Judicial

El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario de la CMF, al denegar el pago del subsidio solicitado.

La relación circunstanciada de hechos, su valoración en el proceso según las exigencias trazadas por el legislador y el grado de contribución en esta, son elementos de reflexión en campo de la responsabilidad penal. Y ello está motivado por las implicancias de la intención en el proceso, lo que es especialmente relevante en el caso de Francisco Ignacio Mondaca o el brigadista de Conaf Franco Pinto Orellana —alias “el señor del fuego”— acusado por el mega incendio de Valparaíso.

El proyecto de ley busca potenciar la pertenencia territorial de los candidatos a dichos cargos de representación popular, por un lado, agregando un requisito adicional para optar a la candidatura de Senador y, por otro lado, que los aspirantes a las elecciones municipales tengan residencia no solo en la región, sino también en la comuna a que postulen.

El máximo Tribunal confirmó la sentencia que condenó a Sergio Heriberto Ávila Quiroga y Jorge Fernando Reyes Cortés a penas únicas de 15 años y un día de presidio, en calidad de autores de los delitos; y en igual calidad a Carlos Enrique Durán Rodríguez, Carlos del Tránsito Lazo Santibáñez, Jorge Segundo Saavedra Meza y Víctor Reinaldo Sandoval Muñoz a penas únicas 10 años y un día de presidio.

El Tribunal de alzada confirmó íntegramente la sentencia recurrida, dictada por el Primer Juzgado de Letras de San Felipe, que ordenó el pago de una indemnización total de $150.000.000 por concepto de daño moral, a las demandantes.

En su discurso inicial, el ministro Silva Cancino explicó el término “Gobierno Abierto”, que comienza a utilizarse en los años 70, por los académicos Richard Chapman y Michael Hunt. “Este concepto se refiere a diversas cuestiones relacionadas con el ‘secreto’ de gobierno e iniciativas para ’abrir las ventanas’ del sector público hacia el escrutinio ciudadano”, indicó.

El letrado no asistió a una audiencia de coordinación de juicio oral, justificándose de forma posterior. No obstante, y pese a que el acusado manifestó en reiteradas ocasiones que deseaba volver a ser representado por su abogado de confianza, el tribunal no autorizó el patrocinio y designó de oficio al defensor penal público, infringiendo con ello el debido proceso.

El acusado fue observado por personal de Carabineros mientras vendía papelillos con estupefacientes afuera de su domicilio, indicio habilitante que permitió a los funcionarios el registro del inmueble, levantando evidencia incriminatoria contra el recurrente, que se dedicaba al comercio de pequeñas cantidades de droga.

Del desarrollo del recurso queda de manifiesto que lo que en realidad se cuestiona es la valoración que de la prueba allegada al juicio efectuó el tribunal, lo que no es constitutivo de la causal en comento, sino más bien de un recurso de apelación que se encuentra proscrito, por lo que no se puede anular la sentencia absolutoria por el delito de abuso sexual.

Dado que la apreciación y determinación de los antecedentes o elementos que deben ser considerados para asignar un grado a una contrata -importancia de la función, capacidad, calificación o idoneidad personal para el cargo-, quedan sujetos a una ponderación discrecional de la autoridad o jefatura facultada para efectuar el nombramiento, el control de dicha decisión administrativa se vuelve sumamente compleja, abriendo espacios para la ilegalidad y la arbitrariedad.

El Tribunal de alzada descartó error en la sentencia impugnada, dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que condenó a la recurrente al pago de la suma de $10.000.000 por concepto de daño moral, a la trabajadora.

Cabe recordar que diputados de Chile Vamos impulsaron la solicitud de remoción de la directora de Instituto Nacional de Derechos Humanos, Consuelo Contreras, y el consejero Francisco Ugás.

El Consejo para la Transparencia negó la entrega de información sobre el seguimiento ambiental de la central termoeléctrica Guacolda. Si el órgano estatal no tiene los antecedentes pedidos y se han agotado las pesquisas de búsqueda, aparece de toda razonabilidad que no puedan ser entregados.

Ex conviviente con hija común, tiene título que justifica ocupación. Cesión de derechos es título que justifica ocupación. Nuera de dueña de inmueble tiene título que justifica su ocupación. Ejercicio de cuidado personal de hijo común es título que justifica la ocupación. Contrato en que se autoriza la construcción y explotación de parte de bien inmueble es título que justifica su ocupación son algunos criterios jurisprudenciales que a continuación se desarrollan.

