Judicial

En consecuencia, les resulta aplicable lo dispuesto en los artículos 38 inciso segundo y 38 bis del Estatuto Laboral.

El Tribunal de alzada acogió el recurso por un motivo distinto del invocado por el recurrente, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 479 del Código del Trabajo.

El Tribunal Electoral señaló que, ninguna de los motivos que fundamentan los 26 cargos poseen la entidad suficiente para concluir que en relación a los mismo ha existido de parte del Alcalde requerido notable abandono de deberes o faltas graves a la probidad administrativa.

El Servicio fijó doctrina en virtud del razonamiento establecido por la Contraloría.

El Tribunal de alzada estableció que dominio del recurrente sobre el predio estaba suficientemente acreditado mediante la correspondiente realización de actos y contratos civiles y mercantiles.

La presente acción tendrá solamente por objeto resolver de la reclamación de una infracción a las reglas de procedimiento aplicables a la Convención y de aquellas de procedimiento que emanen de los acuerdos de carácter general de la propia Convención. En ningún caso se podrá reclamar sobre el contenido de los textos en elaboración.

El Tribunal de alzada confirmó la resolución impugnada, dictada el Juzgado de Letras del Trabajo de Arica, que estableció que el club deportivo incurrió "en actos que significaron la vulneración al derecho a la honra del trabajador denunciante".

El Tribunal de alzada rechazó los recursos de casación en la forma y confirmó la sentencia que condenó a José Cruz Lorente y Humberto Acevedo Godoy a 10 años y un día de presidio, en calidad de autor del delito.

El Tribunal de alzada revocó la resolución dictada el pasado 11 de marzo por el Juzgado de Garantía de Rancagua, que dispuso dejar sin efecto la cautelar de prisión preventiva.

Los sentenciadores rebajaron la cuantía de la multa sin declarar la ilegalidad del acto impugnado.

La sentencia se dictó sin realizar una exposición clara, lógica y completa de los hechos probados y sin fundamentar de manera completa la valoración de todas las pruebas rendidas en juicio.

La iniciativa busca proteger a las personas mayores que traspasaron sus fondos a las compañías aseguradoras y que están siendo excluidas de los beneficios que en virtud de la emergencia se han implementado.

No es posible considerar que las actuaciones destinadas a tramitar un requerimiento de inaplicabilidad puedan tener mérito para interrumpir el plazo del abandono del procedimiento.

Transcurrieron más de cuatro años antes que la Superintendencia declarara la responsabilidad de la reclamante, lo que constituye un tiempo excesivo e injustificado que transforma el procedimiento sancionatorio en ilegítimo y lesivo para los intereses de la reclamante.

El Tribunal de alzada no hizo lugar al reclamo, tras establecer que la recurrida Superintendencia de Salud actuó ajustada a derecho al sancionar a la clínica privada.

La fiscalizadora aplicó erróneamente lo dispuesto en el artículo 50 del Código del Trabajo.

El tribunal descartó que el accidente se haya producido por una exposición imprudente al riesgo de la actora.

El empleador sólo puede rendir prueba respecto de los hechos contenidos en la carta de aviso de término de la relación laboral.

El Tribunal señala que se encuentra justificado elaborar políticas públicas para la generalidad de la población y admitir excepciones –como ciertamente se hace con los alimentos que contienen maní, pescado o los alimentos libre de gluten– pero no pueden ser construidas en base a excepciones, ya que el exceso de información podría generar el efecto precisamente contrario.

El Tribunal de alzada desestimó la acción constitucional al suspenderse el traslado cuestionado y por estimar que las aeroevacuaciones están respaldadas en el ordenamiento jurídico y en los reglamentos dictados por la autoridad sanitaria para hacer frente a la pandemia a vive el país.

No resulta admisible que la Contraloría haga caso omiso de sus propios actos 10 años después de dictarlos.

La sentencia aclaró que lo razonado por el tribunal, no altera la circunstancia de haberse incurrido en un error en la certificación de 21 de enero de 2020, pues ese yerro no tiene la entidad para configurar una falta o abuso grave en el acto que aquí se impugna.

El Tribunal de alzada desestimó el recurso por considerar que no se ha acreditado ningún vicio de ilegalidad y por considerar que la acción cautelar no es la vía idónea para resolver el asunto.

Ello tras establecer que la recurrida incumplió con la obligación de fundamentar la resolución que rechazó el pago solicitado.

El máximo Tribunal descartó infracción de ley en la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que estableció la responsabilidad del Estado en el fatal accidente.

El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia, dictada por la Corte de Apelaciones de Temuco, que acogió la demanda tras establecer la responsabilidad del conductor municipal en el accidente.

El máximo Tribunal estableció que los jueces de fondo actuaron correctamente al considerar atentatoria contra la identidad de género de la demandante la conducta de la recurrente.

El tribunal de alzada no consideró que las obras de habilitación son gastos que los terceros deben reclamar al propietario del inmueble expropiado sobre el monto indemnizado.

La Carpeta Personal de Seguridad de un funcionario contiene antecedentes que versan sobre labores de inteligencia del Ejercito que están vinculadas al resguardo de la seguridad de la Nación.

El Ministerio Público acusó a los funcionarios vulnerando el principio de objetividad al que está sujeto, causando perjuicios a los acusados y vulnerando su derecho al debido proceso.