Judicial

El Pleno de ministros afirma que en relación a la medida propuesta de prohibición de acercamiento a la víctima del delito de violación por parte del autor, se estima que podría ser perfeccionada.

Pese a tener al día las cuotas de un mutuo hipotecario y oponer oportunamente la excepción de pago, el tribunal certificó que tal excepción no fue opuesta, lo que devino en el remate de la casa del actor, y solo nueve años después el tribunal certificó -esta vez correctamente- que el ejecutado nunca tuvo ninguna deuda con su acreedor.

Ni la normativa internacional ni local ha definido cuánto tiempo es el razonable para, una vez recibida noticia del delito por la autoridad estatal encargada de su persecución, concluir su investigación y realizar el juzgamiento de los responsables hasta dictar sentencia de término. El máximo Tribunal estimó que, por la complejidad de los hechos acusados, se debe invertir mayor tiempo del habitual en esta investigación.

El recurrente fue condenado en el año 2000 y 2008 por manejo en estado de ebriedad, y luego de cumplir ambas condenas se omitieron judicialmente estos antecedentes, no obstante, el Registro Civil se negó injustificadamente a omitir las condenas de la hoja de vida del conductor, lo que vulneró la igualdad ante la ley del actor.

La facultad otorgada al juez por el artículo 174 del Código del Trabajo, no debe entenderse como la mera revisión de un requisito objetivo para conceder el desafuero de la trabajadora embrazada, pues aquello priva de su espíritu protector al fuero maternal.

El Tribunal de alzada compartió la calificación del delito, la participación del condenado en los hechos y la aplicación de la pena, considerando la media prescripción, plasmados en la sentencia impugnada.

El máximo Tribunal desestimó la procedencia del recurso al estar dirigido contra lo asentado por los jueces del fondo.

Si bien la Comisión Constitucional celebra el abordaje de aspectos relevantes de regulación constitucional, manifiesta su preocupación por el modo en que algunos han sido propuestos. Entre ellos, y respecto a la indiscutible necesidad de separar las funciones jurisdiccionales de las no jurisdiccionales

La magistrada estableció la responsabilidad del supermercado al infringir el deber de vigilancia y resguardo del estacionamiento del local comercial donde se registró la sustracción del vehículo.

El acusado fue sorprendido por personal policial circulando por la calle con su ropa manchada con sangre, y al notar a los agentes, actuó de forma nerviosa e intentó huir, siendo detenido por la policía quien le practicó un control de identidad e incautó un arma de fogueo modificada. Además, intentó engañar a Carabineros dando un nombre falso.

La actividad será presidida por la ministra de la Corte Suprema y presidenta de la Comisión de Lenguaje Claro del Poder Judicial, Ángela Vivanco; y tiene por objetivo analizar el contenido de obras literarias con el quehacer judicial, reflexionar sobre el vínculo entre el derecho y la cultura.

El máximo Tribunal desestimó el recurso deducido por la empresa, por estar mal formulado.

El Tribunal de alzada descartó infracción en la sentencia impugnada, dictada por la Corte Marcial.

Se entregó en comodato un inmueble en Talcahuano con el fin de construir un Liceo Técnico. No obstante, después de transcurridos ocho años desde la entrega, la iglesia evangélica comodante pretendió la terminación del contrato por incumplimiento, en circunstancias que no se pactó una fecha para la terminación de las obras, por lo que la congregación deberá respetar el plazo acordado con los comodatarios.

El demandante solicitó la nulidad de una concesión minera que se superpone sobre los terrenos de su yacimiento, no obstante, la acción fue notificada después de cuatro años de la publicación del extracto exigido por el artículo 90 del Código de Minería, por lo que el tribunal hizo lugar a la excepción de prescripción opuesta por el demandado.

La Corte Suprema tiene competencia privativa y excluyente para conocer de las vulneraciones a la normativa internacional, por lo que la eventual infracción que se habría cometido en la sentencia recurrida no puede ser constatada por esta Corte.

