Judicial

El Tribunal de alzada estableció que en la especie se cumplen los requisito establecidos en el tratado sobre la materia suscrito entre Chile y Venezuela, para solicitar la extradición activa y la detención previa del ciudadano venezolano que se encuentra, actualmente, detenido en Caracas.

Atendido que el proveedor corrigió las observaciones realizadas por el SERNAC en una fiscalización, y que ese servicio no constató dicha corrección en más de 2 años, el Tribunal decidió sólo amonestar a la empresa denunciada, por considerarlas circunstancias favorables a esta última.

El imputado circulaba en exceso de velocidad, cuando la policía lo siguió por infringir la ley de tránsito, momento en que el actor se dio a la fuga y solo pudo ser detenido luego de chocar contra la reja de un inmueble. Con posterioridad Carabineros determinó que el vehículo había sido robado horas antes.

No habiendo acreditado su actuar diligente a la hora de tomar medidas de seguridad que impidan la entrega de créditos a personas ajenas al titular de la cuenta, se debe determinar la concurrencia de infracción al deber de seguridad a que se encuentra obligado el proveedor.

La Corte de Valparaíso puntualiza que el bien reivindicado se encuentra singularizado, toda vez que se especifica en sus dimensiones y con fotografías que demuestran que se encuentra emplazado en un sitio que cuenta con separaciones entre las diferentes casas, quedando perfectamente delimitado respecto de los otros que existen en el mismo sitio.

Se desestimó también la demanda reconvencional mediante la cual se buscaba el reembolso de lo supuestamente invertido en mejoras al bien raíz arrendado.

El proceso de cobranza tramitado en el expediente administrativo seguido ante el Tesorero Comunal respectivo es de naturaleza jurisdiccional y está sometido al tribunal competente llamado por ley a conocer de tal asunto.

Para otorgar el carácter de muy calificada a una atenuante debe estar establecida con mayores antecedentes de los que ordinariamente se tienen presentes para configurarla, los cuales por su entidad e importancia lleven al tribunal al convencimiento de atribuirle dicha ponderación.

El Tribunal de alzada estableció que en la especie, no se cumplen los requisitos del tipo penal para acceder a la pérdida de la inmunidad parlamentaria de que goza la querellada.

La decisión fue acordada con el voto en contra de una Ministra de esa Corte, quien estuvo por confirmar la condena al Fisco y aumentar el monto de la indemnización a $100.000.000.-

La suspensión de los plazos contenida en la Ley N°21.226 se aplica para aquellos juicios iniciados con anterioridad al 18 de marzo de 2020, razón por la que en la presente causa no se suspende el plazo de prescripción de la acción cambiaria.

El máximo Tribunal revocó la decisión de los jueces de instancia, luego de observar que no transcurrió el plazo de seis meses establecido en el artículo 152 del Código de Procedimiento Civil, ordenando continuar con la tramitación de la causa.

Una vez declarada la existencia de la relación laboral deben ser pagadas por entenderse que le pertenecen al trabajador que prestó servicios durante la vigencia del contrato.

El máximo Tribunal descartó infracción en la sentencia impugnada.

El Tribunal de alzada acogió las acciones constitucionales presentadas por las defensas de los sacerdotes Leonardo Wenceslao Santibáñez Martínez y Bernardo Miguel Bastres Florence, al establecer que no existen antecedentes suficientes para dar por justificada la existencia del delito base (la sustracción del adolescente Ricardo Harex González), ni, en consecuencia, la participación atribuida a los amparados.

Hacerla pública desincentivaría gravemente el rol colaborador que le corresponde a todo ciudadano en la función fiscalizadora que la ley ha entregado al órgano contralor.

El hijo nació muerto y se extirpó el útero. El Servicio intentó desestimar la demanda acusando que la única prueba del daño moral causado fue una pericia psicológica a la demandante y a su cónyuge, la cual habría sido sobrevalorada por el tribunal de base.

Recurso de protección acusa omisión en el deber legal de cuidado de los bienes nacionales de uso público, exponiendo al riesgo a peatones y automovilistas que circulan por “calles repletas de hoyos”.

Recurrente alegó que la solicitud de inscripción de marca autorizada por el INAPI y el tribunal de fondo, no ponderó de forma correcta los medios de prueba que aportó, para señalar que la nueva marca coincidía en signos gráficos con otras marcas existentes en las mismas clases.

La Ley N°20.027 trata al deudor estudiantil dentro de un grupo especial, estableciendo beneficios y facilidades de pago para los créditos de educación superior, los que no contemplan en la Ley N°20.720 que rige en forma general los procedimientos de liquidación concursal.

El trabajador demandó en enero de 2020 por auto despido a su empleador, no obstante, la acción fue entablada fuera de plazo ya que el demandante dejó de ir a trabajar en septiembre de 2019, por lo que se considera esa época como el momento en que renuncia voluntariamente.

Un funcionario de Carabineros recurrió de amparo por la decisión de alzada que confirmó la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva, por su presunta participación en el maltrato a un menor de edad al momento de ser detenido en una protesta en 2019.

En atención al principio de protección que es transversal al ordenamiento laboral, el operario puede solicitar la tutela judicial efectiva del conflicto que pone en conocimiento del Tribunal, sin que éste se encuentre en posición de privar al demandante de su derecho al debido proceso.

Los jueces de fondo se equivocaron al considerar que el plazo de oposición estaba determinado por el lugar en que se requirió de pago al recurrente.

No resulta procedente cuestionar a través del recurso de nulidad el proceso de valoración de las pruebas aportadas, sin que se haya logrado demostrar infracción a la sana crítica.

Con todo, no resulta procedente declarar en lugar de la resolución dejada sin efecto, que los terrenos efectivamente se encuentran fusionados, pues esa declaración excedería los márgenes del reclamo de ilegalidad. Deberá emitir un pronunciamiento en concreto y razonado de los motivos de su rechazo a la solicitud.

En la especie, el demandante no pudo singularizar la superficie exacta de la franja de terreno reclamada, ni tampoco pudo acreditar que aquella porción perteneció al predio principal.

El artículo 373, 370, y 399 del Código Procesal Penal otorgan legitimidad al condenado y no a la parte acusadora, debido a que es el primero el que sufre el rigor del ius puniendi estatal.

Dicha calidad es de aquellas cualidades subjetivas intransferibles a través de la subrogación a que tiene derecho la compañía de seguros, por lo que esta no puede accionar ante el Juzgado de Policía Local haciendo valer las acciones que contempla la Ley del Consumidor.

Uno de los temas prioritarios del encuentro fue reafirmar y actualizar la postura de la Corte Suprema sobre la necesidad de separar la función jurisdiccional y administrativa, proponiendo la creación de una entidad nacional y otras a nivel locales que tenga una mayoría de integrantes judiciales y que se aboque a las tareas de nombramientos, evaluación de desempeño, control disciplinario, administración y presupuesto; formación y capacitación.