Judicial

La progenitora debe solventar con su propio esfuerzo las necesidades del hijo común que no resulten cubiertas con el aporte del alimentante y, además, continuar colaborando con las labores de cuidado.

Tuvo en consideración que el acto administrativo impugnado no analizó adecuadamente el arraigo familiar del reclamante, especialmente en relación con su hijo menor de edad, lo que afectó la proporcionalidad y motivación de la decisión. Ordenó que se emita un nuevo pronunciamiento que pondere los antecedentes aportados en relación a su arraigo familiar.

Resolvió que el acceso a la carpeta investigativa por parte de terceros, por regla general, no es accesible a través de la Ley de Transparencia, debido a las restricciones relacionadas con la protección de las investigaciones y el justo y racional procedimiento. Sin embargo, cerrada la investigación, con archivo provisional, como sucede en este caso, los terceros ajenos al procedimiento sí pueden tener acceso a la investigación. En consecuencia, solo en casos donde no exista una investigación activa, como sucede con el archivo provisional, puede haber una posibilidad de acceso a terceros, pero

El Tribunal Oral no valoró la prueba aportada por la Fiscalía al estimar que derivaba de un control de identidad efectuado fuera del margen legal y que la detención era ilegal. Sin embargo, la jurisprudencia se ha pronunciado que la resolución del Juez de Garantía que se pronunció sobre la admisibilidad de las pruebas ofrecidas produce el efecto de cosa juzgada, teniendo en cuenta su naturaleza jurídica de sentencia interlocutoria, pues resuelve sobre un trámite que debe servir de base para el pronunciamiento de una sentencia definitiva.

La Corte consideró que la renuncia de derechos de agua se perfeccionó legalmente el 29 de agosto de 2023, pero solo fue oponible a la DGA tras su inscripción en el Registro de Propiedad de Aguas el 7 de septiembre. Al momento de dictar la resolución en diciembre, la DGA ya sabía que esos derechos no existían a la fecha del 31 de agosto, por lo que su inclusión en el listado de patente por no uso fue ilegal. Tuvo en consideración que los criterios internos de la DGA no pueden justificar un acto contrario a la ley.

Resolvió que la sentencia impugnada está desprovista de decisión respecto de una de las peticiones formulada válidamente en tiempo y forma por la demandante, y que formó parte de la discusión en primera instancia y de la apelación que dedujo y a cuyo conocimiento se avocó el tribunal de alzada, lo que configura el vicio formal consagrado en el artículo 768 N° 5 del Código de Procedimiento Civil.

Se tuvo en consideración que, conforme a lo señalado expresamente por la actora en su demanda y a la prueba testimonial rendida, la ocupación del inmueble por parte del demandado no obedece a una mera tolerancia, sino a un contrato de comodato, el cual implica la entrega gratuita de la propiedad para su uso y la obligación de restituirla una vez terminado el uso, lo que desvirtúa la alegación de precario planteada por la demandante.

Resolvió que la ocupación no deriva de la ignorancia o mera tolerancia por parte del dueño, sino que de la existencia de un vínculo de familia entre la demandada y el hermano del actor –anterior propietario del inmueble- quienes mantuvieron una relación de convivencia de la cual nació una hija de actuales 13 años de edad, quien ha vivido la mayor parte de su vida en dicho domicilio junto con su madre.

Se tuvo en consideración que la inscripción conservatoria de la renuncia total de los derechos de aprovechamiento de agua de la reclamante fue practicada con posterioridad al 31 de agosto de 2023, por lo que no produce el efecto de eliminarlos del listado de pago de patentes por no uso del año 2024, sino desde el proceso de cobro del año 2025.

El fallo contiene los motivos que fundan la procedencia del pago en una sola cuota.

El recurrente se limita a señalar los párrafos de la sentencia que en su concepto carecerían de razón suficiente y de una posible contradicción, mas no explica con fundamento bastante, porqué estima configurado tal vicio, siendo más bien un problema de valoración de prueba, más que de falta de fundamentación lo que ataca por esta vía el defensor penal.

El tribunal descartó, sin fundamentación suficiente, las lesiones descritas en DAU, cuyo contenido coincidía con los hechos del requerimiento, configurando una vulneración al principio de razón suficiente.

El máximo Tribunal modificó la calificación jurídica del delito, para que el ex funcionario sea condenado por el delito común de robo en lugar no destinado a la habitación, y no por el ilícito militar de robo de material de guerra. El Supremo estimó que un Carabinero integra las fuerzas de orden, y no las Fuerzas Armadas.

El demandante afirmo que el inmueble era ocupado por mera ignorancia o tolerancia de su parte, en circunstancias que siempre supo que la demandada tuvo una hija en común con su hermano -y anterior dueño-, por lo que la ocupación acusada posee un antecedente jurídico que la justifica y desvirtúa la acción de precario intentada.

