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Valida decisión administrativa de reubicar a interna por descongestión y perfil criminógeno. Reconoce facultad de Gendarmería para reubicar internos. Actuó dentro de sus atribuciones legales, justificando la medida en razones de descongestión del penal de origen —unidad concesionada con capacidad limitada por licitación—, condiciones de habitabilidad y conducta inestable e inadecuada de la interna

Legalidad del decreto municipal debe revisarse en un juicio de lato conocimiento. No se constató la existencia de un derecho preexistente e indiscutido, dado que los recurrentes no acreditaron propiedad sobre el terreno. En contra de lo resuelto se dedujo recurso de apelación, el cual deberá ser resuelto por la Corte Suprema.

Revoca fallo de la Corte de Talca al considerar que la municipalidad actuó conforme a derecho al iniciar un procedimiento de invalidación para subsanar vicios formales. Su actuación se enmarcó en las facultades previstas en la Ley N°19.880.

La recurrente denunció la existencia de un vertedero ilegal que afecta su derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. La recurrida negó los hechos, pero la evidencia audiovisual demostró el depósito arbitrario e ilegal de residuos. La Corte de Santiago consideró que, aunque no se acreditó vulneración al derecho de propiedad de la arrendataria, sí existe una clara afectación al medio ambiente. Se ordenó a la recurrida retirar los escombros y basura, y abstenerse de continuar arrojando residuos en el inmueble. Decisión se confirmó por la Corte Suprema.

La recurrente impugnó la decisión que le impide ser cotitular en solicitudes de excavación arqueológica debido a su cargo en el CMN. El Servicio Nacional del Patrimonio Cultural argumentó que existe una incompatibilidad legal basada en el artículo 56 de la Ley N° 18.575. La Corte de Santiago consideró que la exclusión no es ilegal ni arbitraria, ya que se basa en una norma legal clara y aplicable. Se determinó que la incompatibilidad afecta incluso a quienes ejercen funciones públicas ad honorem.

Las criptomonedas, consideradas bienes incorporales según el Código Civil chileno, han sido reconocidas por la Ley Fintec como activos financieros virtuales. Aunque no son divisa ni tienen curso legal, sus transacciones están sujetas a impuestos. La falta de regulación integral plantea importantes desafíos jurídicos en los ámbitos civil, comercial, tributario y sucesorio.

El Congreso aprobó un nuevo régimen tributario especial para los comerciantes de ferias libres, que reemplaza el IVA tradicional por un impuesto del 1,5% sobre ventas con medios de pago electrónicos. La medida busca facilitar la formalización del sector, reducir la carga administrativa y promover una economía más inclusiva y equitativa.

La demanda interpuesta por la mujer contra su ex cónyuge y la hermana de este, buscaba revocar la venta de un inmueble que considera un acto simulado para disminuir el patrimonio en perjuicio del pago de alimentos. Se ordena retrotraer el proceso para permitir la presentación de pruebas y garantizar el debido proceso.

La extracción de áridos en Chile enfrenta una regulación fragmentada que deja fuera a los de origen marino, pese a sus impactos ambientales. Un proyecto de ley busca ordenar el régimen fluvial, pero mantiene vacíos normativos en el borde costero, perpetuando la incoherencia jurídica y debilitando la fiscalización.

La Corte de Copiapó enfatizó que la ayuda debe ser "considerable". Solo los jueces que intervinieron en la audiencia del juicio pueden estar en condiciones de apreciar si la declaración prestada por el acusado pueda llevar a estimar la concurrencia de la minorante en examen en calidad de muy calificada.

El incumplimiento de este deber configura una infracción grave de las obligaciones contractuales del empleador, por tratarse de una obligación que tiene por objeto asegurar el sustento de los trabajadores.

En la especie, la actora señaló la fecha de término de la relación laboral reiteradamente en su demanda, por lo que no existió incertidumbre de la data en que se produjo la extinción del vínculo laboral.

El devengo de la pensión opera desde el día siguiente del término de la última licencia médica vigente a la fecha en que quede ejecutoriado el respectivo dictamen.

Constató que la Corte de Santiago revocó, sin explicar ni justificar su decisión, el fallo de primera instancia que acogió la excepción de ineptitud del libelo. Dicha omisión vulneró garantías procesales y contravino el deber constitucional y legal de motivar las resoluciones, al prescindir de las consideraciones de hecho y de derecho exigidas por el ordenamiento jurídico.

La compensación requiere un pacto escrito entre empleador y trabajador, y la cantidad de horas extras acumuladas debe ser equivalente a la jornada que se quiere compensar por día feriado.

Se constató que la Superintendencia de Educación excedió su competencia al agravar la sanción impuesta, infringiendo el principio de prohibición de reformatio in peius y los límites del recurso interpuesto en sede administrativa. Anuló sanción más gravosa impuesta por la Superintendencia.

