Asuntos de Interés Público

Multas aplicadas el año pasado llegaron a récord de UF 6.250. Mayoría fue por incumplimientos detectados durante las fiscalizaciones in situ que realiza la UAF.

El Tribunal de alzada condenó al ex integrante de Carabineros, Roque Isaías Albornoz Solar a la pena de 4 años de presidio efectivo, en calidad de autor del delito.

El Tribunal de alzada confirmó la resolución recurrida, dictada el 16 de marzo pasado, tras establecer que en el fallo impugnado se realizó una correcta valoración del Derecho y las pruebas.

El máximo Tribunal estimó que resulta competente la Corte de Apelaciones de Concepción para conocer de los hechos expuestos en la presente acción de cautela de derechos constitucionales.

La recurrente estimó vulnerada su garantía constitucional del derecho de propiedad.

La decisión fue adoptada con la prevención del Ministro Muñoz y el voto en contra de la Ministra Sandoval y del Abogado integrante Pallavicini.

El fallo concluyó revocando la sentencia impugnada y declaró que la acción de amparo es admisible.

El recurrente fundó su recurso en la causal del artículo 477 y en el artículo 12, todos del Código del Trabajo.

El fallo fue acordado con los votos en contra de la Ministra Sandoval y el Abogado Integrante Matus quienes fueron del parecer de revocar la sentencia en alzada y de rechazar el recurso de protección en virtud de sus propios argumentos.

La recurrente estimó vulneradas sus garantías constitucionales de derecho a la honra y propiedad.

La decisión fue adoptada con el voto en contra del Ministro Muñoz.

De este modo, el máximo Tribunal confirmó la decisión de la Corte de Santiago.

El autor estima que la tipificación de estas omisiones, que no merecen la misma pena que la realización activa del delito correspondiente, sigue siendo una tarea pendiente.

Se concluye revocando la sentencia apelada que tuvo por no presentada la demanda y se resuelve en su lugar que se tiene por cumplido lo ordenado, debiendo el tribunal dar curso a la tramitación de la demanda.

El amparado estimó vulnerada la garantía del artículo 19 N°7, de la Constitución Política.

El máximo Tribunal señaló que la errónea aplicación de la ley en que incurrió la Corte de Arica, tuvo influencia substancial en lo dispositivo del fallo, pues se rechazó un incidente en circunstancias que éste era procedente.

La decisión fue adoptada con el voto en contra del Ministro Muñoz.

El informe acusa, entre otros, falta de acceso a la información requerida y omisión por parte del directorio en el análisis de cláusulas contractuales de ejecutivos de la empresa.

Las sentencias se refieren a los fallos de un ministro en visita de la Corte de Concepción de 4 de junio de 2004 y el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Angol de 27 de septiembre de 2003 y 22 de agosto de 2004, en que los 8 acusados fueron condenados como autores de diversos delitos previstos en la Ley 18.314, o Ley Antiterrorista.

El Tribunal de alzada desestimó la acción proteccional deducida en contra de los miembros de la comisión parlamentaria, tras establecer que en la especie no existe vulneración de garantías constitucionales.

Otros temas presentados en las propuestas legislativas son equidad de género y protección a los trabajadores.

El Tribunal ordenó pagar $ 110.141 por daño emergente y $ 500.000 por daño moral a la pasajera, al considerar actuar negligente de la aerolínea en un viaje a Copiapó en abril de 2018.

El Tribunal de alzada descartó actuar arbitrario de Gendarmería al abrir investigación administrativa en contra de los recurrentes.

El Tribunal rechazó la acción de tutela laboral, tras establecer que el cargo que ocupaba el demandante, además de su carácter técnico, posee un perfil eminentemente político.

"Estamos realizando diligencias en el marco de la causa rol 4.473 del Juzgado de Letras de Pucón, por el episodio denominado ´Los ocho de Pucón´, que se refiere a ocho jóvenes que fueron detenidos y, posteriormente, ejecutados en ese sector", indicó el ministro.

El Tribunal sostuvo que "existen motivos plausibles que determinan la necesidad de asegurarle a la demandante los resultados del juicio a través de la medida precautoria solicitada, habiéndose señalado para tales efectos bienes en cantidad suficiente al monto del perjuicio reclamado".

El Tribunal rechazó la solicitud de reapertura de la investigación planteada por el Consejo de Defensa del Estado con el objetivo de alzar el secreto bancario y peritajes a la cuenta corriente que habría abierto el imputado Marco Enríquez-Ominami, para el financiamiento de campaña política.

El Tribunal acogió la acción judicial, tras establecer la existencia, desde antes de 1935, de la servidumbre demandada, por lo que dispuso su registro en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago.

El Tribunal de alzada acogió la acción constitucional, tras establecer el actuar arbitrario e ilegal de la recurrida.

En igual período, también creció en un 90 por ciento el número de personas absueltas tras ser sometidas a esta medida cautelar.