Judicial

El Tribunal de alzada descartó actuar ilegal o arbitrario en el proceso administrativo que derivo en la dictación de la resolución exenta impugnada.

El Tribunal resolvió que dicha cláusula no produce efecto alguno, por cuanto rompe la equidad entre los contratantes, dejando a uno de ellos en la indefensión, y limita absolutamente la responsabilidad del Colegio ante los padres y apoderados.

Cuando el despido es declarado improcedente, se priva de sustento a la aplicación del inciso segundo del artículo 13 de la Ley N°19.728, razón por la que el empleador no puede descontar el aporte realizado a la cuenta del seguro de cesantía del trabajador.

Recurrente pretendió hacer cumplir una conciliación, en la que se designó un perito topográfico para que trazara el límite entre una porción de dos inmuebles, no obstante, la parte contraria cuestionó el acuerdo al no considerar otros elementos -además del peritaje- para efectuar el trazado.

Lo que alegó el recurrente es que se ponderen antecedentes o circunstancias que habrían llevado a estimar como muy calificada la atenuante reconocida para rebajar la pena, pero ello no proceden atendida la causal de nulidad invocada por corresponder a otra causal de nulidad, toda vez que mediante la alegada se aceptan los hechos, los cuales no fueron discutidos.

Los recurrentes intentaron revertir la decisión de los jueces de fondo, alegando infracciones a las leyes reguladoras de la prueba, argumento que fue considerado por el máximo Tribunal como una muestra de disconformidad con el fallo que intentó modificar los hechos asentados.

El máximo Tribunal desestimó los yerros denunciados por la recurrente en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó la de primer grado que acogió la demanda.

El máximo Tribunal desestimó la procedencia del recurso al estar mal formulado.

El máximo Tribunal desestimó la procedencia del recurso al estar mal formulado.

El querellado intentó justificar la apropiación, argumentando que los jueces de fondo incurrieron en ultrapetita al ordenar la devolución de una porción de terreno que no fue debidamente singularizada por la querellante, tesis que fue desestimada por el máximo Tribunal.

La denunciada produjo 57,45 con materia prima de la cual no pudo justificar su origen legal, adulterando para ello el informe de abastecimiento que los productores deben enviar a SERNAPESCA.

La denunciada señaló que en la sucursal fiscalizada contaba con un autoconsultor de precios, que es equivalente a exhibir en un listado la totalidad de precios, ya que los mismos se encuentran disponibles a todo público sin necesidad de asistencia de terceros.

El demandante pagó el total de sus deudas por alimentos el día anterior a la audiencia de juicio, por lo que no se le podía aplicar la sanción establecida en el inciso tercero del artículo 55 de la Ley N°19.947.

La cláusula de aceleración está redactada en términos facultativos por lo que pervive la ejecución de aquellas parcialidades inferiores al año de plazo previsto en el artículo 98 de la Ley N°19.092.

La Corte Suprema advierte que sin embargo, se debe mencionar que la caracterización de los delitos exclusivamente militares –que son aquellos que serían de jurisdicción militar, como aquellos que lesionen únicamente bienes jurídicos militares–, preserva un espacio de incertidumbre acerca de cuáles tipos penales amparan bienes jurídicos militares, por lo que podría generar problemas interpretativos en relación al tribunal competente para conocer de este tipo de delitos.

La denunciada incurrió en actos que lesionan el Principio de No Discriminación al establecer distinciones entre los trabajadores de la empresa que adscribieron un pacto de suspensión de relación laboral en virtud de la Ley de Protección al Empleo, además de ejercer presión para su firma.

El máximo Tribunal descartó infracción de ley en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, que consagró la de primera instancia que acogió la denuncia.

La Ley N° 20.009 contiene un procedimiento sumario que sólo tiene por objeto perseguir la responsabilidad de un usuario de productos bancarios, cuando ha actuado con culpa o dolo en el manejo de los mismos.

Resulta altamente probable que el problema materia del pleito se deba a que existe duplicidad de inscripciones que abarcan el retazo de terreno aquí en disputa, y la determinación de cuál de ellos es válido, requiere un juicio ordinario que así lo determine.

El ente edilicio es responsable de las señalizaciones adecuadas para la evitación de accidentes en las vías por las cuales transitan los peatones; tanto para señalizar imperfecciones, anunciar baches, trabajos en la vía, poca iluminación, desvíos, entre otros.

La expropiación parcial dejó al reclamante con una franja de terreno desprovista de todo valor económico y de difícil explotación comercial, por lo que el Servicio reclamado deberá expropiar la totalidad del predio.

La interrupción natural de la prescripción no se condice con la sola conformidad con una retención de devolución de impuestos, puesto que dicha interrupción exige un acto de reconocimiento, ya sea expreso o tácito.

La ministra en visita condenó a César Manríquez Bravo, Miguel Krassnoff Martchenko y Ricardo Víctor Lawrence Mires a las penas únicas de 15 años y un día de presidio efectivo, accesoria legal de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras duren las condenas, como autores de autores de los delitos.

El máximo Tribunal descartó infracción de ley en la sentencia cuestionada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que acogió la demanda.

Denuncia por deficiencias en infraestructura originó una fiscalización y multa para el establecimiento por incumplimiento de la normativa educacional, la que fue confirmada en las instancias judiciales.

Resulta paradójico que el tribunal baja un grado y posteriormente aumenta un grado, otorgándole a la agravante de reincidencia específica un efecto que el artículo 449 N°2 no le confiere.

Esto es así, debido a la antijuricidad material de ambos ilícitos, que buscan complementarse para configurar el peligro previsto por el legislador, por consiguiente, no se puede castigar ambos hechos de forma separada.

De esta forma, la tesis de mera tolerancia invocada por la demandante carece de sustento. No pudo acreditar en la especie la concurrencia de los requisitos del inciso segundo del artículo 2195 del Código Civil.

La demandada no pudo probar que el cargo ocupado por el actor poseía facultades de representación, como pagar a proveedores, concurrir a acuerdos judiciales o extrajudiciales a nombre de la empresa, o pagar impuestos; por lo que el despido fue declarado improcedente.

Los actores demandaron la nulidad absoluta de una serie de actos en los que fueron representados indebidamente, y de los cuales -entre otras cosas- se les privó de sus derechos sociales, razón por la que estiman que es improcedente que se les aplique la clausula compromisoria para evitar que el litigio de fondo sea conocido por la justicia civil.