Judicial

No existe competencia específica para realizar una nueva valoración probatoria y desde ahí obtener nuevas conclusiones fácticas en el sentido que pretende la recurrente. No se divisa en el recurso un reclamo concreto relacionado a los deberes normativos que se imponen a los jueces del a quo, sino que se cuestiona el resultado del proceso valorativo, materia que excede los márgenes de la causal de impugnación elegida.

Resolvió que las actuaciones desplegadas por el ejecutado en la causa importaron una aquiescencia a que el asunto se sometiera a la justicia ordinaria, precluyendo su derecho a formular la incompetencia del tribunal con posterioridad a la comparecencia al proceso.

El Tribunal de alzada confirmó la sentencia recurrida, dictada por el Juzgado de Policía Local de Lago Verde, que le impuso a la recurrente el pago de una multa de 250 UTM, con declaración que se reduce el monto indemnizatorio a $1.000.000 para cada cliente demandante.

El Tribunal de alzada estableció que el proceso sumarial se ha extendido más allá del plazo legal y razonable.

El Tribunal tras la deliberación de rigor, dio por acreditado tanto la ocurrencia del delito como la participación culpable de los acusados en los hechos.

El emplazamiento administrativo es un acto formal que notifica a una persona sobre el proceso en su contra, otorgándole un plazo para comparecer ante la autoridad y hacer valer sus derechos, siendo un trámite esencial que, si se omite o realiza defectuosamente, puede dar lugar a la nulidad de lo obrado por transgresión del debido proceso.

Resolvió que la aceptación de los hechos en la audiencia ante el juez de garantía constituyó una renuncia tácita a la prescripción de la acción civil, por lo que el plazo de prescripción no se había cumplido al momento de presentar la demanda de indemnización de perjuicios en sede civil.

Determinó que las críticas de la recurrente sobre la valoración de la prueba no constituyen faltas graves en la actuación judicial, y que este recurso no es un medio para revisar pruebas en una segunda instancia, sino para sancionar errores manifiestos en el ejercicio de la función judicial.

El porcentaje en que deben concurrir ambos progenitores a la satisfacción de las necesidades de sus hijos tiende a la proporcionalidad y, en ese contexto, ambos deben contribuir en un monto que excede del 50% de los ingresos determinados. Si se acogiera la postura del padre, la madre, que percibe menos rentas, debería hacerse cargo de cerca del 86% de los gastos de los hijos en común.

El fallo descartó infracción en el proceso sancionatorio, que concluyó con una imposición de una multa de 200 UTM al laboratorio reclamante.

El fallo de 25 de agosto de 2023 fue pronunciado por las ministras Graciela Gómez, Verónica Sabaj y el abogado integrante Rodrigo Asenjo, sobre el caso de una mujer víctima de prisión política y tortura física y sexual durante la dictadura.

El máximo tribunal estableció error de derecho en la sentencia invalidada, dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que confirmó la de primer grado que rechazó la acción.

En fallo dividido, el tribunal de alzada ratificó íntegramente la resolución de primera instancia.

Resolvió que la autoridad migratoria atendió las consideraciones estipuladas en la Ley N°21.325 y no halló antecedentes suficientes que justifiquen la permanencia de la actora, evidenciado por la ausencia de vínculos familiares debidamente acreditados en Chile.

Resolvió que el contrato de cesión de derechos causó perjuicio a la masa de acreedores de la empresa deudora al establecer condiciones que se apartan de los precios de mercado y disminuir el patrimonio disponible para el pago de las deudas, ya que la empresa cedente, pese a haber pagado todas las cuotas del contrato de leasing para adquirir el bien, optó tácitamente por la compra de la prensa arrendada al no manifestar lo contrario, produciendo un detrimento injustificado a los acreedores.

En atención al artículo 51 bis 1 de la Ley de Propiedad Industrial, el plazo se cuenta desde el momento de inscripción de la patente, y no desde la notificación de la sentencia del INAPI, por lo que los jueces del TPI debieron dar lugar a la protección y no declararla inadmisible, como ocurrió en la especie. La protección suplementaria se extenderá sólo por el período acreditado como demora administrativa injustificada y no se podrá conceder un término de protección suplementaria superior a cinco años.

