Internacional

El concepto de “falta de servicio” traduce un amplio rango de situaciones, que incluyen irregularidades o negligencias de corte administrativo, de modo que no requiere la verificación de un delito de los codificados en la legislación penal.

El riesgo de una denuncia por parte del interlocutor es una posibilidad que se asume al hablar, y que uno resigna sus razonables expectativas de intimidad al conversar con otro.

La medida alcanza a distintos profesionales que prestan servicios públicos, entre ellos, a los bomberos profesionales.

En una polémica sentencia, el TC declaró inconstitucional varias disposiciones del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

La configuración normativa del tipo penal exige que las afirmaciones proferidas, para poder ser calumniosas, diverjan de la realidad, lo que debe reflejarse necesariamente en el relato fáctico.

El estado de Ecuador aceptó los hechos y reconoció su responsabilidad internacional.

La CIDH consideró que el Estado de Colombia es responsable por la violación de las garantías judiciales de la víctima, consagradas en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

La razón o fundamento del juicio por jurado se encuentra en que el veredicto emana de la soberanía popular, por lo que la decisión se encuentra revestida de una legitimidad tal que importa que su decisión cierre definitivamente el caso traído a su consideración.

La verificación del estado de salud se llevará a cabo respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador.

El interés superior del niño, como principio orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, impone a todas las autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento.

El derecho de la Unión Europea se opone a una normativa nacional que únicamente prevé la posibilidad de atribuir la responsabilidad derivada del comportamiento de una sociedad a otra sociedad cuando la segunda controla a la primera.

El derecho de petición es la piedra angular del sistema europeo de protección de los derechos humanos, y se erige como la herramienta que permite asegurar el derecho de acceso a la justicia.

El Código Schengen busca garantizar la ausencia de controles en las fronteras internas respecto de los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea.

Las empresas de telecomunicaciones tienen el deber de entregar las condiciones generales de contratación previo a la celebración del contrato, lo que pueden realizar en papel, por correo electrónico, WhatsApp o cualquier otro medio de mensajería instantánea.

Las autoridades fronterizas no deben impedir el ingreso de niñas y niños extranjeros al territorio nacional. Aún cuando se encuentren solos, no deben exigirles documentación que no pueden tener y deben proceder a dirigirlos de inmediato a personal que pueda evaluar sus necesidades de protección.

El contenido de las resoluciones que hayan adquirido el carácter de firmes y ejecutoriadas no puede ser dejado sin efecto ni modificado, ya sea por actos de otros poderes públicos, de terceros o, incluso, de los mismos órganos jurisdiccionales que resolvieron el caso en el que se dictó.

Los hechos que motivan una solicitud de medida cautelar no requieren estar plenamente comprobados. La información proporcionada, a efectos de identificar una situación de gravedad y urgencia, debe ser apreciada desde un estándar prima facie.

En numerosos casos, la pasividad de las autoridades a la hora de tomar medidas sobre denuncias y prácticas discriminatorias concretas ha dado lugar a una cultura de abusos que las mujeres condenadas a muerte han tenido que soportar previamente, con lo que, luego, sufren una segunda discriminación en el sistema de justicia penal.

La comunidad de vida permanente se encuentra compuesta por elementos apreciables a partir de la conducta de la pareja entre ellos y frente a terceros, los cuales son objetivos, como la convivencia, la ayuda y el socorro mutuos, las relaciones sexuales y la permanencia, y subjetivos, como el ánimo mutuo de pertenencia, de unidad y la affectio maritalis.

Los lazos afectivos no solo nacen del parentesco, sino que surgen, se conforman, se construyen y retroalimentan entre gente que se elige para ser familia. El concepto amplio de familia no se emparenta entonces sólo con la procedencia sanguínea. La verdad biológica no es un dato absoluto cuando se lo relaciona con el interés superior del niño.

Según la doctrina jurisprudencial del propio Tribunal Constitucional así como del TEDH, la revisabilidad de la pena es un factor determinante en su legitimidad.

La CIDH consideró que el Estado de Argentina es responsable por la violación de la garantía del plazo razonable consagrada en el artículo 8.1 y 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

En este caso no concurre la excusa absolutoria en favor de quien comete un delito de propiedad en contra de un familiar, cuando este no implica violencia ni intimidación.

Si bien los extranjeros tienen la obligación de regularizar su situación migratoria, lo que implica hacer los trámites para afiliarse al sistema de salud, en casos excepcionales de extrema necesidad y urgencia, la atención mínima a la que tienen derecho los migrantes puede llegar a incluir el tratamiento de enfermedades catastróficas como el cáncer.

En aplicación del interés superior de la niña, el niño o el adolescente, cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de estos frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros.

En primer lugar, se infringió el artículo 6 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), donde queda establecida la definición de consentimiento como «toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que este acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen”.

En los procesos sobre violencia intrafamiliar o en contra de la mujer, donde se estén conociendo derechos de presuntas víctimas de violencia intrafamiliar o violencia de género, diligencias tales como la designación y citación de peritos, son actuaciones procesales de exclusiva competencia y responsabilidad de la autoridad judicial.

Sin independencia judicial no existe Estado de derecho ni es posible la democracia.

Los operadores jurídicos deben efectuar un esfuerzo razonable para asegurar que a los procesados privados de la libertad se les garantice el acceso a las plataformas digitales que les permitan intervenir en el proceso penal de manera adecuada.

La libertad de expresión, en el ejercicio del derecho de defensa, ha de ser amparada cuando se efectúan afirmaciones y juicios instrumentalmente ordenados a la argumentación necesaria para impetrar la debida tutela en el ejercicio de sus derechos.