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El requirente plantea que el artículo 8, numeral 9), segundo párrafo, de la Ley 18.101 impide al demandado solicitar orden de no innovar durante la apelación de una sentencia definitiva en un procedimiento sumario especial. Sostiene que la gestión pendiente involucra un juicio complejo sobre la verdadera naturaleza de un contrato, cuya ejecución inmediata podría afectar gravemente los derechos del recurrente.

La Corte Suprema anuló de oficio la sentencia de la Corte de Antofagasta, que había condenado solidariamente al hospital y a una clínica oftalmológica por la pérdida de visión de un paciente. El máximo Tribunal determinó que la clínica actuó conforme al convenio vigente y que el daño se produjo exclusivamente por la falta de respuesta oportuna del hospital.

El cambio de apellido es un derecho legal en Chile que permite a las personas modificar su identificación oficial por razones personales, familiares o de seguridad. Este trámite, regulado por la Ley N.º 17.344, implica pasos formales ante el Registro Civil y los tribunales, por lo que contar con asesoría legal puede ser clave para un proceso exitoso.

Reconoce la posibilidad de que el denunciante se desista por escrito de la denuncia realizada.

Resolvió que, tratándose de vínculos a honorarios en órganos de la Administración del Estado posteriormente calificados como relaciones laborales, el empleador debe enterar las cotizaciones de seguridad social, salvo que existan cláusulas que asignen dicha obligación al trabajador o éste las haya pagado directamente. En el caso, se ordenó excluir multas y aplicar intereses sólo desde la ejecutoria de la sentencia que declaró la relación laboral.

El pronunciamiento establece que el derecho a cinco días hábiles de permiso pagado se aplica de manera separada tanto para el acuerdo de unión civil como para el matrimonio civil, siempre que se cumplan los requisitos formales de aviso y presentación de certificados, garantizando la protección de los derechos laborales en cada evento.

La Red de Abogadas Mineras (ReM) es la primera iniciativa que reúne a profesionales femeninas del derecho minero con la finalidad de fortalecer su impacto en la industria.

La Dirección del Trabajo aclara que para que un trabajador pueda solicitar trabajo a distancia o teletrabajo por cuidar a una persona con discapacidad o dependencia severa o moderada, solo es válido el certificado emitido por el Ministerio de Desarrollo Social, dejando fuera documentos como certificados médicos.

Es necesario comprender y monitorear la "cadena de pensamiento" de los sistemas de Inteligencia Artificial

El Consejo para la Transparencia dio a conocer los antecedentes entregados por el Servicio de Impuestos Internos sobre el procedimiento de determinación del avalúo fiscal de bienes raíces no agrícolas. Este proceso, que impacta directamente en el cálculo de contribuciones, se realiza cada cuatro años y considera datos de mercado, tasaciones y análisis técnico territorial.

Si perito original se encuentra fuera del territorio nacional ello constituye una "incapacidad sobreviniente" y justifica la declaración de otro experto del Servicio Médico Legal. Prueba de alcotest arrojó 0,95 gramos de alcohol en la sangre. Pericia de alcoholemia mostró 0,57 gramos de alcohol en la sangre (tomada 6 horas después). El informe pericial de retroproyección estimó 1,15 gramos de alcohol por litro de sangre al momento del accidente.

Revocó la sentencia del Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Valparaíso, por considerar que las órdenes de arresto carecen de fundamento legal y configura una amenaza actual a su libertad personal y seguridad individual

Considera arbitraria la prolongada internación hospitalaria sin justificación médica

Para la prescripción de penas debe considerarse la sanción impuesta y no el tipo de delito

El máximo Tribunal confirmó que el recurso de protección presentado contra la Municipalidad de Lo Barnechea no procede, al determinar que la legalidad del decreto alcaldicio que ordena la inhabilidad, desalojo y demolición de construcciones irregulares debe resolverse mediante el procedimiento legal correspondiente, considerando que los derechos invocados por los recurrentes no son claros ni preexistentes y que no acreditaron ser propietarios de los terrenos afectados.

El máximo Tribunal confirmó la decisión que protegió a un grupo de propietarios tras el cierre unilateral de un camino de acceso a sus predios, señalando que la acción de los recurridos constituyó un acto de autotutela prohibido por la ley, alterando derechos consolidados sin recurrir a los tribunales competentes.