En el fallo, la magistrada estableció la responsabilidad de la demandada por infracción a la lex artis en que incurrió el personal médico a cargo de la intervención y posoperatorio.

Resulta especialmente trascendente, pues se trata de un juicio en que debían acreditarse tres ilícitos diferentes cuyas descripciones estaban claramente establecidas en el requerimiento y que se derivaban de la denuncia efectuada por la víctima, de modo que es preciso comprender los elementos que permitieron adoptar distintas decisiones, una de condena y dos de absolución considerando respecto de ambas las declaraciones de los afectados.

Ninguna enunciación puede ser estimada como verdadera sin que exista una razón para que así sea y no de otro modo, y una razón es suficiente cuando basta por sí sola para servir de apoyo completo a lo enunciado, cuando, por consiguiente, no hace falta nada más para que el juicio sea plenamente válido.

Resolvió que la magistratura no tenía la facultad de declarar la extinción de un derecho real, si esta decisión afectaba a terceros que no eran comuneros en el juicio arbitral, debiendo discutirse tal asunto en un juicio ordinario en que todas las partes afectadas comparezcan a hacer valer sus derechos.

La decisión fue notificada el 10 de octubre pasado y la sentencia dada a conocer con fecha 30 de octubre de 2024.

El demandado invocó un contrato de arriendo celebrado con un tercero ajeno al litigio, pero que recaía en un predio diverso al ocupado, por ende, la ocupación carece de un antecedente jurídico válido, y el ocupante debe restituir el inmueble fiscal.

El máximo Tribunal sostuvo que una argumentación genérica respecto de “fallas al apreciar la prueba conforme a la sana crítica”, sin indicar en concreto cuál regla es la quebrantada, evidencia la disconformidad del recurrente con el fallo, y no un yerro en derecho por parte de los sentenciadores de fondo.

Pese al estado excepcional debido a la crisis sanitaria, el demandante cambió en reiteradas oportunidades la fecha de la audiencia de conciliación, y luego mantuvo una actitud pasiva en la tramitación del juicio, por lo tanto, no puede excusarse en la pandemia para neutralizar los efectos de su ausencia de interés en la prosecución del litigio.

El máximo Tribunal resolvió que el procedimiento administrativo se ajustó a la normativa vigente, al dictarse la resolución final dentro del plazo de seis meses conforme al artículo 27 de la Ley N° 19.880. Aunque se reconoció una demora de casi siete años en la fase recursiva, dicha tardanza no afecta la validez del procedimiento inicial ni de la resolución emitida en marzo de 2015, que puso fin al proceso administrativo conforme a los artículos 40 y 41 del mismo cuerpo legal.

Se constató que los nichos no cumplen con la normativa sobre distanciamiento al encontrarse adheridos a la línea divisoria con otro predio, por lo que el máximo Tribunal ordenó a la Dirección de Obras Municipales de Quirihue adoptar las medidas correspondientes a fin de subsanar la infracción.

El máximo Tribunal determinó que los jueces cometieron un error al considerar que la transacción entre la compañía minera y la familia de los fallecidos liberaba a SERNAGEOMIN de su obligación, ya que no fue parte en ese contrato. Lo anterior resultó en la anulación de la sentencia, y en el fallo de reemplazo se condenó a Sernageomin a reparar el daño moral causado por la falta de servicio en que incurrió.

En la audiencia de formalización el magistrado acogió la cautelares solicitadas por la Fiscalía, por considerarlas adecuadas y proporcionales a los fines del procedimiento. Además, fijó en tres meses el plazo de investigación.

El Tribunal de alzada confirmó la sentencia recurrida, dictada por el Primer Juzgado de Letras de Coyhaique, con declaración que se eleva el monto indemnizatorio a la suma de $210.000.000.

El 1 de mayo de 2022, se encontraba el imputado Marcelo Enrique Naranjo Naranjo portando en sus manos un arma de fuego, que procedió a disparar en varias oportunidades. Uno de estos disparos impactó en el cráneo de la víctima, Francisca Ignacia Sandoval Astudillo, quien se encontraba realizando su labor de reportera de canal 3 La Victoria.