Judicial

El Tribunal de alzada descartó vulneración a las reglas lógicas de razón suficiente y no contradicción en la sentencia recurrida, dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que estableció la responsabilidad de la demandada en el accidente.

Las indicaciones que se consultan buscan modificar el procedimiento de reclamación seguido ante las cortes de apelaciones, regulado en el artículo 141 de la Ley N° 21.325, e incorpora dos nuevos artículos que regularizan la procedencia del recurso de apelación, situación que hoy está reglada a través del Auto Acordado dictado por la Excelentísima Corte Suprema N° 158 de 2023.

El Tribunal de alzada revocó la resolución impugnada, dictada por el Juzgado de Garantía de Antofagasta, que mantuvo en prisión preventiva a la imputada.

El Tribunal de alzada revocó la resolución apelada, dictada por el Juzgado de Policía Local de Coyhaique, que no dio lugar a la denuncia formulada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

La víctima estuvo 38 días privada de libertad en un centro de detención clandestino, lugar en que fue torturada para obtener una confesión incriminatoria por delitos de carácter político.

La audiencia se realizará el lunes 28 de octubre de 2024, a partir de las 14:00 horas, y será transmitida por poderjudicialtv.cl

Resolvió que la falta de servicio en que incurrió el demandado causó en el demandante un detrimento emocional al verse sometido de manera injustificada a una medida restrictiva de libertad, a pesar de no existir antecedentes sobre su vinculación con el hecho delictual atribuido.

El imputado fue capturado luego que se diera a la fuga de un control de tránsito, mediante una persecución en automóvil y a pie, hecho que permitió a los agentes registrar sus vestimentas, encontrando un arma de fuego y municiones que el encartado portaba sin la respectiva autorización.

El acusado fue denunciado anónimamente que se encontraba en un sector de Antofagasta, en horas de la madrugada, en una actitud “sospechosa” cerca de automóviles y casas del sector. Al llegar personal de Carabineros y registrar sus vestimentas, encontraron que el imputado portaba munición sin la debida autorización.

Luego de cometer el crimen, el requerido huyó a Chile para evadir a las autoridades peruanas, y actualmente se encuentra en prisión preventiva mientras se investiga su presunta participación en un delito de tráfico de drogas en pequeñas cantidades, motivo por el cual, la entrega queda diferida al término del proceso penal en Chile.

Determinó que se configuró la falta de servicio por parte del hospital al utilizar un dispositivo médico en mal estado, sin realizar controles adecuados ni verificar su calidad. La negligencia en la adquisición y aplicación del insumo derivó en la ceguera de la paciente, incumpliendo el estándar de regularidad exigido a un servicio público.

El Tribunal de alzada confirmó la resolución impugnada, dictada por el ministro en visita extraordinaria Sergio Troncoso Espinoza, quien desestimó que las declaraciones que dio a medios de comunicación el ministro Vicente Hormazábal Abarzúa, quien estuvo originalmente a cargo de la investigación, afectó la presunción de inocencia de que goza el otrora alto oficial, como cualquier otro acusado.

Acogió la reclamación al considerar que las comunicaciones generadas desde casillas institucionales, en el ejercicio de funciones públicas, deben considerarse públicas, conforme al principio de transparencia establecido en la Ley 20.285 y la Constitución. Puesto que se utilizan con presupuesto público y en cumplimiento de competencias estatales, su acceso es fundamental para garantizar la transparencia y evitar la creación de canales secretos que obstaculicen el control ciudadano.

Tuvo en consideración que el derecho a la acción está amparado constitucionalmente, y que la autonomía de la voluntad no puede prevalecer sobre el derecho a la tutela judicial efectiva, por lo que las sanciones que impiden la prosecución del juicio son excepcionales y deben ser cuidadosamente evaluadas en cuanto a su procedencia, razonamiento que omitieron los jueces del fondo y que motivó la invalidación del fallo.

El máximo Tribunal resolvió que las alegaciones de ser madre de un menor de nacionalidad venezolana inserto en el sistema escolar chileno y de contar con una propuesta de contrato de trabajo condicionado a la obtención de los permisos migratorios requeridos, no tienen la entidad suficiente para impedir la expulsión.

