Judicial

El Tribunal de alzada descartó que la información solicitada por ley de transparencia, se encuentre sujeta a reserva o secreto.

El fallo del tribunal de base no explica por qué la circunstancia que el imputado estuviera estacionado en un automóvil cercano a un vehículo robado, tuviera relación directa con la comisión del ilícito de receptación de vehículo motorizado, por lo que la sentencia condenatoria incumplió el deber de fundamentación adecuada.

El principio de la congruencia busca vincular a las partes y al juez al debate y, por tanto, enlaza la pretensión, la oposición, la prueba, la sentencia y los recursos, y al mismo tiempo cautela la conformidad que debe existir entre todos los actos del procedimiento que componen el proceso.

La aplicación de dicha pena accesoria al caso sublite contradice la finalidad del régimen de sanciones de la ley 18.216, en cuanto estas permiten a un sujeto su cumplimiento en libertad, de tal forma de preservar su arraigo laboral como un factor favorable para la prevención de la reincidencia, elemento que precisamente es tomado en cuenta para la procedencia de estas penas sustitutivas.

La información que se ordena entregar al amparo de la Ley de Transparencia es aquella que obra en poder de los respectivos servicios; la que emana directamente del ejercicio de sus fines y labores, y las atribuciones del Servicio recurrente se refieren a cuestiones administrativas determinadas, dentro de las que no se incluye la de efectuar trabajos estadísticos, como lo es determinar promedios y medianas que se solicitan en el caso sub lite, respecto de la información contenida en los registros que mantiene.

El imputado fue detenido por “vestir de negro” y encontrarse en un lugar cercano al informado como último paradero de un sospechoso de robo, motivo estimado como insuficiente para controlar la identidad y registrar las vestimentas del recurrente, pues de su mera ubicación y forma de vestir no se podía concluir que acababa de cometer un ilícito, o se dispusiera a cometerlo.

Condena al pago de intereses solo puede ordenarse si han sido demandados, por cuanto atendida la naturaleza de la acción, no resulta aplicable, de oficio, la regla del artículo 12 de la Ley N° 18.010, que establece normas para las operaciones de crédito y otras obligaciones de dinero, disponiendo que la gratuidad no se presume. El tribunal sólo está habilitado para establecer el reajuste de la suma condenada a pagar en conformidad a las facultades que le son otorgadas por el ordenamiento jurídico, a fin de evitar la desvalorización monetaria que se produce por el transcurso del tiempo.

En la cita, expusieron destacadas docentes del ámbito de la ciencia política y administración pública, dando cuenta de las formas de participación en los gobiernos locales, crisis de credibilidad en las autoridades, y seguridad pública, dándose cita en el campus Santiago Centro de la casa de estudios.

En el fallo, el juez rechazó las excepciones de falta de legitimación pasiva opuestas por las empresas y acogió la demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual, tras establecer el actuar negligente de los guardias del centro comercial Alto Las Condes, al retener a la clienta en un espacio irregular e insalubre.

El Tribunal de alzada descartó infracción en la sentencia impugnada, dictada por el Quinto Juzgado de Civil de Santiago, que acogió acción de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual.

El máximo Tribunal estableció error en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, al confirmar la de primer grado que rechazó la demanda por lucro cesante.

El máximo Tribunal se refirió al artículo 69 del Decreto Ley N° 1.094, vigente al momento de los hechos, y declaró que la persecución y sanción por el delito de ingreso clandestino, no obsta al ejercicio de la facultad administrativa de expulsar a quien hubiese ingresado por paso no habilitado al país, sino que solo suspende su ejercicio hasta el cumplimiento de la pena que eventualmente se impusiera.

El máximo Tribunal resolvió que la necesidad de una detallada fundamentación emana de la naturaleza de la acción indemnizatoria ejercida, puesto que la indemnización resulta de máxima trascendencia al momento de administrar justicia, comprometiendo el interés público y aspectos de justicia material, que permiten avanzar en el término del conflicto, y en el caso sub lite la controversia planteada versa justamente sobre los daños que los agentes del Estado de Chile causaron a los demandantes con su actuar.

El Pleno señala que no existe una definición normativa que establezca qué localidades están sujetas a la condición de que el traslado a sus habitantes hacia el poblado donde esté radicado el tribunal “sea ostensiblemente oneroso o difícil”, lo que quedará entregado a cada tribunal.

Sostener lo contrario equivale a transformar el presente arbitrio en un verdadero recurso de apelación.

