Acciones de Amparo y Protección

A pesar que la resolución impugnada no es una sentencia definitiva que ponga termino al juicio, la pena sólo podrá cumplirse una vez que se encuentra ejecutoriada conforme al artículo 174 del Código de Procedimiento Civil.

Alega que la decisión fue arbitraria ya que otorgó un tratamiento diferenciado respecto a otro tipo de casos e imputados.

El Tribunal acogió los argumentos del recurrido, que citó la Ley de Urbanismo y Construcción y normas del Código Civil que regulan acciones y procedimientos especiales para el conocimiento y resolución de la controversia.

La actora fundó su alegación de ilegalidad en la vigencia del contrato de arrendamiento entre las partes, pero omitió la existencia de un contrato complementario de suministro de energía que faculta al proveedor de ese servicio a cortar la electricidad en caso de mora del deudor.

Al haberse decidido por el Juez de mérito no ejercer sus facultades conservativas, fuera de los márgenes que autoriza el artículo 10, 14 letra a) y 36 del Código Procesal Penal, se ha incurrido en una ilegalidad que puede afectar los derechos fundamentales del amparado.

El recurrido ha ejecutado actos de autotutela, prohibidos por el ordenamiento jurídico, que transgreden el derecho de propiedad de los actores sobre su predio y la servidumbre constituida en favor de estos.

Se trata de un servicio esencial que se debe prestar en condiciones que el suministro de agua potable se adecúe a los mínimos exigibles para la integridad física de la población humana afectada.

El infractor se dirigió ante todos los organismos competentes sin recibir respuestas del paradero de su camioneta, por lo tanto, no puede ser obligado a pagar los costos del error en el ingreso de su vehículo a los corrales municipales.

Desde la perspectiva de la autoridad migratoria, aquélla se encuentra obligada a exigir esta condición a los extranjeros que no registren ingreso regular al territorio nacional.

Modificación que comenzará a regir desde la publicación respectiva en el Diario Oficial.

El bloqueo de los productos contratados por el actor es una manifestación del ejercicio de las facultades que tiene el Banco, de acuerdo al contrato de servicios financieros, que permite incluso terminar todo vínculo contractual entre las partes en caso de mora del cliente.

El artículo 31 de la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros establece expresamente la facultad de la autoridad policial para destinar al personal en los diversos cargos y empleos según los requerimientos de la función policial.

El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario e infundado de la Fiscalía al disponer el levantamiento de la medida de protección.

El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario de la entidad pública al desconocer sus propias actuaciones y el tiempo que la alumna ha dedicado a la realización de la práctica profesional en la Defensoría Penal Pública.

Sin perjuicio de la facultad que tiene la Corte de reconducir los hechos a una garantía efectivamente amparada por el recurso de protección, lo cierto es que no puede desatender su deber de resguardar los derechos de los demás miembros de la comunidad, entre los que se incluye a la profesora afectada.

Una vez que el tribunal de instancia decretó el arresto domiciliario nocturno, la Fiscalía apeló y contravino lo manifestado en la audiencia de formalización, alega el recurrente.

La Corte desestimó la alegación de que la cesión de derechos que le sirve de título a la actora era inválida por recaer sobre tierra indígena, la que debe ser conocida por el tribunal competente, en el procedimiento establecido el efecto y no a través de una acción de naturaleza cautelar y de emergencia.

El Tribunal de alzada descartó actuación ilegal o arbitraria de las recurridas que amenacen alguna garantía constitucional.

No es la vía idónea para revisar la sentencia cuestionada en la medida que contiene el pronunciamiento del tribunal de segundo grado, en la instancia incoada conforme a la Ley 18.216.

No resulta lícito por vías de hecho retener bienes de otra persona, pues el ordenamiento jurídico contempla mecanismos y procedimientos para hacer valer los derechos en estos casos. De no mediar una resolución judicial que lo autorice, quien efectúe la retención se constituye en una comisión especial.

Si la defensa no dedujo recurso de apelación en contra de la resolución que decretó la internación provisoria, nada impide que interponga un recurso de amparo, en atención al carácter de derecho fundamental que tiene el derecho a la libertad y, además, porque se trata de una acción constitucional y no solamente procesal.

El recurso de protección no es la vía idónea para calificar el mérito de la sanción impuesta, que fue determinada en el marco de las atribuciones disciplinarias del órgano recurrido, materia que queda fuera de la competencia de la Corte de Apelaciones.

Lo que ocurre es que el amparado discrepa respecto de una resolución judicial debidamente motivada lo que debe discutirse en sede de otras herramientas procesales diversas a la de la presente acción cautelar.

La Ley N°19.966 y el Reglamento de Mediación disponen que son los interesados quienes deben nombrar al mediador, limitándose la Superintendencia a poner en conocimiento de este último dicho nombramiento.

Los dichos vertidos a través de YouTube no pueden ser amparados como manifestaciones de la libertad de expresión, puesto que este derecho debe ser considerado de manera armónica con el derecho a la honra de las personas.

La Corte ordenó que el procedimiento se retrotraiga hasta el momento de tener que notificar válidamente el Decreto de término de contrato, sin referirse a la procedencia del acto posterior de cobro de la póliza de garantía.

Ordenó a los recurridos dar cuenta de la actual cantidad de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en esa situación, los plazos asociados a cada programa e informar en qué fecha harán ingreso efectivo a los comentados programas.

Se reitera la jurisprudencia que considera a la libertad de expresión como uno de los pilares de la democracia. Además, resalta que el actor participo del reportaje que considera difamatorio.

El Ministerio Público tiene la facultad de formalizar la investigación tanto por hechos tipificados como delitos en el Código Penal como por hechos que configurarían delitos contemplados en la Ley de Seguridad del Estado.

Se trata de una controversia que debe ser debatida en un juicio de lato conocimiento cuyas garantías procesales son mayores que las de un procedimiento de naturaleza cautelar como el del recurso de protección.