Con el fin de aclarar defectos en la descripción corporal del acusado, el TOP de Puente Alto acompañó el documento emitido por Gendarmería de Chile, pero esta diligencia no afecta la imparcialidad del juzgador, al quedar asentado que dicho instrumento no fue la prueba determinante para que los jueces se formaran convicción condenatoria.

El acusado sostuvo que la exhibición de la especie robada a la víctima, para que aquella la reconociera, es una actuación autónoma sin autorización fiscal, tesis que fue rechazada por el máximo Tribunal, al estimar que dicho acto fue efectuado dentro del plazo de flagrancia por los agentes policiales.

Resolvió que la sentencia recurrida incurrió en un vicio de nulidad formal, al evidenciar una contradicción entre las decisiones adoptadas y la omisión en la decisión al examinar el supuesto de la multa impuesta y que fue reclamada por vía del recurso de apelación.

Carabineros acudió a un inmueble en la comuna de Concón, debido a una denuncia por violencia intrafamiliar, y en el lugar, los agentes verificaron que el denunciado poseía diversos papelillos de pasta base y marihuana, dosificados y listos para ser vendidos en la zona, por lo que pusieron al acusado a disposición de la justicia.

El máximo Tribunal acogió el recurso de nulidad presentado por un ciudadano chileno que había sido requerido por el Reino de España para ser juzgado por robo, al observar que el Ministerio Público acompañó medios de prueba fuera de plazo, lo que vulneró el derecho a defensa del acusado.

La querellada no tuvo el ánimo de afectar el honor de la querellante, lo que impide establecer que las expresiones se hayan proferido “en” descrédito, menoscabo o menosprecio de la querellada tal como se exige para la configuración del delito de injurias, refiere el voto en contra.

Resolvió que el fallo de la Corte de Apelaciones realizó un análisis parcial y poco razonado de las pruebas rendidas, sin explicitar, argumentar o desarrollar la correcta relación entre todas ellas, especialmente en la determinación del título habilitante para la ocupación del inmueble objeto del litigio.

Resolvió que la autoridad migratoria no consideró adecuadamente los antecedentes aportados en relación a su situación familiar, y que dicha omisión en la fundamentación implica que el acto administrativo impugnado se encuentre viciado por una ilegalidad sobreviniente. Ordenó que se emita un nuevo pronunciamiento considerando todos los antecedentes.

Resolvió que el lucro cesante, al tener naturaleza civil y carácter resarcitorio por incumplimiento contractual, no puede ser considerado remuneración, y los sentenciadores, al resolver de tal forma, incurrieron en error al aplicar una interpretación analógica de las normas sobre privilegio de créditos, las cuales deben ser interpretadas en forma restrictiva.

El informe advierte que a modo de reflexión previa o general, parece conveniente reiterar que el Poder Judicial ha manifestado su profunda convicción en orden a quedar totalmente ajeno al sistema de notarios, conservadores y archiveros.

No se ha presentado a juicio ningún antecedente respecto de otro terreno que pueda estar involucrado y que genere una superposición y consecuente confusión de terrenos.

Al tratarse de un bien raíz indígena el proceso debió sustanciarse conforme las normas que prevé la Ley Indígena, que exige la emisión de un informe jurídico, técnico y socio-económico de la CONADI que no se cumplió, por lo que la causa debe retrotraerse al estado en que tribunal no inhabilitado disponga el cumplimiento del trámite obligatorio que ha sido omitido.

Acogió la reclamación al considerar que, si bien es pública la información elaborada con presupuesto público y aquella que obra en poder de los órganos de la Administración, salvo excepciones, ello no implica que se deba crear nueva información, especialmente cuando se refiere a la defensa del Fisco en un juicio pendiente.

El tribunal de alzada estableció que en esta etapa procesal, no existen antecedentes suficientes para hacer lugar a la formación de causa en contra del gobernador.

El demandado mantuvo una relación sentimental por más de 17 años con la madre de los demandantes, hecho que no puede ser desconocido por los actores como antecedente jurídico que habilita la ocupación del predio, por lo que el máximo Tribunal desestimó la acción de precario.