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El beneficio es solo uno, aunque sean dos los hijos que padecen una enfermedad grave.

La propuesta establece que tratándose de un imputado respecto del cual existen antecedentes de haber cometido un delito con arma de fuego y en que la víctima sea un niño, si la resolución denegare su prisión preventiva, el juez deberá indicar de manera precisa las razones, fundadas en hechos y circunstancias del caso, que permitan descartar que la libertad del imputado sea peligrosa para la sociedad.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley y el principio de seguridad jurídica, desde que, a pesar de que el Servicio Nacional de Pesca y Agricultura no ha realizado gestión alguna en el proceso desde junio de 2022 a la fecha, no puede solicitar el abandono del procedimiento, sin que exista una razón para tal negativa.

La funcionaria no ha tenido oportunidad alguna de ejercer su defensa ante tales imputaciones o argumentar respecto de las conductas que se le atribuyen o de la pérdida de confianza del alcalde a la que se ha acudido, desde ese punto de vista, resulta arbitrario el término de sus servicios.

Existe vulneración de las normas internacionales sobre derecho humanitario, en particular la Convención de Belén do Pará, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Ante la proliferación de recursos de protección por hechos similares, la Corte ordenó al Servicio dictar las resoluciones que correspondan para adecuar la actuación de sus empleados a la correcta aplicación de las normas en la materia.

Un 12,5% de las noticias falsas, información manipulada o engañosa, compartidas en relación al Plebiscito Constituyente de 2023, habría sido originada por partidos políticos, mientras que un 87% por un actor desconocido.

Los programas de reinserción social ejecutados por Gendarmería se encuentran reglados en cuanto a su oportunidad y funcionamiento.

La propuesta se enmarca dentro de la Estrategia de Consolidación de la Educación Pública y busca resolver falencias de la ley N°21.040, que creó el Sistema de Educación Pública.

La Ministra Yáñez, destacó la jurisprudencia referida al debido proceso, específicamente, sobre el derecho al recurso, como parte integrante de las garantías del racional y justo procedimiento. “En la mayoría de las sentencias, el Tribunal Constitucional ha sostenido que el derecho al recurso no implica el derecho a un recurso en específico, por lo que el legislador tiene libertad para diseñar los sistemas recursivos de procedimientos especiales, enfatizando que la inaplicabilidad, con efectos supresivos, no es un mecanismo idóneo para crear recursos que el legislador no ha contemplado”, desta

El recurrente alega que el CDE no tiene facultades para desarrollar investigaciones ni dirigir aquellas que estén en curso, no sólo porque dicho rol le corresponde al Ministerio público, sino que, además, su competencia se orienta solo a aquellas que digan relación con aquellos casos en que se ha generado un perjuicio al patrimonio estatal, mas no para investigar un ilícito, menos si él, no es un funcionario público.

El requirente alega que las normas legales objetadas infringen el principio de legalidad, el debido proceso, el principio de la irretroactividad de la ley penal y el principio de presunción de inocencia, desde que a pesar de que no existe un nexo causal entre la conducta del ex Director General con la causación del resultado, se le atribuye la participación en apremios ilegítimos por el carácter de alto mando, en circunstancias que, sus instrucciones no fueron impartidas para ordenar que los oficiales o suboficiales a su cargo cometieran delito alguno durante el estallido social.

El acusado fue observado por los agentes policiales mientras vendía papelillos de pasta base en la puerta de su casa, indicio habilitante del control investigativo y registro posterior por delito flagrante. Los funcionarios encontraron en el inmueble diversas dosis de pasta base, cocaína y marihuana listas para ser vendidas.

El actor adujo que, el director del nosocomio de Antofagasta carecía de la facultad para rechazar un recurso que buscaba revertir la destitución impuesta por un sumario, en circunstancias que el artículo 36 letra f) del D.F.L Nº1 sitúa al Director del recinto como el jefe de dicho servicio, por lo que el sumario y destitución alegados se ajustaron a derecho.

