Laboral

El Tribunal de alzada descartó infracción de ley en la sentencia impugnada, dictada por el 2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que acogió la demanda.

La gestión pendiente incide en autos laborales seguidos ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en actual conocimiento de la Corte de la misma ciudad, por recurso de apelación.

El Tribunal estableció que en la especie, la empresa incurrió en incumplimiento grave de las obligaciones contractuales al no pagar, entre otras, la asignación familiar a la demandante.

El Tribunal de alzada rechazó el recurso de nulidad deducido por el banco en contra de la sentencia, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que acogió la demanda.

El finiquito suscrito por las partes y reconocido por la propia demandante tiene la naturaleza de sentencia firme o ejecutoriada.

No corresponde a un asunto susceptible de ser analizado por esta vía, puesto que se asienta en circunstancias fácticas y particularidades específicas del caso, cuyo análisis compete a la judicatura del fondo.

El tribunal de alzada estimó que, el artículo 292 inciso 3° del Código del Trabajo, no contempla elemento alguno que autorice considerar que no resulta aplicable el plazo de sesenta días para presentar la denuncia, contados desde que se produzca, la práctica antisindical.

La Corte Suprema consideró que, la existencia de pronunciamientos diversos emanados respecto de la materia debatida no procede unificar jurisprudencia, porque, aunque con otros fundamentos, coincide en rechazar la pretensión relativa a la materia de derecho propuesta.

El Tribunal de alzada mantuvo la sentencia impugnada, dictada por el Juzgado de Letras de Colina, que ordenó el pago de indemnización y prestaciones adeudadas a la docente.

Si no efectúa la denuncia administrativa en resguardo de sus derechos laborales habría continuado trabajando como si lo hizo el resto del personal.

La gestión pendiente incide en autos laborales de que conoce el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Valparaíso, en actual conocimiento de la Corte de Valparaíso, por recurso de hecho.

Concurre un elemento que autoriza a diferenciar la aplicación de la sanción en comento, cual es que fueron suscritos al amparo de un estatuto legal determinado que, en principio, les otorgaba una presunción de legalidad, lo que permite entender que no se encuentran típicamente en la hipótesis para la que se previó la figura de la nulidad del despido.

El máximo Tribunal declaró inadmisible el recurso por no cumplir con el requisito de entregar sentencias de contraste.

La Dirección del Trabajo señala que la existencia de la presunción de existencia de veracidad, surge como un mecanismo que posibilita la concreción y cumplimiento efectivo de los fines de la autoridad fiscalizadora.

En su resolución, la Magistratura constitucional sostuvo que concurre la causal de inadmisibilidad del requerimiento prevista en el numeral 5 del artículo 84 de la LOCTC, toda vez que el precepto legal cuestionado no resulta decisivo para la resolución del asunto judicial pendiente.

El máximo Tribunal rechazó los recursos promovidos en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago.

El Tribunal estableció que la parte recurrida no justificó la causal esgrimida en la carta de despido por supuesta necesidad de la empresa, de la trabajadora desvinculada el 24 de enero pasado.

La gestión pendiente incide en autos sobre recurso de unificación de jurisprudencia, seguido ante la Corte Suprema.

El Tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, dictada por el 2º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que estableció que el despido de la funcionaria fue discriminatorio en razón de su condición de salud.

Dichas acciones se hicieron valer una como principal y la otra en forma subsidiaria, de modo que desestimada la primera, bien podía acogerse la segunda, de manera que las decisiones de la a quo se pueden cumplir sin impedimento, por cuanto no se contraponen, así se concluye que no existen decisiones contrapuestas.

El pago de las cotizaciones iniciado el juicio no altera lo concluido por lo que se debe rechazar el recurso de nulidad.

El Tribunal estableció que el trabajador justificó las ausencias que motivaron su despido con una licencia médica emitida por 11 días de reposo, la cual fue recepcionada por el empleador.

El máximo Tribunal estableció que en la especie no corresponde acoger la prescripción de la acción incoada.

El Tribunal de alzada rechaza el recurso de nulidad deducido por la demandada en contra de la sentencia, dictada por el Primer Juzgado del Trabajo de Santiago, que acogió la acción de tutela laboral del facultativo.

En su resolución, la Magistratura constitucional sostuvo que concurre la causal de inadmisibilidad del requerimiento prevista en los numerales 3, 5 y 6 del artículo 84 de la LOCTC.

Queda obligada al pago total de la deuda en los mismos términos que el deudor principal.

Esto se desprende del tenor literal del artículo 485 inciso tercero del Código del Trabajo, al utilizar la expresión "en razón o como consecuencia" para hacer procedente la garantía a la indemnidad.

Se pospuso la adopción del acuerdo, decretándose una medida para mejor resolver oficiando a la Dirección del Trabajo.

El Tribunal de alzada estableció el actuar ilegal y arbitraria de la parte recurrida, la empresa Cine Star S.A., debido a que la denominada ley corta de protección del empleo, excluyó de la suspensión de la relación laboral a trabajadoras con fuero laboral.

El máximo Tribunal estableció que la demandada dueña de la obra, la agrupación habitacional Sol del Norte, debe responder solidariamente por las prestaciones e indemnizaciones adeudadas en los mismos términos que la empleadora directa.