Contraloría

El ente contralor adujo que Para los efectos de contabilizar el número de asistentes permitidos por el protocolo de funerales que indica en sepelios realizados en el contexto de la pandemia de COVID-19, se debe considerar a todas las personas presentes en ellos y la calidad en la que concurren.

Esto, a propósito de solicitud de pronunciamiento pedida por del director del Servicio de Impuestos Internos.

Entre los más destacados, resalta el que concluye que los Servidores públicos que indica pueden ser candidatos a integrar la convención constitucional.

Esto, a propósito de solicitud de una particular respecto de si le asiste el derecho a obtener la restitución de las cotizaciones efectuadas mientras fue funcionaria del Hospital Regional de Concepción, entre los años 1982 y 1989, por concepto de indemnización de desahucio.

Esto, a propósito de solicitud del Senador Alejandro Guillier, quien pide un pronunciamiento en relación a si se ajusta a derecho el procedimiento de otorgamiento de beneficios adicionales o complementarios a quienes fueron favorecidos con la Beca de Doctorado Nacional, seguido por la entonces Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT), actual Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID).

Esto, a propósito de solicitud de particular que le dedujeron monto correspondiente a los servicios que no se hubieren prestado durante el respectivo período, conforme a una cláusula del convenio que faculta a la cartera del ramo para efectuar dicho descuento en las situaciones que señala.

El ente contralor adujo que las sumas que integran el patrimonio de afectación referido constituyen caudales públicos que se administran en forma separada e independiente del presupuesto del Ejército.

Esto, a propósito de presentación formulada ante esta Contraloría General, por la cual se pide un pronunciamiento acerca de la juridicidad de que el CNTV autorice a la Productora Fábula para emitir la serie La Jauría por la plataforma Amazon Prime con anterioridad a hacerlo por Televisión Nacional de Chile.

El objeto de la asociación en comento dice relación con facilitar la solución del problema común relativo a la seguridad de los vecinos.

Se analizó si se encuentra ajustado a derecho el contrato celebrado para la adquisición de dichas cajas alimentarias con el proveedor “Alvi Supermercado Mayorista S.A.”, perteneciente al holding SMU, controlado por la familia Saieh.

El ente contralor adujo que, no obstante encontrarse incapacitada para su desempeño, en razón de la protección de los principios de la buena fe y la seguridad o certeza jurídica, es necesario reconocer la legitimidad y eficacia de los actos administrativos ejecutados en tal calidad.

Asimismo, el órgano contralor se pronunció sobre si el otorgamiento del permiso sin goce de remuneraciones para los funcionarios públicos que resulten elegidos integrantes de la Convención Constitucional, es obligatorio para el jefe superior del servicio al que pertenece el servidor o si ello constituye una facultad discrecional para este último.

Requeridos al efecto, el Ministerio de Educación y la Dirección de Educación Pública informaron sobre la materia, señalando que la ley N° 21.040 no distingue si los inmuebles afectos a la prestación del servicio educacional fueron adquiridos a título gratuito o a título oneroso.

El ente contralor adujo que corresponde que esa empresa emita un informe jurídico, acompañando la documentación de respaldo e indicando las circunstancias de hecho y de derecho que resulten pertinentes.

El ente contralor adujo que atendido que se encuentra en curso el referido procedimiento administrativo y, particularmente, que el SII no ha determinado la situación concreta de cada uno de los funcionarios públicos hasta la fecha, esta Contraloría General señaló que no resultaba procedente la adopción de medidas disciplinarias, por ahora.

El ente contralor adujo que la FACH se encuentra facultada para exigir una caución por permanencia por el término de 5 años, al personal que sea destinado a efectuar un curso de perfeccionamiento, y a su vez los funcionarios de las instituciones castrenses están obligados a garantizar su permanencia en el servicio, a fin de evitar su abandono en forma voluntaria y para asegurar la entrega a favor del mismo de los conocimientos que ha adquirido por un plazo mínimo.

Esto, a propósito de solicitud del Alcalde de la Municipalidad de Ancud, quien requirió un pronunciamiento en relación con el bono para los trabajadores de las empresas concesionarias de aseo contemplado en la ley Nº 21.125.

El ente contralor adujo que lo señalado, debe ser regulado en sus respectivos reglamentos de funcionamiento interno.

El ente contralor adujo que la prohibición legal la constituye la entrega de bolsas plásticas de comercio, a cualquier título, esto es, proporcionarlas para los fines de transportar la mercadería adquirida, acción diferente al comercio de aquellas, aspecto al que aluden los recurrentes y que no es el objeto del pronunciamiento en cuestión.

El órgano contralor adujo que corresponde que ese organismo público dilucide la eventual afectación de la totalidad de los usuarios de la respectiva corriente -incluidos los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas-, y adopte las medidas que sean atingentes.

Esto, a propósito de solicitud del diputado Leonidas Romero Sáez, a través de la cual requiere que se determine si procede lo señalado, cuando estos instrumentos no se están ejecutando por decisión de la autoridad debido a la pandemia por COVID-19 que afecta al país.

Esto, a propósito de reclamo de un particular en contra de la DIPRES ya que para ingresar al “Registro de Expertos en Evaluación de Programas e Instituciones Públicas” establecido por ese servicio, se exigen requisitos que, a su juicio, constituyen una barrera de entrada para los postulantes.

Esto, a propósito de solicitud de la CONADI, en la que solicita un pronunciamiento en orden a determinar si, en virtud de lo dispuesto por el artículo 20, letra b), de la ley N° 19.253, resulta procedente la entrega de una cantidad de dinero a título de indemnización como un mecanismo que permita solucionar los problemas de tierras cuando no sea posible la adquisición de terrenos.

El órgano contralor argumentó que los reclamos de la especie dicen relación con la supresión de horas, y no con la no renovación de contrataciones o prorrogas por un tiempo inferior, por lo que procede referirse al cumplimiento de la normativa que regula dicha medida a fin de determinar si los municipios se ajustaron o no a derecho al aplicarla.

Esto, a propósito de reclamo de particular sobre la Sección de Mediciones Psicométricas de Carabineros de Chile (SEMEP), por su negativa a renovarle la credencial que la habilitaba para desempeñarse como instructora de conducción en una escuela de conductores, fundada en la circunstancia de tener una anotación en su hoja de vida de conductor.

El ente contralor recordó que, respecto de la prescindencia política de los funcionarios de la administración del estado, cuando las autoridades afectas a estas instrucciones dispongan u organicen actos, ceremonias o eventos oficiales, que devenguen gasto público, deben procurar la igualdad de trato, en términos de oportunidad, entre los distintos sectores políticos, sea respecto de candidatos o autoridades en ejercicio.

Esto, a propósito de presentación de hija de fallecido quien solicita se le reconozca el derecho a que la pensión de orfandad por invalidez, quedada al fallecimiento de su padre, ex imponente de la antigua Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, se le otorgue a partir del 26 de febrero de 1990, ordenando su pago con efecto retroactivo más reajustes.

El ente contralor constató que causante fue exonerada por motivos políticos de Confecciones Burger, el día 14 de diciembre de 1977 y que, a la data de su deceso, ocurrido el 1 de diciembre de 1993, no había solicitado ser reconocida como tal.

El ente contralor explicó que entidad licitante debe iniciar un procedimiento de invalidación del acto administrativo que aprobó el contrato que se indica.

El ente contralor adujo esto, para el solo efecto de efectuar trámites ante el Departamento de Extranjería y Migración, y las Gobernaciones Provinciales.