El máximo tribunal desestimó el recurso de queja interpuesto en contra de los miembros de una sala de la Corte de Santiago, pero invalidó de oficio la decisión recurrida, declarando que no existía duplicidad con otro recurso similar deducido por la recurrente, y ordenó dar lugar a la tramitación de la acción tutelar.

En 2015, el Fisco obtuvo la posesión efectiva de una herencia vacante, cuando en la especie, correspondía la tramitación de la declaración de herencia yacente, de forma que, la judicatura de fondo no podía exigir al heredero pronunciarse respecto de la herencia quedada al fallecimiento de su madre, pues el procedimiento judicial que correspondía nunca se inició.

La facultad otorgada a los jueces por el artículo 174 del Código del Trabajo, no funciona como una obligación para desaforar si se mencionan determinados requisitos, pues ello infringe el espíritu protector de la norma, debido a que la magistratura debe ponderar todas las pruebas a la luz de la sana crítica, y en sintonía con la legislación nacional e internacional respecto de la protección a la maternidad.

La demandada intentó enervar la acción de precario, argumentado que el título que la habilitaba para ocupar el inmueble era un contrato de comodato verbal celebrado con el padre de la demandante; acuerdo que no pudo probar durante el juicio.

Corte de Santiago confirmó la resolución de un tribunal del trabajo que, en atención a la cuantía de lo demandado, no permitió tramitar una demanda laboral por no acudir el trabajador previamente a la instancia administrativa ante la Inspección del Trabajo, acto que conculcó el debido proceso y el derecho a un juicio justo del demandante

El máximo Tribunal estimó que el alza en el valor de la porción de terreno decretada por la judicatura fue antojadiza y sin ningún tipo de razonamiento respecto de la prueba pericial rendida por la expropiada, lo que contraviene el artículo 425 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 38 del Decreto Ley Nº2186.

Corte de Santiago no acogió a tramitación el reclamo argumentando que fue presentado fuera de plazo, al considerar el plazo de 30 días como plazo judicial, y no de naturaleza administrativa, como finalmente concluyó el máximo Tribunal.

La Corte de Iquique al confirmar con declaración el fallo de base que acogió una solicitud de servidumbre minera, añadió que cumplido el plazo del gravamen el inmueble “debe ser devuelto en el mismo estado en que se encontró”, sin desarrollar ningún razonamiento para arribar a esta conclusión, incurriendo así en un vicio de nulidad formal.

El Tribunal ratificó íntegramente la sentencia impugnada.

En el marco de su participación en el Congreso la ministra Vivanco destacó que “estamos introduciendo un elemento que no ha estado tradicionalmente en la mirada de los lingüistas o de aquellos que se dedican al estudio de la lengua castellana, que es la relación poderosa con el derecho. La importancia del lenguaje claro, del acceso a la justicia y como el idioma hace realidad esas posibilidades del ejercicio de esos derechos y de que las personas tengan un mejor acceso a la justicia”.

Se autorizó el ingreso de los agentes que exhibieron una orden de detención en contra de un tercero que tenía el mismo domicilio. Durante la diligencia el imputado les indicó que el tercero ya no vivía allí, y que en la casa sólo encontrarían “unas pocas plantas de marihuana que son mías”, información que permitió a los funcionarios detener al infractor y decomisar cuatro plantas de cannabis.

El órgano se negó a inscribir una escritura de compraventa, acusando la existencia de un embargo que fue notificado e inscrito al margen del título en una fecha posterior a la solicitud, restando preeminencia a la anotación presuntiva del repertorio, infringiendo con tal acto los artículos 13 y 14 de su propio reglamento.

El máximo Tribunal desestimó el arbitrio de unificación, al observar que, en el juicio, el recurrente sólo exigió responsabilidad solidaria a las dos empresas demandadas, excluyendo de su hipótesis de subcontratación al ente público que no fue demandado.

El máximo Tribunal decretó la absolución de las hermanas Astudillo Figueroa, por haberse acreditado su completa inocencia y que la condena que les impuso el tribunal castrense se basó en confesiones obtenidas bajo tortura.