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Toda resolución administrativa debe estar debidamente motivada para no constituir un acto arbitrario que vulnere los derechos fundamentales. La falta de fundamentación convierte dicha resolución en un acto ilegal y arbitrario, atentando contra los principios de justicia y equidad.

La Corte Suprema resolvió que la omisión denunciada conculca la garantía de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad del recurrente, al no encontrar fundamento para negar el pago íntegro de la asignación de zona sobre la especial de grado efectivo por el período en que el funcionario prestó servicios, respaldado por pronunciamientos anteriores.

La discusión acerca de las medidas cautelares respecto al adolescente se produjo ya en la sede especializada que indica la ley, refiere el voto en contra.

Hasta ahora, la propuesta que fue patrocinada por el Ejecutivo, propone un Plan Nacional de Enfermedades Poco Frecuentes, Raras o Huérfanas, una Comisión Técnica Asesora, un listado de estas enfermedades y un registro nacional de pacientes.

El Registro Nacional de Conductores es una base de datos autorizada por la ley, que persigue fines distintos al Registro de Condenas, en tanto no sólo persigue reunir la información para asegurar el cumplimiento de las sanciones penales, sino que además tiene por objeto mantener información con fines de proporcionar seguridad en la circulación vial.

La Ley N° 21.325, de Migración y Extranjería, publicada el 20 de abril de 2021, permite a los extranjeros que ingresaron al país antes del 18 de marzo de 2020 y que se encuentran en situación migratoria irregular, solicitar un visado de residencia temporal sin sanciones, siempre que no cuenten con antecedentes penales. La Resolución Exenta N° 1769 complementa esta normativa al especificar que la ausencia de antecedentes penales, tanto en el país de origen como en Chile, es un requisito indispensable para acceder al proceso de regularización establecido en la ley.

El proyecto, en segundo trámite, propone multas de más de 66 millones de pesos, de no existir “consentimiento expreso” para recibir llamados telefónicos o mensajería instantánea con objetivos publicitarios de proveedores; además, se incluye regulación ante cobranzas.

La Corte Suprema resolvió que, al no acreditarse el ejercicio efectivo de una actividad terciaria gravada ni la prestación de servicios a terceros, los sentenciadores incurrieron en un error al basarse solo en el objeto social de la ejecutada para establecer el hecho gravado, vulnerando el principio de reserva legal en materia tributaria.

Testificar proviene exclusivamente de la palabra testis en su sentido de testigo, sin conexión con los testículos. A lo largo del tiempo ha surgido una leyenda muy extendida que vincula la palabra testificar con una supuesta costumbre romana relacionada con los testículos. Una «fake news» histórica.

El requirente alega que el precepto legal objetado infringe el debido proceso y el artículo 22 del tratado de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, como así también, el artículo 5 inciso segundo constitucional, desde que a pesar de que el Estado de Chile se comprometió de buena fe a celebrar un Tratado Internacional, la norma impugnada impide oponer la excepción de inmunidad de jurisdicción, en circunstancias que las normas internacionales gozan de un estatus jerárquico superior al derecho doméstico.

El residente denunció que las recurridas han permitido estas obras sin considerar las afectaciones directas a su derecho de propiedad.

No obstante tratarse de un procedimiento administrativo, en éste se encuentra plenamente vigente el principio de legalidad penal, el que abarca la ejecución de las penas y medidas de seguridad por lo que se debe aplicar la ley vigente al momento de la comisión de los ilícitos.

Un comentario al fallo de la Corte Constitucional de Colombia, sobre el uso de la inteligencia artificial en el ámbito del derecho y la adopción de una perspectiva tecnológica en las decisiones judiciales.

Julio César asumió el título de Sumo Pontífice en el 63 a.C., consolidando su poder como líder militar, civil y religioso de Roma. Hoy ese título lo ostenta el Papa de la Iglesia Católica.

