Judicial

Su infracción no sólo perjudica al acusado, sino que a la sociedad en su conjunto ya que deteriora las condiciones de producción de la prueba que minimizan la posibilidad de error en la decisión judicial. Se autorizó la incorporación de prueba nueva en términos diversos a la solicitud del Ministerio Publico, y los testimonios no estuvieron a disposición de la defensa en forma previa lo que vulnera el derecho a la defensa.

La audiencia de comunicación de la sentencia no ha agotado su propósito, al encontrarse vedado el acceso del querellante al texto íntegro del fallo escrito, por lo que ordenó al Tribunal realizar una nueva audiencia al efecto, en la que se le entregará copia integra del fallo al querellante a fin de que ejerza sus derechos.

Las normas de tránsito que deben cumplir los peatones, evidentemente son diversas a aquellas que debe respetar el conductor de una bicicleta.

El máximo Tribunal observó que la magistratura erró al considerar prescrita la acción de cobro, debido a que no transcurrieron los 3 años de plazo indicados en los artículos 2514 y 2521 del Código Civil, contados desde la fecha en que la cuota del crédito se hizo exigible en 2019.

La obligación establecida en los artículos 39, 396 y 405 del Código Procesal Penal, debe ser cumplida por la magistratura aun cuando el delito sea de acción penal privada y el resultado de la decisión sea la absolución, pues de omitir dicha exigencia, el tribunal priva a los intervinientes de ejercer su derecho a recurso al desconocer los fundamentos del fallo.

El máximo Tribunal concluye que el plazo de prescripción de la acción de cobro del cheque se interrumpe al iniciar la gestión preparatoria de reconocimiento de firma y deuda, no obstante, la certificación de dicha gestión culmina este trámite y luego de ella el plazo de prescripción de un año comienza a computarse nuevamente.

Según el ente persecutor, en agosto de 2021, año en el cual la víctima cursaba segundo año de educación media en un liceo de la ciudad de Punta Arenas, fue objeto de tratos degradantes por parte del imputado, quien se desempeñaba como profesor de educación física, tratándolo a viva voz de “tonto, raro y leso”.

El tribunal de primer grado enfatizó que desde el año 2001, no se puede invocar la falta de adecuación técnica del trabajador como una “necesidad de la empresa”, por haber sido derogada esta circunstancia por la Ley Nº19.759.

El juez de base sólo dio a conocer la parte resolutiva del fallo, incumpliendo con lo establecido en los artículos 39 y 396 del Código Procesal Penal, relativos a la obligación de dar a conocer de forma escrita e íntegra la sentencia condenatoria.

El Consejo para la Transparencia acogió el amparo de acceso a información pública y ordenó a la Fuerza Aérea entregar información sobre armas dadas de baja por la institución entre el 1 de enero de 2019 y el 22 de abril de 2022, desglosada por cantidades, tipos y modelo.

La norma persigue que los afiliados puedan tramitar con mayor facilidad sus requerimientos y la obtención de beneficios previsionales, contemplando medidas de seguridad adecuadas.

El Tribunal de alzada descartó infracción en la sentencia impugnada, dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

La identificación mediante el registro de las cámaras de seguridad del recinto, fue fundamental para dar con el paradero del imputado, quien fue sorprendido en su domicilio ocultando las especies sustraídas.

El demandante no pudo acreditar que poseía el consentimiento del demandado para gravar 7,9 hectáreas en la comuna de Melipilla, en las cuales, existe un programa de reforestación respecto de especies nativas -como el quillay y la palma chilena-, autorización que es necesaria según lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Concesiones Mineras.

Un guardia de seguridad detuvo al acusado al observar que se disponía a abrir vehículos estacionados en un mall con un control universal. Posteriormente, lo trasladó a una oficina donde el infractor le entregó el control universal y un destornillador modificado para abrir cerraduras, actuación autónoma que no infringe el debido proceso, pues no altera las funciones de los agentes policiales que arribaron unos minutos después al lugar de los hechos.

