Judicial

La magistratura estimó que el delito sancionado vulnera bienes jurídicos de carácter público, por lo que el reclamante no puede asilarse en el principio de unidad familiar para revertir el castigo.

El máximo Tribunal sostuvo que ambas resoluciones obedecen a estadios procesales y estándares de convicción diferentes, por lo que ambas decisiones contrapuestas pueden ser perfectamente válidas y jurídicamente correctas.

Es de sobremanera conocido por el defensor que bastaba con solicitar la declaración judicial de su representado o formular las reclamaciones pertinentes ante el Ministerio Público frente a la supuesta arbitrariedad que cometía el fiscal a cargo de la causa, de hacer oídos sordos a sus solicitudes.

Asimismo, el máximo tribunal estimó que la cláusula de aceleración redactada en términos facultativos no permite el fraccionamiento del cobro en las cuotas no vencidas, pues el acreedor manifiesta su voluntad de acelerar el cobro de todo lo adeudado al momento de presentar la demanda.

La magistratura estimó que al estar formalizada una investigación en contra de los recurridos, y decretada en su contra la medida cautelar de desalojo, no puede prosperar la acción cautelar que persiga el mismo resultado, pues el litigio ya está en conocimiento de la justicia y se han decretado medidas tendientes a la protección de los derechos de la recurrente.

La falta de singularización de la cosa reclamada no puede esgrimirse como argumento para rechazar un precario, ni aún como una presunta vulneración de las reglas de la comunidad hereditaria, debido a que la demandada debió acreditar que la tenencia del inmueble es un hecho meramente permitido o ignorado por el dueño de la propiedad, lo que no ocurrió en la especie.

El letrado impugnó el monto decretado por la magistratura por concepto de honorarios adeudados por su cliente, acusando que la cifra concedida solo cubre el ítem “a todo evento”, en circunstancias que se acordó un pago mayor por las gestiones judiciales encargadas, argumento que no pudo ser acreditado por el profesional en estrados.

Los servicios prestados por la actora no coinciden con el marco regulatorio de la contratación a honorarios, y que, por el contrario, se ajustan al propio de un vínculo laboral, teniendo en consideración que, en la faz de la realidad, las labores desempeñadas no se avienen a un cometido específico, dada su extensión temporal, su amplitud.

La magistratura advirtió que el recurrente no posee un derecho de carácter indubitado respecto de la expectativa permanecer en cargo de suplente Técnico grado 9º, debido a que la naturaleza misma del cargo no es definitiva, y además, porque el actor es investigado por una presunta manipulación del concurso público en que ganó dicho puesto.

El municipio clausuró un inmueble luego de sorprender la extracción de áridos desde el lecho del río Elqui, no obstante, en dicho predio se ubicaba la bodega de una empresa de maquinaria minera, que vio entorpecido su derecho a desarrollar una actividad económica lícita, pese a que el recurrido no extrae áridos.

Deberíamos plantear el conflicto entre el interés inmediato prima facie de Pietro de proteger su propiedad, frente a su deber mediato prima facie de vivir en una sociedad que reconozca el valor de la vida de todos. En este caso no encontramos efectos relevantes en la esfera de luz pública y, dado que se trata de una cabaña desocupada y no aparecen en juego otros intereses de la esfera familiar e íntima de Pietro, podemos ubicarnos en una esfera en la que son aplicables los criterios de valoración propios de la esfera social.

La dueña del inmueble dedujo acción reivindicatoria para recuperar parte de la propiedad ocupada, la que fue acogida por la magistratura al verificar la privación del dominio. Asimismo, el máximo Tribunal indicó que la demandada no puede desconocer los hechos asentados en el juicio, para invocar nuevos hechos en su recurso de nulidad sustancial.

El máximo Tribunal sostuvo que la casa de estudios no puede condicionar la entrega del título a una deuda arancelaria, en circunstancias que la actora completó satisfactoriamente todo el plan de estudios.

El máximo Tribunal estimó que, las sustancias trasladadas por riles de agua lluvia y servidas no constituían “residuos peligrosos” en el sentido que lo entiende el artículo 44 de la Ley Nº20.290, por ende, falta el objeto material del tipo panal que sanciona tal acto.

En la audiencia de formalización, el magistrado Juan Pablo Gómez Heredia ordenó el ingreso de Agusto Pérez al Centro de Detención Preventiva de Calama, por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, fijó en 90 días el plazo de investigación.

La iniciativa tiene por objeto incrementar la recaudación fiscal, relevar la gravedad de la comisión de delitos tributarios, fortalecer la Defensoría del Contribuyente y fortalecer institucionalmente a los diferentes servicios que componen la administración tributaria.

