Laboral

El máximo Tribunal señaló que, la sentencia impugnada careció de un pronunciamiento sustancial que diga relación con la materia de derecho propuesta.

La sentencia de la Corte Suprema fue acordada con el voto en contra de la ministra Gloria Ana Chevesich.

El máximo Tribunal mantuvo la sentencia que condenó en costas a la recurrente pagar a la trabajadora una indemnización total de $15.901.208.

La Corte de Santiago indicó que, el reproche de la recurrente más bien apuntó a la valoración de la juez a quo para configurar los indicios.

Lo que permite entender que no se encuentran típicamente en la hipótesis para la que se previó la figura de la nulidad del despido, y excluye, además, la idea de simulación o fraude por parte del empleador, que intenta ocultar por la vía de la contratación a honorarios la existencia de una relación laboral, que justifica la punición del inciso séptimo del artículo 162 del Código del Trabajo.

El Tribunal de alzada rechazó el recurso de nulidad deducido por la empresa en contra de la sentencia, dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que acogió la demanda deducida por Nicolás Peña Galleguillos.

El máximo Tribunal confirmó la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de San Miguel, que rechazó la restitución del aporte que efectuó la agencia publicitaria al seguro de cesantía.

El tribunal señaló que, la carta de aviso hizo una enunciación genérica, que no permite conocer las circunstancias que llevaron a la empleadora a tomar la decisión del despido.

El máximo Tribunal consideró que, la decisión impugnada no contiene ninguna interpretación sobre la materia de derecho planteada.

El objetivo principal del proyecto ingresado es bajar el plazo de la sanción y aplicarlo proporcionalmente al hecho.

El máximo Tribunal no hizo lugar al recurso intentado al no acompañar fallos de real cotejo.

Sentencia indicó que no se pudieron acreditar los dichos de la actora con los indicios presentados como decidores de la vulneración planteada.

El Tribunal de alzada rechazó el recurso de nulidad deducido en contra de la sentencia, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que acogió la demanda.

Tal conclusión se encuentra jurídicamente respaldada en el artículo 1556 del Código Civil.

Sentencia señaló que no concurren los requisitos necesarios para que la acción pueda prosperar.

Al no haber variado la situación fáctica que justificaba que no concurriera a sus labores habituales, ausencias de actora deben ser consideradas como justificadas.

El Tribunal de alzada acogió el recurso de nulidad deducido en contra de la resolución del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago y, sin nueva vista, dictó sentencia de reemplazo.

Sentencia señaló que los incumplimientos denunciados por la actora no son de tal gravedad para considerar como vulnerada su integridad psíquica.

Razona el fallo, que no yerra la sentencia impugnada al aplicar el procedimiento de tutela laboral a la demanda interpuesta por el funcionario, pues los funcionarios públicos a contrata pueden denunciar la afectación de sus derechos constitucionales ocurrida con ocasión de su relación funcionaria mediante el procedimiento de tutela laboral que establece el Código del Trabajo.

El máximo Tribunal no dio admisibilidad al recurso interpuesto en contra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que rechazó el recurso de nulidad interpuso contra la sentencia de base que acogió la demanda por vulneración de derechos fundamentales.

En fallo rechaza el recurso de nulidad deducido por la demandada Comercializadora J. León Sánchez Limitada, en contra de la sentencia, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que acogió la demanda.

Tribunal indicó que los hechos denunciados no revisten la gravedad denunciada por el demandante.

Razona la Corte que no yerra la sentencia impugnada al rechazar la excepción de incompetencia absoluta pues el procedimiento de tutela laboral se aplica respecto de las cuestiones suscitadas en la relación laboral por aplicación de las normas de dicho ámbito, que afecten los derechos fundamentales de los trabajadores.

El Tribunal de alzada confirmó la sentencia que rechazó la demanda deducida por el Sindicato Nacional de Trabajadores Número 1 de Farmacias Ahumada.

Luego de que la Sala designada por el Presidente del TC declarara la admisibilidad del requerimiento deducido, le corresponderá al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

En su resolución, la Magistratura Constitucional sostuvo que el requerimiento no cumple con lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 84 de la LOCTC, esto es, no da cumplimiento a la exigencia constitucional y legal de encontrarse razonablemente fundada.

El Tribunal de alzada revocó la sentencia que acogió la demanda, tras desestimar prácticas antisindicales en la empresa y en las divisiones de la cuprera.

El máximo Tribunal rechazó el recurso interpuesto contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que hizo lugar a la demanda y ordenó a la empresa pagar las prestaciones y cotizaciones adeudadas al trabajador.

En la sentencia, el Tribunal estableció que la demandada no logró acreditar la causa esgrimida para poner término a la relación laboral por necesidad de la empresa.

El máximo Tribunal estableció que hubo falta o abuso de los jueces recurridos al declarar la caducidad de la acción por presentación de una licencia médica antes del despido.