Judicial

Se solicitó el registro de la marca “STUDIO LIVE” para el rubro de las telecomunicaciones, sin embargo, esta es una frase genérica y descriptiva de una actividad propia de quienes se dedican a “transmitir desde un estudio en vivo” el material audiovisual o radiofónico que producen, por lo que el signo propuesto carece de los elementos que lo hacen registrable.

La valoración de la prueba constituye una facultad exclusiva y excluyente del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal.

Inicialmente los actores no se detuvieron ante la señal de la policía, y cuando lo hicieron, los agentes pudieron notar que uno de los ocupantes del móvil vestía prendas manchadas de sangre, hecho que alertó a los funcionarios de un posible delito, registrando a los pasajeros y el vehículo, encontrando carne vacuna recientemente faenada.

Carabineros vela por el cumplimiento de las normas de la Ley N°18.290, por lo que pueden controlar a un vehículo y a sus ocupantes, en atención al fuerte hedor a cannabis que emanaba desde el interior del móvil, circunstancia objetiva que puede ser probada en juicio, y no vulnera el debido proceso del acusado.

Debido a la complejidad del sector donde se detuvo al actor, la policía tomó las fotografías en la comisaría, reconstruyendo según el testimonio de los agentes la ubicación de la droga incautada al acusado, hecho que en opinión del máximo Tribunal no alteró la cadena de custodia ni afectó las garantías denunciadas como infringidas.

En virtud del artículo 22 del D.F.L. N°1, la representación judicial y extrajudicial recae en el Director del Servicio, careciendo el demandado de estas facultadas, así como de patrimonio propio para responder a lo solicitado por el demandante.

El máximo Tribunal estimó que el ente actuó como una comisión especial, privando al actor de sus derechos sindicales, hecho culpable que debe ser asumido por la organización, en atención a su rol tutelar respecto de los derechos de los trabajadores afiliados.

Cuando el despido ha sido declarado improcedente, no se verifica la condición del artículo 13 de la Ley N°19.728, que autoriza dicha retención únicamente cuando el trabajador fue desvinculado por necesidades de la empresa.

Se concluye finalmente el proceso seguido –en sede de libre competencia- en contra de las coludidas empresas productoras de carne de pollo por afectación al interés difuso de los consumidores nacionales.

Personal policial acudió a un recinto comercial en Arica, alertados por un denunciante anónimo que acusó la venta de droga en el lugar, verificando todas las descripciones aportadas respecto del imputado y su ubicación, por lo que actuaron amparados por el artículo 85 del Código Procesal Penal.

La naturaleza disciplinaria de tal acción impide que pueda ser renunciada en sede arbitral, debido a que las partes renuncian únicamente a las acciones jurisdiccionales.

En el ámbito civil, el Tribunal determinó que el estatuto de responsabilidad aplicable era el extracontractual, ya que el perjuicio emana de la infracción de normas legales, que no es otra cosa que la comisión de un hecho ilícito.

El inciso primero del artículo 161 del Código del Trabajo sólo procede en casos en que no es imputable a la empresa el desajuste económico, por lo que no puede ser invocado para justificar un proceso interno de racionalización de recursos para alcanzar una mejor productividad.

La ejecutada pagó en la cuenta del Tribunal el monto adeudado a la ejecutante días antes de la interposición del libelo, y pese a que en el pago no se expresa número de cuota, el monto consignado coincide con el valor que se reclama como adeudado, por ende, los jueces de fondo debieron apreciar esta situación para hacer lugar a la excepción opuesta.

No se advierte contaminación por parte del tribunal en la valoración de la prueba que diga relación con una posición política y social.

El máximo Tribunal estableció error de derecho en la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que acogió los incidentes en un litigio que no se encontraba trabado legalmente, al no haberse notificado a todos los demandados en la causa.

La acusada hacía creer a los compradores que los terrenos eran aptos para la urbanización, en circunstancias que se encontraban con prohibición de cambio de uso de suelo agrícola, además de no ajustarse a la superficie legal exigida para la enajenación.

El máximo Tribunal desestimó la procedencia del recurso al no acompañar la recurrente sentencias de contraste real.

Los demandantes no pudieron acreditar ilícitos a la libre competencia. Además la tolerancia del fiscalizador administrativo sectorial y la pasividad legislativa son circunstancias que no pueden ser imputadas a los demandados.

La denunciada alegó que no era aplicable el estatuto de protección del consumidor, argumento que fue desestimado por el Tribunal, que determinó que las concesionarias adquieren obligaciones que se enmarcan en la Ley N° 19.496, en virtud del contrato de peaje.

El actor basó su arbitrio en que el proveedor había anulado unilateralmente la compra realizada, sin embargo, el Tribunal constató que, en la instancia administrativa ante el SERNAC, expresó su conformidad con la solución ofrecida por la tienda.

El máximo Tribunal confirmó el rechazo de la excepción de finiquito y el pago de los emolumentos pendientes solicitados por la trabajadora a título de lucro cesante, al estimar que el empleador no atacó el fondo de la acción en sede de nulidad, por lo tanto, las sentencias acompañadas para el cotejo no resultaron homologables.

La Corte Suprema acogió el recurso de apelación deducido por Sociedad Austral de Electricidad S.A. (“SAESA”) y revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valdivia que desestimó el reclamo de ilegalidad que interpuso en contra la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (“SEC”) por la multa que le fue impuesta. La SEC le aplicó…

Se declaró injustificado el despido de un cajero bancario desvinculado por pagar un depósito a quien no era el titular. El actor alegó que no había sido capacitado para evitar estos fraudes, pero luego confesó haber intentado verificar la identidad del cobrador mediante el sistema biométrico por que “ese era el procedimiento a seguir”, contradicción no observada por la judicatura de base.

El recurrente intentó inscribir la marca “BUDA LODGE PICHILEMU”, sin embargo, el nombre contenía un signo que coincidía con la marca registrada “BUDA RESTAURANTHOSTAL”, motivo por el que el registro fue desestimado.

El oficio señala que el artículo 2° entrega una nueva responsabilidad al Poder Judicial, haciéndolo parte integrante de lo que el proyecto denomina ‘sistema de seguridad pública y convivencia ciudadana’. No es del todo claro, sin embargo, en qué consiste ese ‘sistema’, por cuanto el proyecto se limita a señalar que estará compuesto por las normas, políticas, planes y otros instrumentos relativos a ámbitos inespecíficos.

La actora alegó la privación del legítimo ejercicio de su actividad industrial y comercial con motivo de la aplicación e interpretación del cambio de uso de suelo según planos que se han incluido en el Plan Regulador Comunal de Pudahuel.

La realización del certamen busca la promoción de la investigación desde el derecho en materia de lenguaje claro y acceso a la justicia; crear una instancia en que se den a conocer estudios y análisis enfocados en esta materia, tanto desde la perspectiva de la administración de justicia, la relación de los tribunales con las personas usuarias, como la interacción de los y las abogadas con sus patrocinados; y fomentar la difusión de las tesinas o memorias que sean un aporte en desarrollo en esta materia.

Son medidas que afectan el derecho a la vida privada, la honra, la intimidad y de la propia imagen e importan una limitación al derecho a la educación por representar una restricción provisoria o permanente a su derecho de acceso y permanencia en el establecimiento.

El ordenamiento jurídico considera un sistema dual para conocer ese tipo de conflictos, el primero, a través de la justicia arbitral según las reglas del Código de Comercio, y el segundo, mediante la aplicación de la Ley del Consumidor.