Judicial

Existen indicios suficientes de discriminación en el término anticipado de la designación de contrata, por no estar debidamente fundado el acto administrativo que le puso término anticipado, y por haberse afectado el derecho a la opinión política del denunciante.

El recurrente tiene el plazo de dos días para solicitar reconsideración de la decisión del municipio y oponerse, por lo que al no respetarse ese procedimiento se ha infringido el principio de estricta sujeción a las bases administrativas afectando el derecho de propiedad del actor.

El Juez de primera instancia rechazó la designación de un inmueble para ser embargado por tener un valor considerablemente superior al crédito adeudado, sin embargo, la Corte revocó esa decisión, por haber sido resuelta de plano.

El recurrente solicitó una prórroga del plazo de pago en la Municipalidad, fundado en que habría sido víctima del robo de sus datos bancarios, sin embargo, el ente edilicio rechazó la solicitud, por no existir antecedentes concluyentes que demuestren que la omisión de pago no es imputable a su persona.

El conjunto de diligencias y resoluciones dictadas entre la fecha de la querella y la formalización contra la acusada, demuestran que el procedimiento no estuvo paralizado, por lo que se mantuvo el estado de suspensión hasta la fecha de formalización, refiere el voto en contra.

La posesión de un bien raíz está integrada por dos elementos, la inscripción y la tenencia material, de modo que, al ser privado el dueño de la tenencia material, ha sido privado de una faceta o parte integrante de la posesión.

El establecimiento de educación alegó que, en la especie, era aplicable la atenuante de no haber sido previamente sancionada por infracciones gravísimas y que, de haberse aplicado esa minorante, la sanción sería la de amonestación por escrito.

Desconociendo el efecto de la fusión de las sociedades, la Municipalidad siguió cobrando patente a la que fue disuelta y que, por ende, no se encontraba ejerciendo actividad alguna que pudiera ser gravada con aquel cobro.

La empresa alegó que tal cancelación se debió a la necesidad de hacer una mantención de los motores, luego de que el fabricante notificara de un problema en el software de seguridad de navegación, situación que se enmarca en el concepto de fuerza mayor.

La entidad financiera se limitó a señalar que realizó el abono del monto sustraído, sin que haya acreditado esa situación, la que, por lo demás, fue desconocida expresamente por la querellante.

El Servicio no puede desconocer su rol de dueño de las faenas encargadas, en virtud del artículo 183-A del Código del Trabajo, esto, pues posee el control y supervigilancia del desarrollo de los objetivos de la empresa contratista, por lo que debe velar por el cumplimiento de los derechos de los trabajadores subcontratados.

Acusar una errada valoración de la prueba de parte de la judicatura al momento de apreciar las diferencias entre dos marcas, sin puntualizar la norma probatoria que se estima infringida, no permite desvirtuar los hechos asentados por el tribunal, y es una muestra de la disconformidad del recurrente con el resultado del juicio.

El Tribunal determinó que no resultaba justo que el consumidor asumiera los efectos ocasionados por la negligencia y la falta de información de parte de la denunciada, más si ya había cumplido con sus obligaciones contractuales.

Vecina de un sector de Concepción se acercó a personal policial que patrullaba la zona, e indicó que en una plaza del lugar una mujer con su acompañante se encontraba vendiendo drogas. Personal policial controló a los denunciados, incautándoles 105 papelillos de cocaína.

La Corte estableció que el dimensionado es algo anexo al giro principal de venta de materiales, y está destinado a dar un mejor servicio a los clientes respecto de productos que se compran allí mismo.

El artículo 8 de la Ley N°21.226 se aplica solamente a aquellas causas iniciadas durante la vigencia del estado de excepción, a contar del 20 de marzo de 2020. En la especie, el juicio ejecutivo se inició con la demanda presentada el 31 de mayo de 2019, la que fue notificada el 13 de julio de 2020, por lo tanto, la acción cambiaria prescribió en atención al artículo 98 de la Ley N°18.092.

En segunda instancia, los demandados acompañaron recibos de arriendo, sin embargo, el tribunal de alzada los desestimó por tratarse de instrumentos privados no reconocidos en juicio, y que no emanaron de la parte demandante.

La clínica recurrente alegó que la rebaja de multa a la que accedió el Tribunal resolviendo la reposición no fue sustancial, por lo que, viéndose agraviado con dicha resolución, lo que correspondía era su enmienda vía apelación.

La porción del inmueble, ubicado en la comuna de Linares, fue cerrada con un portón con candado por el querellado, impidiendo el acceso de su dueña al predio. El infractor aseguraba ser el legítimo propietario, circunstancia que no pudo acreditar en juicio.

El acusado disparó en diversos puntos de la ciudad a grupos de particulares que se manifestaban pacíficamente, hiriendo de gravedad a tres personas y dando muerte a otra. Al momento de ser detenido, fue encontrado en su domicilio un cuantioso arsenal que incluía diversas pistolas, revólveres, y un fusil de guerra, armamento que era poseído por el imputado sin contar con los permisos respectivos.

El requerido fue condenado en el 2014 por dar muerte a un policía, y en junio de 2021 se decretó su expulsión del país vecino en un procedimiento administrativo por extrañamiento. El ministro instructor del máximo Tribunal indicó que, el “error administrativo” no puede ser enmendado mediante la petición de extradición, ya que produjo cosa juzgada.

La consumidora afectada accionó también contra la distribuidora oficial de la marca en Chile, sin embargo, el Tribunal estableció la falta de legitimación pasiva, puesto que el vehículo con fallas no había sido vendido por dicha empresa, no configurándose así una relación de consumo.

El reclamante alegó que, al no iniciarse un procedimiento previo para declarar la caducidad de los permisos, se vulneró el debido proceso, pues no se le permitió realizar descargos ni presentar pruebas, argumento que fue descartado por la Corte.

La omisión del trámite de transferencia no desvirtúa el derecho de propiedad del comprador del vehículo, ya que la inscripción es un trámite de publicidad, y la presunción de dominio que emana de ella es simplemente legal, admitiendo prueba en contrario.

La empresa indicó que se trataba de un error involuntario, debido a que la oferta provenía directamente desde España y que era el diario quien ajustaba el tamaño de los textos.

El acusado mediante la aplicación “GRINDR”, habría alertado de la presencia policial a dos particulares cercanos a él, que se encontraban en una transacción de droga, circunstancia que fue advertida por personal de Carabineros que controló la identidad del acusado, y le incautó siete papelillos de marihuana.

El protocolo de análisis a que alude el artículo 43 de la Ley N°20.000, permite que el juez posea un mejor conocimiento de las características de la marihuana incautada, pero en ningún caso servirá para concluir que en razón de tales características la cannabis sativa deja de ser tal.

La Ley N°20.720 no contempló al recurso de apelación como vía para impugnar la decisión que niega lugar a una solicitud de liquidación voluntaria, por lo que es factible impugnar tal resolución mediante el recurso de queja atendida la naturaleza especial de esta acción, y en la especie, no privar al fallido de su derecho de acceso a la justicia.

El máximo Tribunal resolvió que declarado injustificado el despido el empleador debe restituir al trabajador los montos descontados como aporte patronal al seguro de cesantía, según lo establece el artículo 13 de la Ley N°19.728, en relación con el artículo 161 del Código del Trabajo.

El tribunal de base acogió la excepción de transacción respecto de 247 trabajadores que no realizaron reserva de acciones, pero ordenó continuar el cobro del beneficio por los restantes 650 demandantes. El fallo fue valorado como un triunfo por la presidenta del sindicato de la entidad “(…) porque reconoce una deuda histórica de la banca con sus trabajadores”.