El máximo Tribunal desestimó la procedencia del recurso al estar dirigido en contra hechos establecidos por los jueces del fondo.

La diferencia entre “tenencia” y “posesión” es significativa en el contexto penal, ya que implica un grado de control y dominio distinto sobre las sustancias. La utilización de estos términos en la sentencia genera una ambigüedad que afecta la claridad y precisión de la fundamentación, y es esencial para determinar la imputación correcta y la consecuente responsabilidad penal del acusado.

Vínculo de parentesco no es título que justifique ocupación. Nuera de dueña de inmueble tiene título que justifica su ocupación. Pareja de padre de actora e hijos de ellos tienen título que justifica ocupación, son algunos criterios jurisprudenciales que a continuación se desarrollan.

El requerido fue condenado por el homicidio de un empresario ligado al peronismo, y durante el proceso acusó una “persecución política del Kirchnerismo”, al militar en un partido político opositor a dicho movimiento. No obstante, fue atrapado en Chile al intentar estafar a unos particulares en Iquique.

El actor fue destinado a un cargo de inferior jerarquía y responsabilidad, por lo que la rebaja del grado 5° al 12° no es arbitraria, ya que obedece a la subsecuente disminución de carga laboral del recurrente.

El mensaje releva la necesidad de evitar el deterioro de la confianza en las instituciones y enfrentar la corrupción, y que uno de los retos de la función pública es prevenir los conflictos de intereses, en particular, respecto del ámbito del post empleo.

El acusado intentó asilarse a la minorante del artículo 11 N°9 del Código Punitivo, en circunstancias que el esclarecimiento de los hechos quedó asentado mediante la información recabada por agentes encubiertos, por lo que el máximo Tribunal no puede revisar nuevamente la investigación para dar lugar a la tesis de la defensa.

Una de las deportistas que integran la Federación impugnó el instructivo que añadía nuevos requisitos para el cupo femenino en los JJ.OO. La actora alegó que cumple el ranking para clasificar, pero la recurrida exige, además, ganar otras competencias cercanas en tiempo a la cita olímpica. No obstante, el máximo Tribunal sostuvo que la Federación posee la autonomía para exigir nuevos requisitos técnicos a los deportistas que pretendan representar al país, por tratarse de un proceso de clasificación deportiva en curso.

Por suspender partido que se disputaría en el Estadio Fiscal de Punta Arenas, el domingo 30 de junio recién pasado, entre el club de fútbol recurrente y la escuadra de Huachipato, por “condiciones climáticas adversas, y dar por ganador al club visitante.

Calidad de ex cónyuge es título que justifica ocupación. Ex cónyuge e hijos tienen título que justifica ocupación en precario por relación familiar. Calidad de ex cónyuge de representante legal de sociedad es título que justifica la ocupación, son algunos criterios jurisprudenciales que a continuación se desarrollan.

La propuesta concordada el 1 de julio pasado por el Pleno del máximo tribunal considera la separación de las funciones jurisdiccionales de las que no lo son y la creación de un órgano autónomo y descentralizado para los nombramientos.

El afectado pretendía eliminar una publicación considerada como una “funa” del motor de búsqueda de Google, no obstante, el máximo Tribunal estimó que -dado el contexto y época de los comentarios-, el uso de la palabra “acosador”, sin describir una acción concreta supuestamente desplegada por el recurrente, constituye solo una mera opinión respecto de la persona del actor.

El tribunal aplicó, además, a Tiare Vergara Torres la accesoria legal de suspensión para cargos y oficios públicos mientras dure la condena.

En contra de la solicitud de marca se opuso el “Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano”, que alegó vulneración a la denominación de origen de dicho producto lácteo. No obstante, la magistratura desestimó la marca por inducir al error, sin hacerse cargo la protección acusada por los reclamantes.

Resulta contrario a las reglas de la sana crítica, y deviene en una decisión arbitraria, no haber considerado el texto de los whatsapp aportados como prueba por la denunciante, en aquella parte que dan cuenta de insultos directos por parte del denunciado.

El proyecto de ley busca establecer un marco jurídico que garantice el derecho a un juicio justo y un proceso adecuado para los militares, en línea con los principios del debido proceso y los derechos humanos, en lo que se logra avanzar en una buena medida.