Es la entidad licitante la que establece las condiciones en que se realizará la propuesta pública. Las bases prohibían expresamente condicionar las ofertas. Oferente no puede condicionar la garantía exigida en las bases de licitación, aunque la restricción provenga del fabricante del producto. La oferta fue excluida por incluir la frase "siempre que el cartucho conserve al menos el 70% de su contenido" en la garantía

Cómo el testimonio de oídas puede cambiar el rumbo de un juicio en sistemas judiciales anglosajones y continentales

Rechaza inaplicabilidad de norma que sanciona con 200% del avalúo fiscal la destinación habitacional de terrenos agrícolas. La norma no vulnera los principios de legalidad, debido proceso ni proporcionalidad. La multa es de casi $40 mil millones impuesta por el Juzgado de Policía Local de Litueche. La sanción es proporcional al daño irreversible causado en suelos agrícolas. Hubo votos disidentes que cuestionaron la falta de gradualidad de la multa y el cálculo basado en avalúos futuros.

Con miras a reforzar la transparencia electoral, el Consejo para la Transparencia habilitó el acceso público a las declaraciones de intereses y patrimonio de los precandidatos presidenciales del pacto “Unidad por Chile”, disponibles en InfoProbidad.cl. La medida busca anticipar posibles conflictos de interés y fortalecer la confianza ciudadana de cara a las primarias del 29 de junio.

Tribunal Constitucional resolverá si admite a trámite requerimiento que busca declarar inaplicable por inconstitucional norma del procedimiento ante los juzgados de policía local que establece: "Son inapelables las sentencias definitivas dictadas en procesos por simples infracciones a la Ley de Tránsito que sólo impongan multas." Requirente argumenta que vulnera la igualdad ante la ley, atenta contra el debido proceso y el derecho a segunda instancia y contraviene normas internacionales de derechos humanos.

Rechaza recurso de queja del CPLT y avala decisión de Gendarmería de no revelar detalles operativos. La solicitud se consideró un pedido de pronunciamiento, no de información pública. Se reafirmó que los organismos no están obligados a procesar datos según las necesidades del solicitante. Se aplicaron causales de reserva por seguridad nacional y del personal de Gendarmería. Confirmó la decisión de la Corte de Santiago que acogió reclamo de ilegalidad de Gendarmería.

Nada indica que el cambio de terminología introducido por el artículo 1°, N°7, de la Ley N°20.580, específicamente del término “reincidencia” por “segundo y tercer evento”, haya tenido por finalidad un cambio en la naturaleza jurídica de la agravante, sino que únicamente busca una adecuación a la particular modalidad de agravamiento elegida por el Legislador.

Fallo cuestiona uso de testimonios indirectos de policías sin corroboración y falta de evidencia sobre escalamiento. Considera que las inferencias realizadas carecían de "razón suficiente". La prueba de oídas, por su propia naturaleza, posee un valor probatorio disminuido, requiriendo de elementos de corroboración robustos para alcanzar la suficiencia necesaria para sustentar una condena penal. No se logra superar el estándar de "más allá de toda duda razonable

Los disidentes consideran que el arbitrio de nulidad sustancial debió acogerse ya que la demanda contenía acciones contractuales y extracontractuales; esta última excede el ámbito de la cláusula arbitral. Por tanto, el tribunal debió declararse competente. Al no hacerlo, vulneró normas legales fundamentales.

Una trabajadora fue despedida tras ser sorprendida tomando cerveza y recorriendo más de siete kilómetros mientras se encontraba con licencia médica por problemas circulatorios y hepáticos. El tribunal ratificó que sus acciones contradecían las recomendaciones médicas y justificaban el despido.

Una reciente sentencia de la Sala B de la Cámara Civil revocó la prohibición de salida del país de un niño nacido por gestación por sustitución, en un caso donde se discute la legalidad, razonabilidad y el interés superior del menor. La decisión judicial pone en cuestión la actuación de algunas defensorías y resalta la falta de regulación específica en la Argentina, mientras organismos internacionales y fallos previos reconocen derechos fundamentales a la libre circulación y la protección de la niñez.

¿Es válida la nueva postulación de Evo Morales para 2025? Este análisis sostiene que, a la luz de la Constitución y la democracia representativa, la candidatura no es viable.

Una prenda que comenzó como símbolo de ciudadanía en la antigua Roma y terminó siendo emblema de imparcialidad y solemnidad en los estrados judiciales. En España, su uso se institucionalizó en el siglo XIX, pero su historia viene de mucho antes.

La “actio popularis”, origen de la actual acusación popular en España, fue una figura jurídica clave en la Roma antigua que permitía a cualquier ciudadano actuar en defensa del interés colectivo. Desde denunciar a políticos corruptos hasta proteger bienes públicos, su evolución histórica demuestra el rol activo del pueblo en la defensa del bien común y su legado en el derecho moderno.