La sola omisión, de parte del sentenciador en orden a por qué optó por la declaración de los testigos, en desmedro de la declaración del encartado, no es una declaración que deba el Juez manifestarla expresamente.

La Ley Nº20.027 que otorga el CAE a los estudiantes de educación superior es de carácter especial, en relación con las normas generales del concurso establecidas en la Ley Nº20.720, y en tal sentido, establece un trato diferenciado más benevolente para el deudor insolvente.

El máximo Tribunal desestimó un recurso de queja presentado en contra de un fallo arbitral de segunda instancia, no obstante, invalidó de oficio la sentencia recurrida, al estimar que la decisión infringía el principio de la buena fe establecido en el artículo 1546 del Código Civil.

Particulares dueños de predios superficiales presuntamente afectados por solicitudes de ampliación de servidumbres para trasladar agua desalada hacia las faenas de una empresa minera, pidieron que se declare inaplicable el bloque jurídico completo del Código de Minería y de la Ley de Concesiones Mineras que las regulan, sosteniendo que la petición de ampliación debía tramitarse conforme las normas que regulan las servidumbres en el Código Civil, en un juicio de lato conocimiento.

Por seguridad todos los productos eléctricos que se comercializan en el país deben contar con sello SEC, con la certificación de un organismo técnico autorizado por la Superintendencia.

La parte demandada en un procedimiento de precario no pudo acreditar que son los verdaderos dueños del inmueble desde hace 40 años, así como tampoco pudieron probar algún antecedente jurídico que los autorizara a la ocupación, pese a ser hermanos de la demandante.

La empresa nacional incumplió los términos de un contrato mercantil internacional, retirando desde la aduana del puerto de Iquique la mercadería que fue enviada por la demandante, sin efectuar posteriormente el pago de los productos, por lo que el tribunal arbitral la condenó a pagar el precio de los productos junto con las multas respectivas por tal incumplimiento y las costas del procedimiento.

El Consejo multó con 30 UTM a la emisora por omitir la advertencia de inicio del horario de protección al menor, decisión adoptada sin abrir un término probatorio para que el Canal pudiera acreditar sus descargos, acto que infringió el debido proceso reconocido en el artículo 19 Nº3 de la Constitución, y en el artículo 35 de la Ley Nº19.880.

La reclamante denunció que la elección se convocó y realizó con un plazo de anticipación inferior al exigido en los estatutos.

Asimismo, la estatal debe permitir el retiro de los equipos y maquinaria perteneciente a la recurrente que se encuentran en la mina de El Salvador. Retener bienes y estados de pago con el fin de negociar el término unilateral de un contrato, constituye un acto de autotutela efectuado por la recurrida.

El legislador otorga a los jueces plena libertad respecto de la valoración de la prueba, y no resulta posible que a través del recurso de nulidad se discuta la apreciación que ellos.

Estimó que la decisión del tribunal de base de condenar a los encartados por un delito de lesiones en concurso con un cuasi delito de homicidio es errada, debido a que del propio fallo condenatorio se desprende la existencia de dolo eventual y, en tal sentido, la calificación de los hechos debió ser la de homicidio simple.

La ley eliminó la exigencia de tener que acreditar tener la condición de inválido y haber vivido a expensas de su cónyuge al momento de su fallecimiento.

El máximo Tribunal, estimó que es un acto de autotutela por parte del empleador decidir no pagar la asignación de movilización y el bono de turno nocturno, a aquellos trabajadores que durante la crisis sanitaria autorizó a prestar servicios desde sus domicilios de origen y no en el lugar donde se ubica la faena minera, pese a que dichas partidas están expresamente reconocidas en el convenio colectivo vigente.

El SERNAC acusó a los ministros integrantes de la Séptima Sala de la Corte de Santiago de incurrir en falta o abuso grave, al revocar en alzada el fallo de primer grado que hizo lugar a una denuncia infraccional en contra de una autopista concesionada. El máximo Tribunal indicó que las discrepancias con el resultado del juicio, no pueden ser consideradas como un error de parte de los recurridos.