Judicial

El máximo Tribunal confirmó en alzada el fallo dictado por la ministra instructora Adelita Rabanales, que dispuso la entrega diferida del requerido una vez concluya en nuestro país un proceso penal por microtráfico, que mantiene actualmente al encartado en prisión preventiva.

El imputado quiso anular la sentencia que lo condenó, acusando el tardío ingreso del medio probatorio a la causa, tesis que fue desechada por la Corte Suprema, que estimó que si dicha pericia fue anunciada en la audiencia preparatoria, la defensa no puede alegar con posterioridad que le resultaba desconocida por ser incorporada después del periodo de investigación.

El Ministerio Público y el Instituto Nacional de Derechos Humanos -como querellante particular-, no fueron capaces de acreditar la gravedad de los actos acusados respecto de la víctima, que fue acusada por la defensa de auto infringirse lesiones para ser trasladada de recinto penal; por lo tanto, la magistratura confirmó la absolución del custodio.

El Tribunal de alzada descartó infracción en la sentencia impugnada, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que rechazó íntegramente la reclamación judicial interpuesta por la empresa sancionada por la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Norte.

La Corte Suprema resolvió que al cuestionarse la naturaleza misma de la acción deducida, se requiere un pronunciamiento de fondo que ha de verificarse en la sentencia definitiva, por lo cual anuló de oficio el procedimiento y declaró que el Tercer Juzgado Civil de Temuco es competente, debiendo continuar con la tramitación del proceso.

Los hechos ocurren en diciembre de 2019, cuando las movilizaciones sociales y la alteración del orden público estaban en su punto álgido, lo que contribuyó a un ambiente de polarización política. En este escenario, la diputada fue objeto de una negativa de atención por parte de los empleados del comercio denunciado.

Resolvió que los jueces prescindieron de la cabal ponderación de la prueba, que solo puede ser observada mediante una valoración racional, pormenorizada e íntegra de los medios probatorios allegados a la causa y rechazaron la demanda de acción reivindicatoria.

La Corte Suprema razona que agotada la investigación, la fiscal propuso la aplicación de la medida expulsiva al recurrente para luego ser confirmada por el director del Servicio, conforme a sus facultades, remitiéndose expresamente a las razones contenidas en el informe, todo lo cual aparece debidamente fundamentado.

Incluso pueden solicitar otros de los que tengan conocimiento y no dependan de ellos pidiéndolo al juez para que de oficio ordene se acompañen, como también, los que a juicio de éste resulte necesario producir en atención a la materia de que se trate. La prueba rendida se valora conforme a las reglas de la sana crítica, que supone ponderarlos bajo criterios de racionalidad.

La acción interpuesta más bien parece tratarse de una especie de demanda indemnizatoria, pretensión que escapa absolutamente a la finalidad y límites de la acción de amparo económico y su acotadísimo procedimiento, el cual, por sus características, no puede asegurar, como lo harían los procedimientos de lato conocimiento, el derecho de todas las partes a entregar sus argumentos y prueba.

El requerido junto a otros coimputados integraba una banda dedicada al robo de este tipo de establecimientos, y las pruebas acompañadas por el Estado requirente fueron consideradas como suficientes para autorizar el traslado del acusado a la península, y que pueda enfrentar a la justicia española.

La Corte tuvo en consideración que la Clínica Las Condes fue sancionada por incumplir con la resolución de la Superintendencia de Salud que le ordenó entregar la ficha clínica de una paciente en formato digital, además de físico, tal como lo solicitó su representante legal. Se constató que la clínica incumplió dicha orden y no impugnó las medidas adoptadas por la Superintendencia.

La Corte de La Serena razona que aun cuando existe un incremento en las necesidades económicas de las alimentarias, para aumentar la pensión que debe pagar el progenitor, es necesario que éste cuente con ingresos suficientes que permitan solventar dicho aumento pretendido, circunstancia que no ha sido acreditada

El acusado robó especies desde el interior del vehículo de la víctima, quien con la ayuda de testigos identificó y detuvo al hechor, reteniéndolo hasta la llegada de personal de Carabineros.

Se posterga la revinculación de la niña con su madre hasta que ella se haya sometido a los programas de intervención que fueren necesarios, que la habiliten para ejercer la marentalidad de una manera que ponga al centro la protección y los cuidados de la niña.