La entrega del requerido quedará diferida a la culminación de los procesos criminales que el encartado enfrenta en Chile, ya que enfrenta tres investigaciones por su presunta participación en delitos de robo en lugar habitado en diversos inmuebles de la capital.

La instalación de la antena de telefonía celular cumplió con los trámites previos ante el municipio, y no constituye -en principio- ningún riesgo para la salud de los vecinos, ni para la salubridad de las aguas de un pozo cercano utilizado por la comunidad, como quisieron hacer ver los recurrentes para solicitar su desinstalación.

La actora acusó que fue informada como morosa en el boletín comercial, en circunstancia que la deuda observada se produjo por una estafa, error que fue advertido por DICOM que eliminó a la recurrente del registro, por lo que el recurso de protección fue desestimado por la magistratura por falta de oportunidad.

La propuesta busca solucionar los problemas que provoca el uso de uva de mesa para vinificación, ya que compromete el prestigio de la industria vitivinicultora nacional.

La norma establece medidas para fomentar el refinanciamiento de deudas de consumo y comerciales, mejorar el cálculo del pago mínimo de las tarjetas de crédito y potenciar el acceso a créditos para la vivienda y la construcción, entre otras materias.

El requirente alega que las normas legales objetadas infringen el debido proceso, el derecho a recurrir, el derecho a defensa, desde que aplicar un término preclusivo para reclamar la ineficacia del acto de la formalización le impide conocer los cargos por los que se le formalizará, privándolo de poder preparar una adecuada defensa.

El actor fue sancionado en 2018 luego de cursar una infracción a otro funcionario por beber alcohol en la vía pública, hechos que a la postre resultaron falsos, lo que devino en una condena por la magistratura castrense, que torna en irrecuperable su calidad de uniformado; por lo tanto, la acción cautelar es improcedente para pedir su reincorporación a las filas, así como para obtener la prescripción administrativa del sumario respectivo que aún no está afinado.

La iniciativa insta a las grandes y medianas empresas del sector de la economía a informar sobre el estado de la equidad de género al interior de la organización.

La Comisión de Seguridad Ciudadana aprobó una indicación del Ejecutivo que mantiene el requisito a los ex gendarmes de haber cumplido, a lo menos, veinte años de servicio activo en la institución. Se exige, además, una aptitud física y psíquica compatible con el uso de armas.

Las cotizaciones previsionales deben reajustarse de acuerdo a lo previsto en el artículo 63 del Código del Trabajo.

Presidente de la República cuenta con la atribución excepcional de establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad, la que puede delegar total o parcialmente, en el Jefe de la Defensa Nacional, a través del correspondiente decreto que así lo disponga de manera previa y expresa.

El tribunal de mérito, para desestimar la declaración de la testigo, no sólo considera el vínculo sentimental que mantiene con el acusado -de quien es cónyuge y tiene un hijo en común-, y su dependencia económica, sino además, tiene presente que la declaración de la testigo es opuesta a toda la prueba de cargo rendida por la fiscalía, por lo que no se aprecian los sesgos que el recurrente propone en su recurso.

La iniciativa busca corregir falencias para dotar de estabilidad y seguridad al sistema penitenciario, mediante el diseño e implementación de políticas carcelarias en orden a prevenir, disuadir y desmantelar estas organizaciones y su actividad delictiva.

El reajuste remunerativo constituye un medio para avanzar en estándares de trabajo decente.

La propuesta apunta a proteger el interés social del deporte, perfecciona la regulación sobre la administración de las organizaciones deportivas y precisa el alcance de los conflictos de interés.

Para abordar el fenómeno delictual desde una perspectiva integral que no solo implica adoptar acciones por parte de nuestras policías, sino también desde los distintos actores tanto públicos o privados, como las empresas de transporte terrestre para poder integrar las capacidades e información a fin de coordinar las acciones y establecer una respuesta integrada, única y eficaz.