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Decisión de dividir patio común genera preocupación por derechos de internos adultos mayores.

El requirente impugna las normas que fijan plazo de cinco días para reclamar nulidad procesal por falta de emplazamiento, alegando que el término es arbitrario y desproporcionado, impide una defensa efectiva y genera desigualdad entre las partes del juicio civil.

El máximo Tribunal estableció que la autoridad universitaria actuó de manera arbitraria al declarar vacante el cargo sin considerar el informe técnico de la COMPIN que determinó que la salud de la funcionaria era recuperable. Se ordenó su reincorporación y el pago de todas las remuneraciones desde la fecha de separación.

Decreto municipal constituyó una invalidación encubierta, no un nuevo acto administrativo. La invalidación no cumplió con los requisitos legales del artículo 53 de la Ley N°19.880. Confirmó fallo de la Corte de Temuco que declaró ilegal decreto municipal que dejó sin efecto la prórroga de una contrata vulnerando el derecho de propiedad, al privar arbitrariamente a la funcionaria de su cargo y de las remuneraciones correspondientes. Ordenó su reincorporación y el pago de las sumas adeudadas.

El requirente alega que la aplicación del precepto impugnado en un juicio ejecutivo por cobro de mutuo vulnera las garantías de igualdad, debido proceso y propiedad, pues obligaría a subastar su inmueble en Pucón por un valor muy inferior al de mercado.

Ratificó la decisión de la Corte de Chillán que desestimó la acción presentada por el centro médico, al considerar que la autoridad actuó conforme a la normativa sanitaria al negar la autorización para instalar una unidad de angiografía en un establecimiento de atención ambulatoria. Seguridad sanitaria prima sobre la libertad económica en regulación de procedimientos cardiológicos.

Confirmó decisión de la Corte de Santiago, al sostener que el recurso de protección no constituye la vía idónea para impugnar actos administrativos de carácter disciplinario, debiendo recurrirse al procedimiento especial de reclamo de ilegalidad previsto en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. No se configuró el decaimiento del procedimiento administrativo. La acción disciplinaria no estaba prescrita debido a la reiteración de faltas.

Ratificó la sanción aplicada por la SEC a CGE, consistente en una multa de 1.500 UTM, tras comprobarse que la empresa puso en servicio dos proyectos de generación sin la autorización previa del Coordinador Eléctrico Nacional, requisito esencial para resguardar la seguridad y continuidad del sistema eléctrico.

El máximo Tribunal acogió un recurso de casación en el fondo y determinó que la acción de nulidad absoluta de un acto constitutivo de sindicato debe tramitarse por el procedimiento ordinario civil, diferenciándola de la acción de disolución prevista en el Código del Trabajo y desestimando que los tribunales laborales conozcan de estas causas.

La práctica legal está atravesando una transformación profunda: el abogado tradicional, centrado en la experticia jurídica individual, da paso a profesionales híbridos que combinan derecho con tecnología, gestión, datos y procesos. Este artículo explora los nuevos arquetipos legales y ofrece una hoja de ruta para la adaptación en un mercado en rápida evolución.

El Colegio de Mediadores de Chile AG impulsa un importante proyecto de ley que busca proteger los derechos de personas mayores y con discapacidad, promoviendo el acceso a la justicia y la resolución no adversarial de conflictos familiares mediante mediación, fortaleciendo su bienestar, autonomía y vínculos familiares.

Recientes fallos judiciales en Argentina redefinen los límites del arbitraje comercial, destacando la necesidad de cláusulas compromisorias claras, la renuncia expresa a la apelación de laudos y los criterios sobre materias no arbitrables. Además, los tribunales precisan que no es obligatorio que todos los árbitros sean abogados, reforzando la autonomía de las partes en la conformación de los tribunales arbitrales.

El abandono de un bebé nacido por subrogación en Córdoba revela más que un hecho trágico: desnuda el vacío legal que deja a los niños desprotegidos y convierte a los adultos en actores sin responsabilidades claras. Prohibir la subrogación no soluciona nada; solo la regulación estricta y respetuosa de derechos garantiza protección, dignidad y seguridad jurídica para los más vulnerables.

El municipio impugna el artículo 472 del Código del Trabajo, que establece la inapelabilidad de las resoluciones en procedimientos de cumplimiento de sentencias laborales, y de los incisos quinto a noveno del artículo 162, sobre nulidad del despido. Alega que estas disposiciones vulneran el derecho al debido proceso y al recurso, al impedir la revisión judicial de una resolución que le atribuye responsabilidad subsidiaria por deudas laborales de una empresa contratista.

La Corte Suprema confirmó la decisión de la Corte de Santiago al concluir que la negativa a permitir la inscripción de asignaturas se fundó en el incumplimiento de obligaciones financieras y en la normativa interna del plantel, sin configurarse arbitrariedad ni ilegalidad.