La Corte Suprema sostuvo que, dado su carácter especial y régimen propio de exigibilidad, condonación, y mecanismos de cobro, debe considerarse como una excepción frente a la normativa general de liquidación concursal regulada por la Ley N° 20.720. Basándose en los artículos 4° y 13 del Código Civil, la Corte determinó que, al existir una regulación específica para el crédito solidario, esta prevalece sobre la normativa concursal general.

Resolvió que la ley puede establecer limitaciones y obligaciones que deriven de la función social de la propiedad, y que la instalación de máquinas tragamonedas, actividad prohibida para el sector, justifica la no renovación de las patentes de alcoholes.

El acusado intentó revertir una condena por receptación, uso de patente falsa, y porte de parte de arma de fuego, alegando que los agentes inicialmente lo fiscalizaron por virar en un lugar prohibido. Sin embargo, el Tribunal Supremo adujo que el uso de patente falsa sitúa al encartado en la hipótesis de flagrancia del artículo 130 a) del Código Adjetivo, por lo que puede ser detenido y registrado, sin que ello sea considerado un acto autónomo prohibido.

Resolvió que el usufructuario no puede ejercer la acción de precario, ya que, según el artículo 2195 inciso segundo del Código Civil, esta acción es exclusiva del dueño, quien tiene la facultad de disposición sobre el bien. El usufructuario tiene la calidad de mero tenedor, puesto que su derecho se limita al uso y goce del inmueble, y no le asiste derecho de impedir la tenencia de la cosa por un tercero.

Resolvió que la SEC, conforme a los artículos 2 y 3 de la Ley N° 18.410, tiene la obligación de fiscalizar el cumplimiento normativo y resolver reclamos sobre servicios energéticos, lo que implica verificar la legalidad y precisión de los cobros realizados. Sin embargo, los montos exigidos en el caso sub lite carecen de sustento fáctico y legal, ya que la empresa no detalló los períodos, valores unitarios ni las rebajas aplicadas, impidiendo determinar el régimen jurídico aplicable y vulnerando las exigencias de transparencia.

La parte que la reclama la compensación debe probar que, durante el matrimonio, o parte de él, se dedicó al cuidado de los hijos y a las labores necesarias para mantener el hogar común, resultando indiferente que lo haya sido por decisión personal o porque las circunstancias del matrimonio se lo exigieron.

No tiene condenas previas y el acusado ha sido requerido por la existencia de tres ilícitos por los cuales fue condenado en un mismo fallo.

Dicha deficiencia, sin lugar a duda, resuelve la Corte de Santiago, ha tenido influencia substancial en lo dispositivo del fallo, toda vez que condujo a dar por establecido los elementos típicos de un delito de hurto en grado de consumado y, en consecuencia, condenar a los acusados como autores del mismo, sin dar razones suficientes que sirvan de sustento válido a tal decisión.

El acusado intentó recalificar el delito como robo en lugar no habitado, fundado en la ausencia de moradores en el inmueble debido a las reparaciones que se realizaban en el lugar, no obstante, el Tribunal Supremo sostuvo que la permanencia de personas en un predio no es un requisito para estimar que un lugar sea o no habitado, sino el destino y uso dado al bien raíz.

Uno de los parámetros considerado para fijar el quantum de la compensación, es la duración del matrimonio por lo que no se divisa error de derecho al concluir de la forma que se hizo.

En atención a la relevancia social del delito de tráfico de estupefacientes, así como al bien jurídico vulnerado, el legislador ha dotado de flexibilidad a las investigaciones por esta clase de ilícitos, debiendo estar el agente encubierto autorizado únicamente por el Ministerio Público, como ocurrió en este caso.

El informe plantea que, en síntesis, el proyecto de ley busca restringir la competencia de los tribunales militares al consagrar expresamente en la ley la competencia de la justicia civil para el conocimiento de eventuales violaciones a los derechos humanos que involucren a funcionarios militares activos.

La vendedora ocultó al comprador el real estado de una casa vendida en la ciudad de Osorno, desperfectos que eran notorios por el mero hecho de habitar el lugar, y que obligaron al comprador a invertir en reparaciones para poder dejar el inmueble en estado de ser utilizado para vivienda.

El acusado fue sorprendido en un lugar próximo a la comisión de un atraco, trasladando por la vía pública diversas especies de las cuales no pudo probar su origen lícito, por lo que el control de identidad al que fue sometido por Carabineros se ajustó a derecho.

La magistrada estableció que el monto de la multa, aplicada por la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) a la empresa concesionaria, está dentro de los rangos permitidos por la ley y es proporcional a la amenaza a la salud pública.