Laboral

El máximo Tribunal estableció que en la especie, no existe dispersión jurisprudencial que requiera unificación.

A pesar de esto, precisa existe abundante jurisprudencia administrativa sobre la cláusula tácita y el beneficio de estacionamiento, por lo que insta al requirente a concurrir a la Inspección del Trabajo de Valparaíso para que fiscalice los hechos y la configuración de la cláusula.

Si respecto de un acto administrativo se deduce acción jurisdiccional por el interesado, la Administración deberá inhibirse de conocer cualquier reclamación que este interponga sobre la misma pretensión.

A pesar de no resolver el recurso impetrado la Dirección precisa que carece de facultades para extender la aplicación de los procedimientos de negociación colectiva a los grupos negociadores, por lo que el dictamen 810/15 del 2022 tiene plena vigencia respecto de lo consultado.

El máximo Tribunal desestimó la procedencia del recurso al no acompañar la recurrente sentencias de contraste real.

La Dirección considera que en el caso consultado se aplica el principio lex specialis derogat legi generali, por lo cual debe preferirse el artículo 14 del DL 2.222 a los artículos 19 y 20 del Código del Trabajo que establecen condiciones de contratación de ciudadanos extranjeros.

Aplica doctrina contenida en su dictamen N° 4969/79 de 2016 y tiene en consideración la dispersión de sus trabajadores en distintas regiones del país.

Desde su nombramiento en 2016 despidió a más de 10 trabajadores afiliados al sindicato, sin justificar causa legal, instruyendo además a los nuevos trabajadores a evitar la relación con los funcionarios socios, para evitar que éstos los “contaminaran con sus malas prácticas laborales”.

Ex funcionaria municipal demandó por tutela laboral, acción que fue desestimada por impetrarse fuera del plazo de caducidad, no obstante, en sus recursos de nulidad y unificación solo reclamó por la permanencia en el tiempo de los hechos demandados, sin profundizar en las normas vulneradas y su influencia en lo dispositivo del fallo cuestionado.

Al tratarse de funcionarios que deben tener a lo menos 3 años de antigüedad en el servicio, estos se encuentran encasillados de acuerdo al artículo 49 del Decreto N°1889 del MINSAL previo cálculo de su capacitación, el cual se hizo sin el límite del artículo 54 de aquel reglamento. No obstante, dicho tope se aplica con posterioridad a tal personal.

Sin embargo, deben considerarse los acuerdos entre empleador y profesionales de educación sobre este tipo de compensaciones, en razón, del principio de la autonomía de la voluntad.

En la sentencia el juez rechazó íntegramente la reclamación deducida por la supermercadista al no establecer en los contratos de trabajo las funciones específicas que deberían cumplir los dependientes.

En atención a los artículos 162 y 183-B del Código del Trabajo, el municipio es responsable como empresa principal de velar por el correcto cumplimento de las normas de protección de los trabajadores por parte de la empresa contratista.

Por lo tanto se debe verificar la existencia de una práctica reiterada de la Corporación que manifieste la voluntad inequívoca de modificación del contrato y otorgue el derecho a los profesionales de la educación descansar durante las tardes que anteceden a las mencionadas festividades.

El máximo Tribunal desestimó la procedencia del recurso al no acompañarla parte recurrente sentencias de contraste homologables.

El máximo Tribunal descartó que exista dispersión jurisprudencial que requiera pronunciamiento unificador.

En aplicación de la doctrina de la Contraloría que considera que la Dirección es el órgano competente para ratificar una destitución de una dirigente perteneciente a una Corporación Municipal de Derecho Privado.

A pesar de que Contraloría no vislumbra inconvenientes en la disolución voluntaria de una Corporación, es necesario que el legislador delimite los efectos de la misma. Además, recuerda al personal de CORMUCENA que el artículo 4 inciso segundo del Código Laboral resulta aplicable para efectos de la continuidad del vínculo laboral y derechos laborales.

En atención a las nuevas medidas de prevención del gobierno en contra del Covid-19. No obstante, los empleadores deben mantener en sus instalaciones mascarillas para trabajadores que opten por su uso.

La demandante se pensionó antes de ingresar a trabajar para el demandado y en ningún momento manifestó su intención de cotizar ni señaló el sistema previsional que recibiría la pensión.

En la sentencia, la magistrada acogió la demanda de indemnización de perjuicios, tras constatar que las empresas demandadas incumplieron con la obligación de seguridad en la faena donde se registró el accidente laboral.

El pago de premios, bonos o remuneraciones ocasionales como mera liberalidad del empleador contraviene el principio de certeza y protección de las remuneraciones.

Dado que el artículo 17 del Estatuto de Salud Primaria no regula reglas de compatibilidad con los cargos de exclusiva confianza previstos en el artículo 7 del Estatuto Administrativo (entre ellos los Seremis), como sí ocurre en el artículo 87 letra e) del mencionado cuerpo normativo.

El Tribunal de alzada desestimó que la sentencia recurrida, pronunciada por el Juzgado de Letras de Diego de Almagro, se haya dictado con infracción de ley.

Dicha normativa no hace extensible su aplicación a los funcionarios que se rigen por el estatuto de la Ley 19.873, sin embargo, la DT menciona que el MINSAL podría establecer unas instrucciones al respecto. Agrega que este personal puede solicitar hasta 6 permisos anuales con fines médicos.

El Tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que estableció la responsabilidad de la empresa en la irrupción de la enfermedad –epicondilitis derecha y síndrome del túnel del carpo bilateral–, al no tomar todas las medidas de seguridad para proteger eficazmente la salud del trabajador, pero que rechazó el pago por lucro cesante demandado.

El máximo Tribunal desestimó la procedencia del recurso al no acompañar el recurrente sentencias de contraste.

El máximo Tribunal desestimo el recurso al no contener la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, pronunciamiento sobre la materia de derecho que la parte recurrente pretende unificar.

En el caso de que los 14 días del beneficio se utilicen de forma continua, no comprenderán los días de descanso de los trabajadores, independiente de su turno sea de lunes a viernes o en otra modalidad distinta.

La magistrada rechazó la excepción de finiquito al no justificar 3M la causal de necesidades de la empresa argüida en la carta de despido del trabajador.