La Corte Suprema revocó la sentencia de la Corte de Talca y acogió un recurso de protección, señalando que la Tesorería carece de facultades legales para aplicar compensaciones sobre créditos estudiantiles, por tratarse de una materia regulada por un régimen especial en la Ley N° 20.027.

La Corte concluyó que la omisión de reintegrar al odontólogo a su cargo de Jefe del Servicio Dental, tras ser absuelto en un sumario por acoso laboral, constituyó un acto ilegal y arbitrario. La resolución ordena restituir al profesional en sus funciones y condiciones económicas originales, considerando que la comisión de servicio temporal no podía sustituir indefinidamente su cargo ni implicar funciones de menor jerarquía.

La Corporación Municipal de Lampa impugnó la norma del Decreto Ley N° 3.500 que ordena capitalizar mensualmente los intereses por cotizaciones previsionales impagas, alegando que genera deudas desproporcionadas y vulnera el derecho de propiedad y el principio de proporcionalidad. El requerimiento fue rechazado tras un empate de votos.

El máximo Tribunal determinó que la entidad actuó de manera ilegal y arbitraria al exceder ampliamente el plazo de 30 días para resolver una denuncia por acoso laboral bajo la Ley N°21.643 ("Ley Karin"). La mantención indefinida de medidas de resguardo, como la atención psicológica y el permiso con goce de remuneraciones, vulnera el derecho de propiedad del empleador y ordenó concluir el procedimiento respetando estrictamente los plazos legales.

El dictamen establece que, ante el término de sus funciones en enero de 2026, el SENAME deberá ejecutar un cierre contable y presupuestario completo, transfiriendo sus activos, pasivos y patrimonio al SNRSJ, que asume su rol legal como continuador institucional conforme a la Ley N° 21.527.

El pronunciamiento de la Dirección del Trabajo determinó que la empresa principal no puede intervenir en la contratación ni reemplazo de trabajadores de la contratista, reafirmando que en la subcontratación la relación laboral se establece exclusivamente entre el trabajador y su empleador directo.

La Superintendencia del Medio Ambiente impuso una sanción de 4.713 UTA a la empresa Albemarle Ltda., tras constatar dos infracciones ambientales graves: exceso en el caudal autorizado y omisión de medidas preventivas en el sistema de alerta acuífero del Salar de Atacama, una zona clave para la producción de litio.

El beneficiario fue acogido por la Corte de Apelaciones de Coyhaique por “conducta intachable” y bajo puntaje de compromiso delictual; el Gobierno anunció que apelará la decisión y han surgido expresiones de rechazo desde el Congreso.

La Magistratura descartó que la disposición impugnada tenga carácter sancionatorio, precisando que la imposibilidad de deducir pérdidas o gastos provenientes de derivados constituye una consecuencia tributaria derivada del incumplimiento de las declaraciones juradas exigidas por el Servicio de Impuestos Internos. La medida persigue una finalidad legítima de control fiscal y no vulnera los principios de proporcionalidad, igualdad ante la ley ni las garantías del debido proceso invocadas por la requirente.

El máximo Tribunal revocó la multa de 51 UTM impuesta por la Superintendencia de Educación, señalando que los funcionarios del colegio actuaron conforme a la información disponible al momento del accidente, el cual no presentaba signos evidentes de gravedad que exigieran la aplicación del protocolo de accidentes graves.

Invalidó una sentencia por apartarse de la sana crítica en la valoración de la prueba pericial y reafirmó que la posesión inscrita goza de la protección de la fe pública registral.

El requirente sostiene que la norma vulnera el derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, al impedir a la Corte de Apelaciones revisar medidas que podrían evitar perjuicios irreparables mientras se conoce el recurso. La Segunda Sala del Tribunal Constitucional deberá resolver si admite a trámite el requerimiento, para luego eventualmente pronunciarse el Pleno sobre el fondo.

Sostuvo que la negativa a reconsiderar la apertura de un término probatorio es un acto de mero trámite y, en consecuencia, no puede ser impugnado por la vía de casación.

Ratificó sanción de 5,1 UTA aplicada a establecimiento turístico por superar en 22 decibeles el límite nocturno permitido, subrayando que la SMA justificó adecuadamente el beneficio económico obtenido, el riesgo significativo para la salud de la población y el número de personas potencialmente afectadas y concluye que la resolución sancionatoria está debidamente motivada.

El dictamen precisa que el Ministerio del Medio Ambiente, mediante decreto supremo y con informe técnico de los organismos competentes, puede establecer nuevas áreas protegidas del Estado y privadas, garantizando la gestión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y la preservación de la biodiversidad, incluso antes de que entre en funcionamiento el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y sin necesidad de los reglamentos pendientes.