Judicial

La valoración probatoria debe efectuarse con enfoque de género, considerando que, en delitos de violencia sexual contra mujeres y niños, niñas y adolescentes es común que la prueba sea limitada, por lo que el estándar de corroboración debe ajustarse a la naturaleza del delito, refiere el voto en contra.

No se está cuestionando la existencia del delito ni la participación de la condenada, sino únicamente el cálculo del tiempo que debe cumplir efectivamente en prisión, lo que es de carácter administrativo, ya que se refieren a la ejecución de la sentencia y no a un defecto sustancial y esencial de derecho estricto.

La maniobra era de alta dificultad que requería una adecuada conciencia situacional, es decir, la capacidad de comprender adecuadamente qué ha ocurrido, qué puede ocurrir y qué está ocurriendo, y que una vez ocurrida la pérdida de control de la aeronave, el tiempo de reacción para restaurar la situación de aquella era extremadamente corto, de sólo dos segundos; y a la vez que el estudiante reiteradamente presentó problemas en su instrucción, y que aquello que más se le solía reprochar era, precisamente, la falta de conciencia situacional en sus vuelos. Por ello se puede estimar que la demandad

El spot se exhibió en horario protegido para menores de edad, quienes, según el artículo 35 de la Ley N° 21.430, tienen derecho a buscar, acceder y recibir contenidos informativos adecuados a su edad, madurez y grado de desarrollo y, por ende, se trata de personas cuyas capacidades cognitivas se hallan en desarrollo, pudiendo carecer en ciertos casos de la madurez necesaria para advertir los perniciosos riesgos que puede aparejar el apostar dinero en juegos de azar, de manera frecuente y por montos elevados.

No es procedente atacar, mediante el recurso a que se refiere el inciso segundo del artículo 27 bis de la Ley 19.995, una resolución que no evalúe u otorgue, deniegue o renueve un permiso de operación de casinos de juego, en circunstancias que la resolución impugnada, dictada por la SCJ, se limita a abstenerse de conocer de un recurso extraordinario de revisión —deducido de acuerdo al artículo 60 de la Ley 19.880—, de suerte que ello impide que pueda ser impugnada a través del reclamo de ilegalidad.

La obligación de secreto o reserva ordenada en el numeral 1º del artículo 27 del Decreto Ley Nº 2.859 persigue garantizar la seguridad del personal de Gendarmería de Chile, y es exigible al órgano en sí, debiendo éste instar directamente por la indemnidad de sus funcionarios.

La demandada recibió un mensaje de texto de terceros desconocidos, en el cual se incluía un link, al que accedió, dirigiéndola a otra página, que simulaba ser la plataforma del banco, oportunidad en la que ingresó las claves secretas para realizar operaciones electrónicas, con las cuales, dichos desconocidos realizaron la transacción.

La multa impuesta se encuentra dentro del rango mínimo establecido por la ley, de acuerdo con la gravedad de los hechos sancionados y su proporcionalidad a los bienes jurídicos afectados, esto es, la continuidad de la prestación del servicio educativo y la calidad del aprendizaje, todo de conformidad con lo dispuesto en la Ley 20.529.

La Resolución impugnada fue dictada por el Servicio Nacional de Migraciones, considerando que el reclamante incurrió en una de las causales de expulsión previstas por la ley, y tras evaluar adecuadamente las circunstancias personales y familiares del mismo.

La finalidad perseguida por el legislador al regular la subcontratación dice relación con impedir que el dueño de la empresa, obra o faena rehúya el cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales respecto de trabajadores con los cuales, si bien no celebró un contrato de trabajo, en los hechos se encuentran vinculados a él a través de un vínculo de subordinación y dependencia por medio de la interposición de un tercero —el contratista— que para todos los efectos es su verdadero empleador. La justificación de tal exigibilidad desaparece cuando el trabajador deja de prestar sus servicios

Es en la DOH Regional en quien recae la responsabilidad de llevar a cabo la ejecución y supervisión completa del proyecto objeto de autos, otorgándole amplios atributos, descritos todos en el denominado convenio de mandato, por lo que resulta patente que cuenta con legitimidad pasiva para ser demandada en estos autos y en consecuencia al acoger la excepción de legitimación activa los sentenciadores incurrieron en error de derecho

El permiso que el propio imputado otorgó a los agentes para que ingresaran a su domicilio en medio de una investigación por tráfico de drogas, debe ser considerado como una manifestación de su voluntad de querer que los agentes superen toda duda respecto de su participación en algún ilícito, lo que a la postre no resultó favorable para el encausado, pero aquello no significa que la evidencia levantada sea ilegal.

Se infringió el artículo 842 del Código Civil, al estimar la existencia de cuestiones dominicales sobre la base de prueba que señala claramente la extensión del deslinde de las partes y que no ha sido controvertida por la demandada. La acción de demarcación y cerramiento no busca la decisión de cuestiones de dominio o posesorias, más aun considerando la naturaleza de los inmuebles involucrados, como se observa de la prueba rendida, especialmente la pericial, pues se trata de propiedad urbanas cuyos títulos no han sido objetados por la demandada la que no ha controvertido la extensión total del

No ha existido una voluntad de las partes, en el sentido propuesto por la demandante, que sea susceptible de deducirse de un comportamiento que evidencie inequívocamente esa intención, sobre la cual se pueda construir una cláusula tácita.

Para que el descuento opere, es necesario que se haya producido el término de los servicios del trabajador por la causal de necesidades de la empresa, y que dicho motivo haya sido validado judicialmente en caso de impugnarse su procedencia o justificación pues, de otro modo, se desvirtúa la intención que se tuvo en vista para la dictación de la ley.

