la pubertad no presentan beneficios estadísticamente significativos en el tratamiento de la disforia de género y la salud mental.

Resolvió que el reconocimiento de una sentencia extranjera que valida un contrato de gestación subrogada y atribuye la paternidad de los nacidos a los padres de intención es contrario al orden público.

Las presuntas víctimas, tanto nacionales sirios como ciudadanos extranjeros, habrían sido sometidas a diversos métodos de tortura, incluyendo golpes con objetos contundentes, descargas eléctricas y otras formas de maltrato físico y psicológico. Asimismo, se alega que los acusados supervisaban o permitían la creación de un entorno de detención caracterizado por el uso de la violencia y el sufrimiento deliberado.