FONASA impugnó la condena de una indemnización moratoria por la suma de $50.000.000.-, en circunstancias que el tribunal de alzada confirmó el fallo de base, eliminando de aquel los basamentos de hecho que dieron lugar a la condena por tal ítem, pero no lo indicó expresamente en su parte resolutiva. El máximo Tribunal indicó que los jueces de fondo no pueden contradecirse y no indicar si eximen del pago al demandado, y al mismo tiempo privar de sustento fáctico dicho cobro.

De la sola lectura de las normas denunciadas se advierte la utilización de la conjunción disyuntiva “u”, que importa la alternativa entre una o más opciones; esto es, lo que se sanciona es negarse injustificadamente a someterse a pruebas respiratorias “u” otros exámenes científicos, todos con la misma finalidad: “establecer la presencia de alcohol en el cuerpo.

La Corte concluyó que la agencia de viajes cumplió con sus obligaciones al informar a los pasajeros con más de diez días de anticipación sobre la necesidad de contactar al consulado para recibir ayuda en su regreso, lo cual los actores no hicieron hasta el día anterior al vuelo cancelado. Además, se les ofreció la opción de adelantar el retorno bajo el pago de penalidades, opción que fue rechazada. La Corte también tuvo en cuenta que la agencia realizó gestiones con la aerolínea para obtener el reembolso, lo cual no prosperó.

Resolvió que el fallo impugnado atribuyó la improcedencia de la acción de repetición a una falta de control interno en el municipio y la ausencia de un procedimiento administrativo previo, obviando el análisis sobre la efectividad del pago, su causa legal y el error alegado.

Resolvió que dicha comunicación no da cuenta de un acto que emane del deudor y por ello no importa un reconocimiento deliberado de la deuda, ya que no puede deducirse de una actuación simplemente informativa del ejecutante, que haya operado la interrupción natural de la prescripción, prevista en el artículo 2518 del Código Civil.

Dejó sin efecto lo obrado desde la dictación de la resolución que decidió confirmar la resolución de primer grado, atendido que ha existido un grave error de procedimiento, ya que, si bien hubo acuerdo sobre la parte resolutiva de lo decidido, no se cumplió con el segundo requisito copulativo, esto es, que hayan estado de acuerdo con al menos un fundamento común para apoyar la decisión.

Resolvió que la DGA actuó dentro de sus facultades legales al aplicar la multa por extracción no autorizada de aguas, sin contar con los respectivos derechos de aprovechamiento de aguas, constatando además afectación a la disponibilidad de las aguas desde la obra de extracción subterránea.

Si la premisa del recurso es que la regulación introducida en el artículo 456 bis A por la Ley N°20.273 constituye una normativa especial, limitada exclusivamente a la figura de la receptación, es evidente que la antinomia que plantea respecto de lo previsto en el artículo 449 del Código Penal, que también se aplica a esa figura delictiva, exigía incluir expresamente esa disposición dentro del desacato de ilegalidad, refiere el voto en contra.

Tuvo en consideración que uno de los cuestionamientos de la reclamante, radica en el correcto funcionamiento del proceso de facturación, con ocasión de la revisión efectuada por la empresa de distribución de gas, lo cual, cuando menos, tornaba indispensable corroborar si los asertos de la comunidad sobre la irregularidad de los cobros en el período inmediatamente anterior, era efectiva. Con todo, tal circunstancia no fue materia de ningún análisis por la reclamada.

Resolvió que el hecho que, en la actualidad la orden de captura que pesaba sobre el reclamante ya no exista, no constituye un argumento idóneo para dejar sin efecto el acto administrativo impugnado, pues, sea como fuere, a la fecha de su dictación sí se reunían las exigencias legales anotadas para ordenar la expulsión.

El artículo 196 de la Ley de Tránsito, no distingue si el sentenciado es o no poseedor de licencia de conducir, de modo que no corresponde al tribunal hacer tal discriminación.

Se trata de normas penales -limitantes de derechos- que deben ser interpretadas restrictivamente, haciéndose manifiesto aquí el principio “In dubio pro reo”, lo que lleva a la absolución del imputado.

Resolvió que no se advierte la ilegalidad denunciada en relación al actuar de la recurrida, pues aparece que en el ejercicio de sus facultades es que determinó la no renovación de la patente y a raíz de la pérdida de vigencia de la misma es que no se autorizó su traslado.

La Corte de Apelaciones de San Miguel estableció responsabilidades en el delito consumado de secuestro calificado del vendedor de productos lácteos Rodolfo Marcial Núñez Benavides, ilícito perpetrado a partir del 18 de mayo de 1976.

Medidas de apremio fueron decretadas por autoridad facultada para disponerla y mantenerla, en un caso previsto por la ley y existiendo mérito para su procedencia, subsistiendo a la fecha una deuda considerable por concepto de alimentos, según la liquidación practicada.

Tuvo en cuenta que el tribunal de segunda instancia no puede extender su fallo más allá de lo que ha sido pedido por el recurrente en su recurso de apelación, pues, así lo ordena el principio de congruencia, y no puede reformar la sentencia en perjuicio de una parte si ello no ha sido pedido en el arbitrio de alguna de las partes, principio conocido como prohibición de la “reformatio in peus”.