Se acogió un recurso de protección en contra de la Municipalidad de Los Ángeles y la Delegación Presidencial del Biobío, tras la suspensión del suministro de agua potable al domicilio de un vecino. El Tribunal constató que la interrupción del servicio vulneró derechos fundamentales a la vida, integridad física y psíquica, y a la salud, y ordenó restituir el suministro e ingresar al recurrente a un programa que garantice la descontaminación de su pozo.

La Corte de Santiago confirmó la privación temporal del 3% de la subvención mensual al Colegio Lo Errázuriz, tras constatarse falta de idoneidad docente, ausencia de actualización del contrato de la directora y carencia de certificación religiosa de un profesor. Concluyó que la sanción se ajusta a derecho y que se respetaron todas las garantías del debido proceso.

El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento presentado en el marco de un recurso de apelación seguido ante la Corte de Punta Arenas, donde se excluyó la declaración de testigos por aplicación del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil. La mayoría sostuvo que se trata de una cuestión de mera legalidad, cuya revisión corresponde al tribunal de alzada, y que la norma impugnada no vulnera la igualdad ni el debido proceso al existir otros medios probatorios alternativos.

La Corte determinó que la orden de expulsión vulnera el artículo 4° de la Ley de Migración y Extranjería, que protege el interés superior de los menores. Se acreditó que el reclamante ingresó a Chile siendo menor de edad, por lo que, conforme a la normativa, los menores extranjeros que cometen infracciones migratorias no pueden ser sancionados.

La Dirección del Trabajo aclara que empleadores no pueden considerar antecedentes como licencias médicas, historial financiero o judicial, salvo que afecten directamente la capacidad para el puesto, garantizando el derecho a la privacidad y la no discriminación.

El ente contralor precisó que los municipios continúan siendo responsables de tramitar sumarios disciplinarios de empleados de sus DAEM que no fueron incorporados a los servicios locales de educación pública, mientras que los procesos de funcionarios transferidos quedan a cargo de los servicios locales.

La Corte de Santiago determinó que la entrega de los datos solicitados no afecta el orden público, la seguridad nacional ni derechos de terceros, señalando que la información se encuentra en poder del Ministerio y que la Ley de Transparencia establece de manera taxativa las únicas causales de secreto o reserva.

Las elecciones generales del 17 de agosto en Bolivia marcaron un giro histórico con la sorpresiva victoria de Rodrigo Paz en primera vuelta y la estrepitosa caída del MAS, luego de 20 años de hegemonía. En medio de una profunda crisis social y económica, el país se encamina a un balotaje clave que definirá no solo a su próximo presidente, sino también el futuro del modelo político boliviano.

La fuga de Alberto Carlos Mejía Hernández, imputado por el asesinato del denominado Rey de Meiggs, expuso con crudeza las limitaciones del sistema penal chileno ante el crimen organizado. El caso no solo cuestiona el uso de garantías procesales, sino que exige una reforma profunda que permita equilibrar la seguridad ciudadana con los derechos fundamentales, sin caer en respuestas populistas ni renunciar al Estado de Derecho.

Universidad de Magallanes debe permitir a estudiante completar su proceso de titulación sin exigencias pecuniarias

La Corte confirmó que el establecimiento educacional no cumplió plenamente con su reglamento interno al separar a un estudiante acusado de acoso y abuso sexual sin realizar indagaciones mínimas sobre los hechos. La sanción de 65 UTM aplicada por la Superintendencia de Educación se ajusta a la ley y refleja la infracción cometida.

Anula fallo del tribunal de alzada que omitió fundamentos esenciales y hechos relevantes, como transacciones posteriores al bloqueo del dispositivo de seguridad y por reducir indemnización por daño emergente y rechazar el daño moral. Condenó al Banco a pagar 4.162.478.- por daño emergente y 3.750.000.- por daño moral.

El máximo Tribunal revocó el fallo que anuló la expulsión dictada por el Servicio Nacional de Migraciones contra un ciudadano venezolano que ingresó clandestinamente al país. El fallo contó con votos disidentes que enfatizaron la protección especial para migrantes venezolanos basada en la Declaración de Cartagena y el principio de no devolución.

El máximo Tribunal anuló la sentencia de la Corte de Concepción que había ordenado la restitución de un inmueble, tras concluir que la ocupante cuenta con contratos de arrendamiento válidos y jurídicamente oponibles, lo cual excluye la existencia de precario, ya que la tenencia no es meramente tolerada ni carente de justificación.