La Corte Suprema estimó que el vínculo previo entre la demanda y el anterior dueño no puede ser desconocido por el demandante, en circunstancia que aquel sabía de la ocupación del inmueble, por ende, la mera tenencia acusada en su libelo no era sufrida ni clandestina.

La legislación obliga a que la ausencia carezca de justificación, pero no exige que el dependiente comunique al empleador el motivo de su no presentación al trabajo durante el plazo que se exige para obtener el subsidio respectivo, pues son requisitos que no se contienen en la normativa que regula la causal de despido en análisis. El plazo previsto en el DS N°3 del Ministerio de Salud de 1984, se establece respecto de la tramitación del subsidio por incapacidad laboral.

Los recurrentes sostienen que la actuación del municipio genera una diferencia arbitraria en perjuicio de los locatarios comerciantes del lugar, que implica una prohibición total de ejercer una actividad económica lícita. Además, la medida adoptada carece de proporcionalidad, y afecta en la esencia derechos asegurados por la Constitución.

El artículo 45 del Código del Trabajo carece de toda mención referida al espacio temporal en que tal beneficio debe originarse y del que depende su cobro.

El máximo tribunal estimó que la suma decretada originalmente por la magistratura no era suficiente para dar cumplimiento al deber de reparación integral hacia la familia de una víctima de delitos de lesa humanidad, por lo que elevó el quantum indemnizatorio a título de daño moral.

En el ámbito jurídico, un individuo autista no puede ser calificado como enfermo, toda vez que su condición es una diferenciación cognitiva dentro de la diversidad natural y propia de la naturaleza humana, pero que en caso alguno lo puede situar en la categoría de lo patológico, ni menos aún en una posición de menoscabo de su dignidad.

El recurrente pretendía revertir el fallo que le ordenó restituir un inmueble dado en comodato, no obstante, el máximo Tribunal advirtió que el vicio de nulidad formal invocado fue ocasionado por su falta de diligencia en la tramitación, pues era carga del propio demandado gestionar la inspección personal del tribunal solicitada en segunda instancia.

La quejosa sostuvo que es improcedente la declaración de vacancia de su arbitrio por no depositar a tiempo el dinero para las copias del expediente, en circunstancias que gran parte de la tramitación se siguió de forma electrónica, de acuerdo al artículo 777 del Código de Procedimiento Civil.

El juez solo hace un resumen de las alegaciones de las partes en cuanto al quantum de la pena y su forma de cumplimiento, pero no señala el motivo que lleva al tribunal a decidir aplicar la pena.

El máximo Tribunal resuelve que para que proceda el pago de patente municipal es necesario que se realice una actividad gravada, lo cual en el caso de las sociedades de inversión consistiría en la prestación de un servicio como lo sería una asesoría mediante profesionales que estudien el mercado y guíen a los inversionistas.

El máximo Tribunal acogió el recurso de queja del CPLT en contra de ministros de la Corte de Punta Arenas que hicieron lugar al reclamo del Hospital y negaron la entrega de la información solicitada. Resuelve que la nómina de funcionarios públicos constituye información pública en sí misma, ya que estos individuos han sido contratados o están asociados a un organismo estatal, desempeñan funciones específicas del servicio y, además, reciben su remuneración a través de fondos públicos. Además, se dispuso su entrega anonimizada.

El acusado pretendía anular el fallo condenatorio, acusando que el Ministerio Público decidió excusar a una de las víctimas para declarar, y posteriormente, la llamó a estrados de forma telemática, circunstancia que no puede ser catalogada como anómala, pues dicha declaración se efectuó conforme a derecho.

SERNAPESCA denunció a particular que transportaba merluza austral y reineta, sin contar con la debida documentación para acreditar el origen legal de las especies, por lo que fue sancionado con el pago de una multa total de 190 UTM.

Tuvo por acreditados los cargos de realizar viajes internacionales faltando programa, o agenda, o invitación, no presentar informe de cometidos y registrar reiterados cambios de vuelos; maltrato a funcionarios y pago por desvinculaciones; incumplir sus obligaciones como Gobernadora Regional, al no respetar los plazos establecidos para la ejecución presupuestaria; incumplimiento de los acuerdos adoptados por el Consejo Regional; y no atender al buen funcionamiento del Comité Regional para el Cambio Climático.

El municipio emitió un informe técnico erróneo, al consignar que el inmueble en cuestión, se encontraba emplazado en zona de área verde y parque, y no en zona industrial exclusiva, al fundar su decisión en un certificado que se había dejado sin efecto por sentencia previa y ejecutoriada de esta Corte.