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El máximo Tribunal acogió un recurso de protección contra el corte de suministro eléctrico en un lote rural no constituido como condominio, al determinar que la medida era ilegal y carecía de fundamento legal. Se ordenó a la empresa proveedora restituir de inmediato el suministro, señalando que la ley solo autoriza cortes en casos específicos regulados para condominios y que los requisitos de orden del administrador y acuerdo del comité no se cumplieron.

La requirente cuestiona el inciso cuarto del artículo primero transitorio de la Ley N°21.634, que restringe la aplicación de modificaciones al Capítulo V de la Ley N°19.886 solo a causas iniciadas después de la entrada en vigencia de la norma. La gestión pendiente se centra en la denegación de un recurso de apelación considerado extemporáneo por el Tribunal de Contratación Pública, lo que, según estima la requirente, vulnera su derecho a la igualdad ante la ley y a la tutela judicial efectiva.

El máximo Tribunal acogió en alzada un recurso de protección y ordenó a la Superintendencia de Seguridad Social y a la COMPIN pagar de inmediato licencias médicas pre y post natal, tras concluir que el rechazo previo carecía de sustento fáctico y motivación suficiente, constituyendo una actuación ilegal y arbitraria. La decisión contó con voto en contra, que consideró que el derecho alegado no era indubitado.

El pronunciamiento establece que, de manera excepcional y mediante estipulación expresa en sus contratos, funcionarios a honorarios con calidad de agentes públicos pueden ejercer funciones críticas de rendición de cuentas en el Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas (SISREC), reforzando la supervisión y control administrativo en la gestión de recursos públicos.

A quince años del rescate, el desafío no es técnico, sino institucional: asegurar que la prevención minera sea una política de Estado.

La Contraloría General de la República ha aprobado la Resolución Exenta N° E20892/2025, que declara infracción grave al principio de probidad contra la ex alcaldesa Lorena Facuse Rojas por reuniones políticas realizadas en horario laboral en dependencias municipales. Con esta determinación corre el riesgo de ser inhabilitada durante cinco años para ejercer cargos públicos, en un contexto donde el nepotismo y la reincidencia se suman como agravantes.

Mantiene la responsabilidad solidaria del ministerio, no subsidiaria. Confirma la sanción de nulidad del despido. Establece que el MOP incumplió sus deberes de información y retención. Interpreta que la ley no distingue entre entidades públicas y privadas en materia de subcontratación

El máximo tribunal respaldó el fallo de la Corte de Valparaíso que confirmó la sanción aplicada por la Superintendencia de Educación, tras constatarse deterioro en los servicios higiénicos del establecimiento y falta de capacitación del personal en el uso de extintores.

El tribunal desestimó la reclamación presentada contra la Superintendencia de Seguridad Social, que sancionó a una profesional con 7,5 UTM por emitir una licencia médica carente de justificación.

La Magistratura rechazó el requerimiento de la Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación, que cuestionaba los artículos 489 y 493 del Código del Trabajo por supuesta vulneración de los principios de proporcionalidad e igualdad. Concluyó que las normas establecen parámetros claros para la indemnización y un sistema de carga probatoria que protege al trabajador, sin afectar el derecho a defensa del empleador.

La Corte confirmó la sanción impuesta por la transmisión del programa “Hay que Decirlo” en horario de protección de menores, donde se abordaron rituales amorosos que podrían afectar la formación espiritual e intelectual de niños y adolescentes.

La requirente solicitó declarar inaplicable la expresión “soltera o viuda” del artículo 9° del D.L. 3.500, argumentando que la norma discrimina a personas divorciadas que convivieron y dependieron económicamente del causante. El requerimiento podría definir si la recurrente accede a la pensión de sobrevivencia que le fue negada por la AFP.

La Corte confirmó la resolución del CPLT que ordenó a la Tesorería entregar datos bancarios y procedimientos para el pago de contribuciones, estableciendo que la información pública cuya publicidad se presume debe ser facilitada, siempre que no sea inexistente ni esté reservada por ley.

El tribunal determinó que la acción fue presentada fuera del plazo legal de quince días previsto en la Ley de Transparencia, motivo por el cual no se pronunció sobre el fondo del reclamo, manteniéndose firme la resolución que ordenó entregar la información sobre duplicados de placas patentes solicitados por personas jurídicas.

El órgano contralor precisó que, aunque la contaminación del agua no se considera formalmente una emergencia hídrica, puede tratarse como interrupción del servicio de agua potable, permitiendo a los municipios solicitar recursos del Programa de Respuesta para la Emergencia Hídrica (PREH) a través de SENAPRED.

El dictamen precisó que mientras no se haya pagado el beneficio del retiro, la relación laboral y la responsabilidad administrativa del funcionario permanecen vigentes, por lo que un sumario puede seguir su curso y culminar con destitución, impidiendo el acceso a los beneficios de la Ley N°20.919.

