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El máximo Tribunal concluyó que las expresiones utilizadas afectaron de manera arbitraria el derecho a la honra del recurrente.

La certificación del silencio administrativo es un acto trámite del municipio que, al no abordar el fondo de la reclamación, no configura la vulneración de derechos fundamentales.

La solicitud aún figura pendiente, lo que demuestra el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, al desconocer la aplicación de los principios de celeridad, conclusividad, economía procesal e inexcusabilidad.

La requirente alegó que la Corte Suprema ha declarado desiertos recursos de casación basándose en una norma derogada, impidiendo revisar el fondo de los casos.

"Sobreseimiento definitivo de estudiante de derecho es confirmado por la Corte Suprema tras acusación de ejercer ilegalmente la profesión en tribunales de familia."

La Corte Suprema estableció que la víctima, que sufrió una fractura de tobillo tras el accidente ocurrido en 2017, debió someterse a cirugía y a un extenso tratamiento de rehabilitación, manteniendo secuelas permanentes.

La requirente sostiene que el precepto impugnado genera incertidumbre, al permitir la notificación de la demanda con la sola entrega de los antecedentes a una persona adulta en el domicilio, sin exigir vínculo alguno entre esa persona y el destinatario de la notificación

La Universidad dio lugar a denuncias presentadas por estudiantes de Ingeniería en Información y Control de Gestión de la sede Puerto Montt, ordenando amonestación escrita y cumplimiento de condiciones de conducta por cuatro semestres.

La sanción impuesta había prescrito según el Estatuto Administrativo. El plazo de prescripción debe contarse desde la ocurrencia de los hechos, no desde la reapertura del procedimiento. La inactividad durante dos períodos calificatorios hace que continúe corriendo el plazo de prescripción. La destitución del exfuncionario vulneró su derecho a la igualdad ante la ley y la legalidad administrativa, al no haberse ajustado a los plazos establecidos por la normativa.

La sanción de “derecho de admisión” refiere a aquella que impide el acceso a espectáculos deportivos del futbol profesional a los individuos que hayan infringido las normas de ingreso y permanencia.

La Magistratura sostuvo que el precepto cuestionado, en el caso concreto, restringe en su esencia el derecho a la identidad y establece una diferencia de trato que no responde a un parámetro razonable.

La resolución impugnada no puede ser calificada como ilegal, dado que el artículo 368 del Código Procesal Penal establece que los recursos de apelación, como regla general, se conceden en el solo efecto devolutivo, salvo disposición legal en contrario, refiere el voto en contra.

Aunque tiene facultades discrecionales para rechazar el beneficio, la resolución recurrida carece de fundamentación suficiente y no explica las razones por las cuales desestimó los antecedentes objetivos contenidos en el informe de Gendarmería.

Ordena a Tesorería General de la República devolver al recurrente $5 millones retenidos de una transacción laboral. Si bien, puede aplicar la compensación de acuerdo a su Estatuto, no puede hacerlo en términos generales. La compensación de deudas requiere un procedimiento formal que garantice los derechos del contribuyente. Lo resuelto es sin perjuicio de que ejerza las acciones que el ordenamiento jurídico le otorga para hacer efectivo el pago de deudas tributarias que los particulares tengan con el Estado.

Si bien inicialmente alegó la clonación de su tarjeta, meses después de tal declaración, admitió que la tarjeta es utilizada también por su hija, quien habría ejecutado las compras cuestionadas.

Respecto de la existencia de una hija menor nacida en Chile, no basta para desvirtuar la expulsión, ya que fue su propia actividad delictual la que generó la situación que ahora reclama.

Lo convenido no implica renuncia a derecho alguno garantizado por la ley laboral, pues se respetan los montos mínimos legales establecidos a título de indemnización.

Revisión por suplantación permitió anular una condena tras descubrirse que la verdadera autora del robo usó la identidad de su prima.

La Corte Suprema rechazó recurso de nulidad y ratificó condena por tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas en Alto Hospicio. Rol N° 6463-2025.

El fallo establece falta de servicio del hospital por deficiencias en la identificación de recién nacidos; considera materializado el daño en 2022, cuando las familias conocieron resultados de ADN; rechaza excepciones de prescripción y falta de legitimación pasiva del hospital; reconoce profundo daño moral con consecuencias psicológicas duraderas; y para determinar el monto de la indemnización considera la gravedad del hecho y su impacto en la identidad de los afectados.

Rechaza acción de protección contra vecino por instalación de cámara de vigilancia al considerarla un "medio idóneo" para resguardar bienes e integridad familiar. No se acreditó acción ilegal o arbitraria por parte del recurrido. La instalación de la cámara está dentro de los límites de la propiedad del recurrido.

La Corte de Santiago resuelve que el Instituto Nacional del Deporte deberá emitir un certificado con vigencia actualizada que acredite la elección y titularidad de los miembros electos por la Federación.

La requirente sostiene que tal restricción afecta la igualdad ante la ley, al otorgar un trato desigual según el tipo de juez que dictó originalmente la sentencia recurrida, impidiendo el acceso a un medio de revisión cuando existen faltas o abusos graves en una sentencia.

No se acreditaron los hechos que vinculan las obras de relleno con las inundaciones en la zona.

Sobre la aplicación del artículo 35 quater de la ley N°19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, agregado por la ley N°21.634 que establece nuevas prohibiciones y regulaciones en materia de contratación pública, buscando promover la probidad administrativa y la transparencia.

No obstante tratarse de un procedimiento administrativo, en éste se encuentra plenamente vigente el principio de legalidad penal, de manera que, en la especie, al negarse el beneficio solicitado por aplicación de las disposiciones de la Ley N°21.421, no se observó el principio de irretroactividad de la ley penal desfavorable.

La obligación de entrega de información busca asegurar que los recursos de la subvención se destinen a fines educativos, lo cual fue acreditado en este caso.

La Superintendencia de Salud alega que la norma vulnera su derecho a la defensa y al debido proceso desde que no le permite reclamar de ilegalidad contra una decisión del CPLT que ordenó entregar información solicitada por un particular.

La sociedad recurrida no formalizó adecuadamente la sanción a comerciante, incurriendo en una comisión especial que vulnera el derecho a un “juez imparcial” y la igualdad ante la ley. Ordena a la sociedad que lleve adelante el procedimiento disciplinario conforme a su reglamento si considera que se debe sancionar al comerciante.

Razona la Corte Suprema que, si bien los hechos ameritaban una corrección disciplinaria, no son de una entidad suficiente como para justificar la sanción más gravosa.