Acciones de Amparo y Protección

No hay ilegalidad o arbitrariedad en la publicación de la Asociación para la Paz y Reconciliación de la Araucanía, en tanto constituye un relato de hechos que habría afectado a los propietarios del Fundo Huichahue, sin ser una ofensa hacia los recurrentes.

Cualquier restricción a la libertad de expresión debe ser interpretada restrictivamente, y se debe preferir el establecimiento de las responsabilidades por los eventuales abusos que se cometan en su ejercicio.

Se tuvo presente la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional que declaró inaplicable el artículo 33 Nº2 de la Ley en comento, en cuya virtud se impuso la sanción impugnada.

La resolución impugnada amenaza la garantía constitucional del artículo 19 Nº21 de la Constitución, pues arbitrariamente desatendió los fundamentos de los anteriores actos normativos que buscaban a mitigar los efectos negativos de la situación pandémica.

Establecer si las recurrentes tienen un derecho adquirido a mantener dichos dineros, implica un pronunciamiento de naturaleza declarativo, no siendo ésta la vía idónea para resolver el conflicto planteado.

El cierre unilateral de la cuenta que se reprocha no aparece realizado con infracción de ley o por mero capricho, sino como consecuencia de un mal empleo de la cuenta corriente por la actora.

El Tribunal de alzada no hizo lugar a las acciones constitucionales, por estimar que la autoridad recurrida actuó dentro de sus facultades legales, al denegar los permisos de salida temporal del Centro de Estudio y Trabajo de Victoria, donde cumplen condena.

Los recurridos al desestimar la solicitud de la actora mediante expresiones genéricas, no le permiten comprender el motivo de su decisión, lo que amenaza el derecho a la igualdad ante la ley.

La enseñanza bajo modalidad online busca emular los resultados de las clases presenciales, lo cual se logra mediante la forma en que el colegio ha procedido.

Del mérito de los antecedentes aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de las garantías fundamentales consagradas en la Constitución.

El banco ha impedido el pago de las cuotas del crédito hipotecario sin una resolución judicial que así lo ordene, lo que constituye un acto arbitrario e ilegal.

La resolución impugnada carece de fundamento, toda vez que, no alude a los elementos reunidos en el proceso para descartar su mérito.

La interpretación de las normas bancarias por las recurridas atenta contra el derecho de igualdad, por cuanto excluye al actor del acceso al seguro de desgravamen y, con ello, al crédito hipotecario por el solo hecho de ser portador de VIH.

La tramitación pendiente de la categorización del humedal Artesanos como un “humedal urbano” conforme la Ley 21.202, no obsta a su reconocimiento como tal y, por tanto, procede su protección.

El colegio no incurrió en ilegalidad al actuar, toda vez que, la medida se adoptó en concordancia con el Reglamento Interno Escolar.

La ley otorga la facultad al banco de postergar o no las cuotas de los créditos hipotecarios, lo que no puede interpretarse como una obligación legal para la entidad recurrida.

Al existir una amenaza al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación de los habitantes de la comuna, se deben adoptar las medidas cautelares necesarias para evitar su materialización.

Del mérito de los antecedentes aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración a las garantías fundamentales consagradas en la Constitución.

Del mérito de los antecedentes aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de las garantías fundamentales consagradas en la Constitución.

Los hechos y pretensiones del recurso exceden las materias que deben ser conocidas a través de esta acción atendida su naturaleza cautelar.

La asesoría jurídica recibida por la recurrente, prestada por la institución a la cual se derivó su caso, obtuvo un pronunciamiento favorable, lo que impide sostener que haya quedado desamparada.

Del mérito de los antecedentes aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de las garantías fundamentales consagradas en la Constitución.

Al existir un juicio de lato conocimiento por los hechos denunciados, el presunto derecho vulnerado no se encuentra indubitado.

Se acreditó que las autoridades sectoriales adoptaron medidas para evitar los daños ambientales que lograron poner término a la emergencia acaecida.

Corte Suprema revocó la sentencia en alzada y dejó sin efecto esa medida, pero confirmó en lo demás la sentencia apelada.

El Tribunal de alzada estableció que la adopción de campañas sanitarias corresponde a políticas públicas privativa del Ejecutivo y que no corresponde a los tribunales establecer su pertinencia.

Al acreditarse los trabajos de construcción y la consecuencia de la destrucción del muro, se puede concluir que ésta se produjo por tales obras, por lo que corresponde su reparación.

La dilación manifestada en el recurso no es suficiente para obviar los requisitos exigibles para el desarrollo de la actividad que se pretende.

Solicitan se incorpore la variable terrestre, pH, temperatura y sedimientos submareables en proceso de revisión del artículo 25 quinquies de la Ley N° 19.300 de la RCA del proyecto “Central Termoeléctrca Angamos”.

La Corte sostiene que, en atención al riesgo que existe de ocasionar un daño irreparable al ecosistema, en el evento de ser efectivos los hechos denunciados, se debe acoger el recurso.