Acciones de Amparo y Protección

Si los antecedentes aportados por la defensa se estimaron insuficientes por la magistratura de base se debe elaborar una pericia psiquiátrica.

No obstante lo anterior, previo a la adopción de la resolución que en Derecho corresponda por parte del Ministro Instructor, debe ser oída la defensa del amparado, con el fin de que haga valer todos los antecedentes que estime pertinentes.

El delito se habría cometido a las 15:50 horas y el reconocimiento se realizó después de las 22:08 horas de ese día, estando el imputado ya detenido por un motivo diverso. Además, no consta que la víctima antes del reconocimiento consignara las características de las personas a quienes le atribuyó la comisión del ilícito.

El máximo Tribunal determinó que las disputas relacionadas con la aplicación de normas de copropiedad deben resolverse a través de los Juzgados de Policía Local y no mediante acciones cautelares, ya que estas instancias no son aptas para resolver cuestiones sobre la adecuación y legalidad de las sanciones impuestas por la administración del condominio.

El máximo Tribunal confirmó la decisión de expulsión de un club, destacando el cumplimiento de los reglamentos internos de la liga deportiva.

La adolescente es carga de sus progenitores, por lo que la ejecución de la resolución ocasionaría un daño que perturbaría la unidad familiar, afectando lo dispuesto en el artículo 1° de la Constitución, que establece que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, siendo deber del Estado darle protección así como propender a su fortalecimiento.

De lo contrario, significaría darle competencia impropia a una Corte de Apelaciones respecto de otra, lo que afectaría eventualmente el diseño procesal sobre reglas de competencia, entre las que se cuenta las relativas al grado y jerarquía lo que puede subvertir el mandato contenido en el artículo 7 de la Constitución.

El máximo Tribunal destacó el deber de transparencia en la fundamentación de las decisiones de retiro adoptadas en la Fuerza Aérea de Chile. Ordenó a la institución que le comunique al actor los fundamentos pertinentes y relevantes que motivaron su decisión, con el objeto de que éste pueda hacer uso de los recursos administrativos y judiciales que pudieren corresponderle.

Se descartó que el Tribunal Supremo actuara como una comisión especial, como así también, que por haber renunciado al partido no pudiera aplicársele la sanción de expulsión de la colectividad.

Negar el único fármaco imprescindible para el tratamiento de la patología, es arbitrario y amenaza, además, la garantía del derecho a la vida, puesto que, como consecuencia de esa decisión, se niega en la práctica el acceso a un medicamento necesario para la sobrevivencia.

La aplicación correcta del Reglamento es indispensable atendida la gravedad de la medida, que si bien no impide a las recurrentes del todo participar de la educación de sus hijos, indudablemente limita su posibilidad de vincularse al proceso educativo al no tener calidad de apoderadas ni poder ingresar al colegio.

El máximo Tribunal concluyó que el desistimiento de la solicitud de refugio se debió a la falta de documentación requerida dentro del plazo estipulado.

La orden de eliminar las publicaciones cuestionadas no puede ser revisada por esta Corte en el marco del presente recurso de amparo, ni en cuanto a su legalidad como tampoco respecto de sus fundamentos, pues como se dijo, la finalidad de esta acción constitucional apunta únicamente a resguardar la libertad personal y no la libertad de prensa que es lo que, en definitiva, reclama como vulnerado el medio de comunicación social.

Lo anterior, ya que sin perjuicio de lo informado por la Defensoría de la Niñez, el INDH, el Instituto de Salud Pública, entre otros organismos públicos, no se pudo establecer que se dedujo dentro de plazo y porque se acogió la alegación de falta de legitimación pasiva de la recurrida.

La inclusión de la niña se logra garantizando su participación en las activades escolares de forma integrada, lo que dada su condición de salud se logra si la misma tiene a su disposición la oportuna asistencia médica de primeros auxilios.

El máximo Tribunal concluyó que el aumento en la prima del seguro no cumplía con las condiciones estipuladas en la póliza, contraviniendo el principio del trato justo al cliente.

La Corte está obligada a adoptar medidas urgentes con la finalidad de cumplir con las convenciones internacionales a las que el Estado adscribió y que, en el presente caso, es la suspensión del cumplimiento efectivo de la pena que actualmente cumple la amparada, sustituyendo dicha forma de satisfacción de la sanción, por la reclusión total domiciliaria. Para ello se tiene presente la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; la Convención Belem do Pará, y las Reglas de Bangkok.

Frente a una situación que podría eventualmente ser constitutiva de vulneración de derechos de un niño o niña que se encuentre en el territorio, el tribunal debe adoptar las medidas que sean pertinentes.

El retardo constituye una vulneración del deber de celeridad que deben observar los órganos de la Administración del Estado y una infracción al plazo previsto en el artículo 27 de la ley 19.880.

La necesidad de dar la correspondiente prioridad y celeridad a las causas que tratan de imputados adolescentes no se respeta si se extiende la audiencia de revisión de internación provisoria por la razón de que otro coimputado, también adolescente, tenía fijada una audiencia para esa fecha.

En nuestro ordenamiento jurídico no se admite la autotutela, por lo que resulta ilegal que el recurrido acuse y denigre al edil mediante redes sociales, porque con ello se afecta su honra, protegida en el N°4 del artículo 19 de la Constitución, atendido el alcance que poseen las redes sociales en la actualidad.

El certificado acompañado a este recurso, que da cuenta de una atención de urgencia de la amparada, el mismo día de la audiencia, se habría realizado en horario posterior de la celebración de ésta, sin que dé cuenta de alguna imposibilidad física o psíquica grave que justifique su inasistencia a la audiencia, refiere el voto en contra.

Se accedió a un aumento de 30 días de plazo, aun si con ello se superaba el término establecido por el legislador por estimarse más beneficioso para la defensa de los coimputados y entendiendo que no existía riesgo procesal grave para las personas en cuyo favor se recurre, ya que ellas pueden solicitar la revisión de sus medidas cautelares en cualquier momento, informó el recurrido.

Dado el tiempo transcurrido y las intervenciones intentadas, la madre no ha podido habilitarse para asumir el cuidado del niño, lo que, sumado a la ausencia de integrantes de la familia de origen biológica que la puedan y quieran asumir, la adopción pasa a ser el camino necesario.

El Tribunal de alzada acogió la acción cautelar tras establecer la afectación a la garantía de igualdad ante la ley.

El tribunal de alzada estableció que, si bien la conducta de los recurridos se enmarca en su autonomía volitiva, también es completamente atentatorio contra bienes jurídicos protegidos por la Constitución Política de la República.

Las medidas de suspensión temporal y la de cambio de curso son medidas cautelares en favor del alumno afectado y no sanciones, sin que ellas puedan considerase ilegales o arbitrarias.

La resolución que se pronuncie sobre la solicitud no podrá ser modificada después de cinco años desde la declaración de herederos, si no en virtud de resolución judicial, informó el recurrido.

A la dupla psicosocial del Hospital actualmente le restan por realizar algunos trámites a este respecto, sin embargo, todos ellos se refieren al actuar de la madre y el padre de la niña, y no respecto de la tía, quien ya fue evaluada favorablemente por dicha dupla y respecto de quien ambos padres están de acuerdo en que se le conceda el cuidado provisorio de la niña.

Aun si se tratara de un antecedente que no es utilizado para realizar la selección de estudiantes admitidos, este no debería considerarse en el procedimiento de admisión, ni si quiera en los términos que el colegio establece, esto es, como un antecedente voluntario.