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La clausura impuesta no constituye, en este caso, una sanción, sino que es la consecuencia de haber operado un centro de educación parvularia al margen de la normativa vigente.

La Corte Constitucional emitió una sentencia que busca asegurar el acceso a la información en las cadenas de suministro y prevenir la deforestación ¿En qué consiste y cuáles son sus efectos?

Entre la ley y la violencia: una mirada crítica sobre la guerra, el derecho y los actores que moldean los conflictos contemporáneos desde intereses ideológicos, políticos y económicos.

Para entregar certezas técnicas y jurídicas a todos los actores que participan en el SEIA, la Dirección Ejecutiva de la entidad actualizó el Instructivo que aborda la aplicabilidad de las guías y criterios de evaluación.

La Ley N°16.744 busca proporcionar una protección integral contra riesgos laborales a todos los trabajadores, independientemente de su sector de empleo, resuelve la Corte Suprema.

La legislación concursal vigente a la época contempla los “hechos reveladores” de cesación de pagos, y le corresponderá al acreedor, únicamente, probar su concurrencia para considerar agotada la carga probatoria que sobre él pesa.

Existen dos rejas perimetrales que operan como portón de acceso al pasaje El Portal de la comuna de Maipú, sin autorización administrativa, conducta que constituye un acto de autotutela.

El tribunal ha incurrido en error de derecho al no aplicar el tercer orden de sucesión, no obstante que debían concurrir los sobrinos de la causante, por representación de sus padres -hermanos de la difunta-, exigiendo un requisito adicional no establecido en la ley.

El acusado intentó anular el fallo excusándose en deficiencias técnicas de su defensa, y en que supuestamente “suplicó a los secuestradores devolver al niño”, argumentos que fueron desestimados por el Tribunal Supremo.

La Administración tiene la obligación de motivar su decisión, pues la falta de fundamentación, impide al interesado conocer las razones fácticas y legales que se consideraron para rechazar su petición.

Nuevo vertimiento de crudo en el Parque Nacional Lauca enciende las alertas ambientales y sociales. Fundación Aka Pacha y comunidades locales exigen medidas estructurales ante lo que consideran una crisis ambiental sistemática.

La actual Ley de Extranjería contempla como supuesto para decretar la medida de expulsión administrativa, entre otros, el ingreso por un lugar no habilitado, eludiendo el control migratorio, transgresión en que ha incurrido el actor.

Resulta lógico y razonable presumir, que el accidente y su posterior evolución causaron al actor un dolor y angustia que conforman un menoscabo de carácter no patrimonial que la demandada se encuentra obligada a reparar.

Gendarmería actuó conforme a la normativa vigente, y la naturaleza del recurso de amparo es de carácter excepcional, y su supuesto de hecho resulta o proviene de un caso o escenario de limitación o privación de libertad arbitraria o ilegal, lo que no ocurre ni se aprecia en la especie.

La reprogramación de la audiencia excedía los 60 días desde la detención del acusado. El no cumplimiento del plazo de agendamiento de audiencias implica extender más allá de lo estrictamente necesario la privación de libertad del amparado, infringiéndose con ello lo dispuesto en el artículo 19 número 7 de la Carta Fundamental.

Revoca fallo de la Corte de Concepción y prohíbe a particular cercar área verde vecinal. El recurrido actuó por vías de hecho, alterando una situación preexistente sin la debida autorización legal. Al actuar unilateralmente se otorgó a sí mismo facultades que no corresponden a los demás ciudadanos en situaciones similares.

Considera que la disposición no vulnera principios constitucionales. No contraviene el principio de igualdad, es proporcional, tiene una finalidad legítima y no afecta el debido proceso ni las facultades judiciales.

La Ley General de Urbanismo y Construcciones dispone que la Municipalidad puede ordenar la demolición de construcciones que amenacen ruina, o de aquellas construidas ilegalmente vulnerando el Plan Regulador.

La Corte Suprema determinó que, conforme a una interpretación armónica de la Ley de Acceso a la Información Pública, también deben someterse a las obligaciones de transparencia aquellas entidades privadas que presten servicios públicos o celebren contratos con órganos del Estado.

A doce años de la incorporación del principio de corresponsabilidad parental en Chile, persisten brechas significativas entre la norma y su aplicación efectiva, especialmente en materia de posnatal parental. La actual legislación limita la participación equitativa del padre y refuerza desigualdades laborales que afectan directamente a las madres, poniendo en entredicho el avance real hacia la igualdad de género.

La recurrente denunció que, tras el deterioro de la relación con el recurrido —con quien comparte un terreno heredado y un único medidor de agua—, éste habría cortado el suministro y dañado las cañerías que abastecen su vivienda, dejándola sin acceso al servicio básico.

Tiene presente que no se formalizó adecuadamente la suspensión de pagos durante un procedimiento disciplinario, suspensión que debió disponerse explícitamente, por lo que al imponérsele en definitiva la sanción de amonestación y ordenarse su reincorporación tiene derecho a sus remuneraciones por el periodo intermedio en que estuvo alejado de la institución.

La Corte sostuvo que representa un peligro potencial para la vida y la integridad física de las personas que transitan por un cruce no regularizado e ilegal.

La conducta del Servicio se asemeja la autotutela, pues no existe norma que lo faculte a bloquear el acceso a la plataforma virtual.

Perú se prepara para sus Elecciones Generales 2026 con un récord histórico de 43 partidos políticos inscritos y más de 11 mil posibles candidatos. La primera vuelta se realizará el 12 de abril de 2026 y, de ser necesario, la segunda vuelta presidencial el 7 de junio. Conoce aquí el calendario electoral completo y los hitos clave del proceso.

En tanto no se autorice el uso de suelo para incluir una pista de aterrizaje y hangar, para lo cual es necesario que se modifique el Plan Regulador de la Comuna de Huechuraba, el funcionamiento del Helipuerto es ilegal.

Sentencia concedió cinco años para que empresa acredite inicio de ejecución de la iniciativa.

Este texto conmemorativo contiene la historia y la evolución jurídica de esta corte, dando cuenta de sus hitos, sus presidentes, los hechos que marcaron su devenir e imágenes del Palacio de los Tribunales de Justicia, que alberga la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones de Santiago.

La Superintendencia del Medio Ambiente sancionó a una persona natural y a las cuatro empresas reclamantes con una multa total de 2.165 Unidades Tributarias Anuales y requirió el ingreso del proyecto a evaluación ambiental.

Sin perjuicio, ordenó al municipio adoptar las medidas necesarias y eficaces para que en el barrio residencial “José Domingo Cañas”, donde se emplaza el CRS, no se produzcan las incivilidades denunciadas, incluyendo evaluar la instalación de una garita de seguridad ciudadana.