La reciente sentencia del Tribunal Constitucional del Perú (152/2025) establece criterios sobre los alcances de la inmunidad del presidente en ejercicio, definiendo qué actos de investigación puede realizar la Fiscalía y bajo qué condiciones. A partir del artículo 117 de la Constitución, el fallo busca armonizar la protección institucional de la Presidencia con el deber del Estado de investigar delitos, estableciendo límites y procedimientos claros para investigar sin afectar el funcionamiento del cargo presidencial. La decisión marca un precedente en el equilibrio entre prerrogativas constitu

El Consejo para la Transparencia emitió recomendaciones para que los organismos públicos informen sobre el uso de algoritmos y sistemas automatizados en sus decisiones, buscando aumentar la confianza ciudadana, prevenir afectaciones a derechos fundamentales y promover una transparencia efectiva y comprensible. En un contexto de rápida evolución tecnológica y falta de regulación específica, estas directrices buscan equilibrar innovación, rendición de cuentas y protección de derechos, proponiendo políticas públicas resilientes, con enfoque participativo y adaptables al ritmo del desarrollo de la

Este artículo analiza la aplicación de penas sustitutivas establecidas en la Ley 18.216 a condenados por delitos de abuso sexual contra menores, en el contexto de la entrada en vigor de la Ley 21.523, conocida como "Ley Antonia". A partir de fallos judiciales, se examina la ambigüedad legislativa generada por la reforma y sus efectos en la seguridad jurídica tanto para imputados como para víctimas, destacando la persistencia de criterios dispares en los tribunales y las falencias técnicas de la normativa, particularmente en la exclusión o no de la libertad vigilada intensiva como pena proceden

La Corte confirmó la legalidad del procedimiento sancionatorio de la Superintendencia, rechazando la reclamación de la Corporación Educacional. La multa de 75 UTM fue aplicada por cinco infracciones a la normativa educacional, incluyendo deficiencias en infraestructura, servicios higiénicos y coordinación con organismos de protección.

La Corte ordenó el pago de la indemnización adicional prevista en el Protocolo de Traspaso de Personal del Grupo Telefónica. Concluyó que el despido no se ajustó a derecho, y que la reestructuración organizacional alegada por la empresa encuadra en los supuestos del protocolo que justifican el resarcimiento, garantizando la continuidad laboral y el reconocimiento de los años de servicio.

El máximo Tribunal acogió la demanda de una asegurada contra una compañía de seguros, tras establecer que, al haber transcurrido más de dos años desde la contratación del seguro y no haberse probado dolo, el principio de indisputabilidad impide a la aseguradora rechazar la cobertura, obligándola a pagar $21.958.760.- por gastos médicos y otras prestaciones amparadas en la póliza.

La Corte desestimó el reclamo contra la DGA por sanciones que superan las 618 UTM, por extracción no autorizada de aguas, incumplimiento en la instalación de sistemas de medición y omisión en la entrega de información. El tribunal señaló que su revisión se limita a verificar la legalidad de las decisiones de la DGA, sin poder analizar los antecedentes técnicos que respaldan las multas.

El tribunal acogió el reclamo interpuesto por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, al considerar que la solicitud de datos sobre todas las raciones administradas en establecimientos educacionales del país entre 2017 y 2022 era genérica y exigiría una dedicación exclusiva de funcionarios que afectaría el debido cumplimiento de sus funciones.

La decisión reconoce que la Dirección General de Aguas (DGA) incluyó en el cobro de patentes derechos de aprovechamiento de aguas que estaban afectos a concesión sanitaria y debieron estar exentos. Se ordenó excluir del cobro de patente por no uso de aguas los derechos de aprovechamiento en los que se detectaron inconsistencias.

El dictamen precisó que los municipios deben dar de baja en sus registros la porción expropiada de los inmuebles, aplicar la norma de corrección de errores si el ajuste no se realizó oportunamente y valorizar los terrenos considerando el valor libro y la superficie afectada por la expropiación.

El pronunciamiento precisó que no es válida la expulsión individual de un dirigente sin que medie censura al directorio completo o incumplimiento de los requisitos para el cargo, y que la Dirección del Trabajo carece de competencia para revisar medidas de censura o expulsión de afiliados, materias que deben ser resueltas por los tribunales.

La Cuarta Sala de la Corte de Santiago rechazó el reclamo de acceso a información sobre licencias médicas no autorizadas de funcionarios municipales, confirmando la decisión del CPLT. El ministro Matías de la Noi votó en contra, estimando que la información puede entregarse sin revelar datos personales, limitándose únicamente a detallar el estado de tramitación de las licencias, protegiendo la privacidad de los funcionarios.

Estableció que, al existir un plazo expreso pactado para el cumplimiento de la obligación, el deudor incurre en mora desde su vencimiento, correspondiendo aplicar intereses desde esa fecha y no desde la interposición de la demanda.

Los titulares de instalaciones fotovoltaicas y eólicas deberán adoptar todas las medidas necesarias a fin de evitar y controlar posibles impactos en las superficies operacionales en las que se desarrolla el fenómeno natural en la Región de Atacama.