Tampoco señala qué principios de la sana crítica habrían sido vulnerados, cómo el Tribunal infringió los parámetros de fundamentación y racionalidad, ni qué hechos fueron erróneamente establecidos o cómo ello afectó la decisión final, por lo que la causal alegada carece de toda fundamentación.

La existencia de lagunas, antinomias y otras dificultades en el ordenamiento jurídico es inevitable. Para resolverlas es sin duda deseable que la jurisprudencia de los tribunales sea uniforme. Sin embargo, en el presente caso no se cuenta con aquella deseable uniformidad jurisprudencia, por lo que esta Corte se inclina por la interpretación de la Corte Suprema.

La falta de esta justificación puede generar vicios como la incoherencia lógica interna o la aplicación errónea de inferencias probatorias, afectando la validez del fallo. Dar por acreditado el delito con el testimonio de un testigo que solo ratificó lo consignado en el parte policial sin recordar detalles específicos, no constituye prueba suficiente. De una somera lectura al fallo recurrido, se evidencia que éste no indica los hechos que se tuvieron por acreditados, vulnerando lo dispuesto en el artículo 342, letra c), del Código Procesal Penal.

Se acreditó una relación de causalidad entre el atropello y las fracturas sufridas por la víctima, pero tras evaluar la prueba rendida el tribunal concluye que esta no es suficiente para determinar un nexo causal directo entre la conducta negligente de la acusada y el fallecimiento de la víctima.

El recurrente pretendía revertir la decisión denunciando la falta o indebida aplicación de los criterios establecidos para fijar la multa e invocó su condición de entidad sin fines de lucro y que las instalaciones sí habían sido validadas por la SEC con anterioridad, por lo que tienen las condiciones suficientes para poder inscribirse.

Tales labores requieren un cierto conocimiento técnico, pero no corresponden al ejercicio de funciones que exijan un especial grado de responsabilidad que justifique que quien las desempeñe necesite un mayor nivel de confianza.

El IND argumentó que la divulgación de los documentos iniciales, aún sujetos a revisión, podría afectar el cumplimiento de las funciones del Instituto y generar confusión sobre la ejecución de los recursos públicos. La Corte sostuvo que aun encontrándose el proceso de revisión pendiente, ello no obsta a que éstos se hagan públicos pues, desde ya, constituyen elementos que sirven de sustento o complemento directo y esencial a la resolución que se dicte en base a ellos, ya sea aprobando o rechazando la respectiva cuenta.

La requirente sostiene que la aplicación del precepto legal impugnado produce resultados contrarios a la igualdad ante la ley, a la igualdad en la protección de la ley en el ejercicio de los derechos y contraviene garantías mínimas del debido proceso, al declararse inhábiles testigos dependientes que son los únicos que pueden acreditar el hecho controvertido.

No es posible limitar el derecho a la huelga de quienes trabajan en una actividad cuya paralización no afecta a la población o el país en general, es decir de aquellas personas trabajadoras que no realizan su actividad para un servicio público. De mantener la prohibición total del ejercicio del derecho a huelga respecto de todos quienes trabajan en la empresa implicaría afectar de forma desproporcional el ejercicio de derecho respecto de quienes trabajan en un servicio no esencial.

No resulta atendible ni menos razonable que se imponga a la parte agraviada, la repetición de los argumentos y fundamentos vertidos al evacuar el traslado correspondiente a la tramitación de las excepciones opuestas, considerando especialmente que la parte expresamente se remitió a ellos al recurrir, formulando a continuación las peticiones concretas que somete a la decisión del tribunal ad quem. Negar a dicha referencia el carácter de fundamento del recurso constituye una decisión asilada únicamente en un formalismo que pugna con los principios formativos del procedimiento de celeridad y buen

En el fallo de reemplazo dispuso que no es posible acceder a lo demandado, si en autos no se ha aportado la información relativa al valor total de los bienes de los cuales era dueño el cónyuge, al momento de terminar el régimen, lo cual es absolutamente indispensable para los efectos de liquidar las eventuales ganancias que hayan surgido, en este caso para ambas partes y proceder a su compensación, en los términos previstos en el artículo 1792-19 inciso 3° del Código Civil, previa resta entre al patrimonio originario y el patrimonio final de cada cónyuge.

La exigencia impuesta por el artículo 39 del Código Procesal Penal no distingue si el procedimiento es simplificado u ordinario, por ende, los jueces deben dar cumplimiento en tiempo y forma a la dictación de la sentencia condenatoria junto con poner el fallo en conocimiento de los intervinientes por escrito.

En cuanto a las alegaciones de arraigo familiar, no parece razonable exigir al Estado que, soslayando un incumplimiento grave de las exigencias, condiciones y prohibiciones legales, por un extranjero mayor de edad que voluntariamente incurrió en una conducta que conocía, era inaceptable conforme a la normativa nacional, dado que conlleva a su expulsión del territorio nacional, omita disponer esa medida bajo pretexto de una protección a la familia que el propio interesado desatendió y no procuró resguardar.

Atendida la patología psiquiátrica del imputado, el no recibir un tratamiento médico adecuado a la misma configura un peligro para sus familiares, para la sociedad y para él mismo. Sin embargo, ello no puede justificar de modo alguno que, en razón precisamente de su discapacidad mental, el Estado lo mantenga privado de libertad, pues ello constituye un menosprecio flagrante de su dignidad inherente.

El imputado accedió libremente a que personal de Carabineros que investigaba el robo de una camioneta ingresara a su domicilio, lugar en el que los agentes encontraron el vehículo robado junto a otro que igualmente mantenía encargo vigente por robo; por lo tanto, el encausado no puede invocar una presunta falta de lectura de derechos para esgrimir que no sabía que el ingreso de los policías lo perjudicaría.