Judicial

La resolución del Director Regional respectivo es el acto administrativo que cierra el procedimiento sancionatorio previsto en la ley N° 20.529.

Asimismo, se ordenó instruir la correspondiente investigación disciplinaria respecto de los hechos denunciados.

Se recordó que el marido es respecto de terceros dueño de los bienes sociales, como si ellos y sus bienes formasen un solo patrimonio.

La decisión fue acordada con el voto en contra del abogado integrante Palavicini, quien fue de opinión de rechazar el recurso de unificación.

Se validó el título de merced de 1904, presentado por la comunidad, documento que le entrega la propiedad del predio.

La Corte de Punta Arenas señaló en su oportunidad que al disponer del lugar de trabajo del actor no ha exhibido facultades.

La sentencia efectúo una errónea calificación de los hechos al considerar la conducta de la trabajadora como descuidada.

La decisión fue acordada con el voto en contra del Ministro Blanco, quien fue de opinión de rechazar el recurso de unificación de jurisprudencia.

Se configuró el vicio de casación formal contemplado en el N° 5 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil en relación con el artículo 170 Nº 4 del mismo texto legal.

La multa administrativa aplicada por la recurrida, Inspección del Trabajo, y que el Tribunal confirmó, desestimando el respectivo reclamo, es contraria a derecho.

La juez de la instancia realizó una errada calificación jurídica de los hechos acreditados, ya que ha errado en la selección de la norma a aplicar al caso.

Se ha hecho una errónea aplicación de la norma jurídica a un caso no previsto en el artículo 445 del Código Penal.

En la causa, el ministro Carroza absolvió por falta de acreditación de participación en los hechos a otros 32 exagentes de la DINA.

Se condenó al Fisco a pagar una indemnización de $10.000.000 (diez millones de pesos).

Se condenó al Hospital Félix Bulnes a pagar una indemnización total de $90.000.000 (noventa millones de pesos).

No es aceptable que, ante la ausencia del personal, se considere a una alumna en práctica como la reemplazante idónea.

La CS señaló que existen fundadas razones que conducen a descartar el amparo económico como instrumento idóneo para dispensar protección al artículo 19 N° 21 inciso 1° de la CPR.

A la época en que la demandada fue emplazada en autos, la acción deducida en su contra se encontraba extinguida.

Se acogió la demanda presentada por la administración de comunidad industrial de Lampa.

Se condenó al Servicio de Salud de Concepción a pagar una indemnización total de $40.000.000 (cuarenta millones de pesos).

Se condenó a la Corporación Educacional Bosques del Maule a pagar una indemnización de $11.000.000 (once millones de pesos) a la madre de menor que sufrió maltrato escolar.

Los padres deben tener la oportunidad de presentar antecedentes, descargos y apelar a las decisiones del colegio.

La decisión fue acordada con el voto en contra del Ministro Muñoz, quien estuvo por acoger el recurso de amparo económico.

La Corte de Santiago señaló en su oportunidad que existen antecedentes suficientes para caducar las patentes de alcoholes del actor.

Sin embargo, se ordenó que el juez del 13° Juzgado Civil de Santiago disponga lo necesario para la regularización de la custodia del expediente incautado.

El Decreto carece de falta de fundamentación, porque no se indicó por parte del Municipio cómo se computó el plazo de los 318 días de atraso que se indica en el informe respecto del proyecto.

La decisión fue adoptada con el voto en contra del Ministro Prado, quien sostuvo que no se configura el error de derechos denunciado.

El fallo indica que la medida disciplinaria más gravosa de la que puede ser objeto un trabajador no necesariamente ha de considerar la conducta pretérita del actor.

La sentencia indicó que, en la especie, no concurre la infracción denunciada.

A la fecha del pronunciamiento de la resolución que declara desierta la apelación de la reclamante, se encontraba vigente la Ley de Tramitación Electrónica.