La Gran Sala declaró por unanimidad que un paciente adulto competente tiene derecho a rechazar cualquier tratamiento médico, incluido la transfusión sanguínea.

Esto, debido a que la ejecución de las obras de despeje de vegetación, escarpado del terreno, movimientos de tierra, intervención de cauce y extracción de tocones de alerces, llevadas a cabo por la empresa, constituyen un riesgo al medioambiente.

El requirente alega que el precepto legal objetado infringe la igualdad ante la ley, el debido proceso y los principios de publicidad y de fundamentación de las decisiones, desde que la Ley N°21.210 mantiene vigente la restricción para interponer el recurso de casación en la forma sólo a ciertas causales del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil en los juicios tributarios iniciados con anterioridad al 1 de marzo de 2020, pero a los posteriores.

Los imputados tienen acceso a medios tecnológicos para tener comunicación con la defensa.

El recurrido manifestó que las expresiones emitidas por la juzgadora evidenciaron un sesgo en contra del acusado. No obstante, el Tribunal Supremo sostuvo que la opinión de la jueza se refirió a la forma de examinar la prueba testimonial por parte del letrado, y no hacia cuestiones de fondo, por lo que el tribunal no perdió imparcialidad.

En muchos de los países en los que está legislada, cuando el paciente pide la intervención se corrobora, mediante evaluaciones psiquiátricas para asegurarse que no se trata de una simple depresión, y los requisitos son rigurosos.

Las entidades contratantes pueden pagar la diferencia entre el referido subsidio y el total de los honorarios acordados, si así se pacta en el contrato a honorarios.

Aplicativo agilizará la solicitud y respuesta de estas peticiones, concentradas especialmente en el sector minero.

No es posible aplicar las disposiciones contenidas en el Párrafo 2° del Título VII del Libro I del Código del Trabajo a los profesionales de la educación regidos por el Estatuto Docente.

Un nuevo estudio de la investigadora Katherine Becerra examina la situación del derecho consuetudinario indígena y la justicia indígena en Latinoamérica, con un enfoque específico en Chile y sus recientes procesos constituyentes. A pesar de contar con un respaldo significativo a nivel internacional, el derecho indígena en Chile enfrenta importantes desafíos que limitan su reconocimiento y aplicación, generando preocupación en las comunidades originarias.

La jornada comenzó con las palabras de la ministra presidenta (s) Sandra Álvarez, quien agradeció a los invitados y resaltó la importancia del seminario, al manifestar que la Inteligencia Artificial (IA) “ya está afectando diversos ámbitos de nuestra vida y que, como sociedad, debemos estar preparados para adaptarnos a este nuevo escenario”.

INDH adhirió a la acción interpuesta por la madre de un estudiante de un liceo municipal de Lautaro e instruyó al establecimiento a adoptar en un plazo de 30 días las medidas para subsanar la situación.

El Tribunal de alzada ratificó íntegramente la sentencia impugnada, dictada por el 29º Juzgado Civil de Santiago, que condenó al otrora teniente coronel de Carabineros a restituir al Fisco la suma de $43.524.756, correspondiente al monto malversado.

La Corte resolvió que la legislación establece procedimientos específicos para que la judicatura reconozca el derecho que pueda invocar la recurrida, pero mientras estos no sean ejercidos ni se haya dispuesto lo pertinente por los órganos jurisdiccionales competentes, no es lícito que recurra a vías de hecho para resolver disputas, alterando así el statu quo previo a dicha actuación.

Resolvió que dado que el demandado ocupaba y residía en la propiedad antes de que la actora adquiriera el dominio del inmueble y este hecho era conocido por ella, no se configura la mera ignorancia ni la tolerancia pasiva de su parte respecto a la ocupación del demandado, lo que hace improcedente la acción de precario.

A pesar de reconocer la permisividad en las fronteras chilenas, la Corte destacó que ello no otorga una base legal para el ingreso irregular ni exime a la autoridad de ejercer sus facultades.