Los oficiales superiores del cabo lo castigaron dos veces por el mismo hecho, primero, al imponer la sanción de “presentaciones” ante la jefatura, y luego, al disponer el arresto militar del actor, por ser sorprendido -presuntamente- bebiendo alcohol al interior del cuartel, hecho que en todo momento la oficialidad fundó en el testimonio de “5 testigos contestes”, negando al actor el derecho a controvertir en una investigación sumaria.

El máximo Tribunal reparó en que el título invocado por el demandante no justifica el dominio que pretende, respecto de un bien que nunca ha poseído materialmente, y respecto del cual, el demandando mantiene una inscripción vigente y la posesión tranquila del inmueble por más de 25 años.

El máximo Tribunal estimó que debido a la naturaleza de las acciones perseguidas por la reclamación, el plazo para deducirla debe excluir del cómputo al día sábado, en atención a las reglas de la Ley Nº19.880, pues los plazos judiciales comenzarán a aplicarse a la tramitación una vez que el reclamo esté siendo conocido ante la magistratura y no antes.

El causante sólo alcanzó a cotizar una vez en una AFP antes de su repentino fallecimiento, y pese a que cumplía con el requisito de retirarse de la policía uniformada sin derecho a pensión, no cumplió con las 12 cotizaciones continuas que exige la Ley Nº18.458 para otorgar el bono de reconocimiento pretendido por sus herederos.

El afectado por actos de vulneración debe ejercer el derecho a reclamar por la conducta del empleador y tal gestión no puede ser otra que la de interponer la correspondiente denuncia.

El recurrente acuso la sustracción de una suma de dinero desde su cuenta corriente, mediante la obtención fraudulenta de sus claves bancarias, por lo que pretendía que el Banco se hiciera responsable por la poca seguridad en el resguardo de los fondos, no obstante, la entidad bancaria acreditó mediante el registro de cámaras de un cajero automático, que el propio actor fue quien realizó personalmente uno de los giros acusados como fraudulentos.

El recurrente acusó a su vecina -una empresa de áridos- de construir una reja divisoria entre ambos predios, “usurpando” una franja del inmueble del actor para levantar la obra, hecho que fue desmentido por la recurrida, que acusa construir la reja dentro de su terreno. La magistratura sostuvo que tal conflicto debe ser resuelto por la justicia ordinaria, ya que escapa a los límites de la acción cautelar.

La Ley Nº20.886 sobre tramitación electrónica derogó el antiguo artículo 200 del Código de Procedimiento Civil, que establecía un plazo de 5 días para “comparecer” ante el tribunal superior luego de interpuesto el recurso. Sin embargo, dicha disposición se mantiene para la apelación de las resoluciones de los jueces árbitro, pues esta magistratura no se encuentra mencionada en el artículo 5º del Código Orgánico de Tribunales, por ende, la obligación de comparecer se aplica a ella.

La magistratura rechazó la acción cautelar interpuesta por la profesional, al confirmar que el término anticipado de su contrata obedeció a falta de conocimiento en medicina interna y cuidado de pacientes críticos, así como al mal uso de una licencia médica. De igual forma, los jueces estimaron que la médico no puede ampararse en la confianza legítima, debido a que sus servicios fueron desarrollados por un plazo inferior a 5 años.

Los recurrentes acusaron a la Municipalidad de Chillán de no otorgarles el permiso para el comercio ambulante, sin embargo, el municipio sostuvo que ha otorgado más de cien permisos de ese tipo, y ninguno de los actores aparece registrado como solicitante, por lo que es imposible otorgar permisos si aquellos nunca fueron ingresados.

El letrado acusó un “monopolio” de las revalidaciones por parte de la casa de Bello, y que, desde que decidió iniciar un movimiento para hacer cumplir el artículo 143 de la Ley de Migraciones -que permite a todas las universidades del país revalidar títulos de profesionales foráneos-, las autoridades universitarias lo han discriminado arbitrariamente al negar sin fundamentos la posibilidad de ingresar por segunda vez al proceso de homologación.

El Tribunal de alzada estableció que concurren los requisitos para solicitar la extradición del ciudadano chileno que se encuentra actualmente detenido en Roma.

El Tribunal de alzada descartó ilegalidad en las resoluciones impugnadas, que excluyeron a las reclamantes del listado de empresas estratégicas al contar con servicios mínimos y equipos de emergencia calificados para hacer frente a eventuales paralizaciones de trabajadores.

El Servicio no tuvo en consideración el reconocimiento presunto que el padre de los recurrentes hizo al momento de otorgarles su apellido, por lo que no puede fundar el rechazo de la rectificación en que los actores carecen de filiación determinada, debido a que tal aserto los discrimina arbitrariamente al exigirles algo que excede los márgenes del ordenamiento.