Judicial

El viaje no estaba relacionado con las funciones propias de los respectivos cargos ni existía un fin o interés público vinculado a dichas actividades, por lo que asignar y disponer de fondos públicos mediante las autorizaciones respectivas conlleva un detrimento al erario público.

La jurisprudencia ha precisado conceptualmente que lo que se reprocha por esta causal es el exceso sobre el contenido de la acusación y que dicho plus signifique una condena por un tipo distinto del comprendido en la pieza de cargos.

El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que ordenó el pago indemnizatorio.

Es un grave atentado contra el principio de legalidad, del principio pro reo y de aquellos que deben regir la hermenéutica de las leyes penales, imponer una pena a un caso no expresamente previsto por la Ley. De forma que se ha efectuado una errónea aplicación del derecho.

Un grupo de trabajadores demandó a una empresa de telecomunicaciones por los incumplimientos previsionales y despido injustificado al que fueron sometidos por la empresa contratista. El máximo Tribunal estimó que la sanción del artículo 162 del Código del Trabajo, se aplica de forma solidaria a la empresa principal en razón de su deber de supervigilancia, de acuerdo a lo establecido en los artículos 183 B, C y D del mismo texto legal.

El imputado intentó anular el juicio argumentando que los agentes lo vieron entregando un sobre blanco y recibiendo un billete a cambio, acto que indica como neutro. No obstante, el máximo Tribunal estimó que los hechos fueron apreciados en contexto por personal de Carabineros, quienes estimaron que tal acto podría constituir un ilícito como finalmente fue confirmado por la magistratura.

El máximo Tribunal estimó que el cultivo de cannabis que el recurrente mantenía en su domicilio y en el de unos vecinos, era utilizado para el tratamiento de enfermedades, motivo por el que no existe peligro para la salud pública, que tutela el artículo 8 de la Ley N°20.000, y por lo tanto, el hecho carece de antijuricidad material.

Corresponde a los tribunales determinar si el tiempo de pena cumplido por el recurrente lo habilita o no para optar al beneficio, por lo que Gendarmería no puede establecer de forma administrativa la improcedencia de la postulación del actor.

Alcanzó a reunir el número de ciudadanos afiliados para completar su inscripción.

El Tribunal de alzada revocó la sentencia apelada, pronunciada por el 5° Juzgado Civil de Santiago, solo en aquella parte que rechazó la demanda deducida en contra de Enami.

El fallo no satisface la exigencia de una motivación completa y suficiente, al introducir elementos no demostrados en juicio para otorgar la credibilidad que otorga al relato de la víctima y consecuentemente que los hechos sucedieran de la manera que se postula en la acusación, como porque tampoco alcanza para excluir razonablemente que los hechos pudieron ocurrir de otra manera.

El acusado fue conminado a detenerse por los agentes, pero no lo hizo intentando eludir el control policial, lo que llevó a los funcionarios a detenerlo para controlar su identidad, incautando 62,7 gramos de cocaína y $766.000.- producto de la venta del alcaloide.

El máximo Tribunal razona que la imposición de la medida cautelar y la dictación de la sentencia definitiva son momentos procesales diferentes que requieren de grados de convicción distintos, con procesos valorativos e interpretativos diversos y, por consiguiente, dichas fases, aun con conclusiones contrapuestas, pueden ser perfectamente válidas y jurídicamente correctas.

El tribunal forma su convicción en base a la prueba producida durante el juicio oral y como el acusador no incorporó el bate de madera, ambas partes quedaron en las mismas condiciones, por lo que mal puede sostener la defensa que fue impedido de ejercer las facultades que la ley le otorga.

Se solicitó la inscripción de la marca “RSK GROUP”, y una empresa se opuso alegando que las letras “SK” eran parte de su denominación, argumento que fue desechado por el máximo Tribunal, al observar además que la recurrente invocó una presunta infracción a las normas probatorias, sin puntualizar ninguna en concreto.

Señala que existe una discrepancia entre los plazos para inscribir acciones y solicitar la cancelación de tal inscripción.

La Superintendencia de Seguridad Social no renovó la contrata de la reclamante, que acusó que el acto administrativo no estaba debidamente fundado, pues justificó el cese en una mala calificación, pero no acreditó haber cumplido con el procedimiento previo de evaluación, por lo que el Contralor dispuso su reincorporación.

En la audiencia de formalización, el magistrado Víctor Sanhueza Bravo ordenó el ingreso de Lizana Retamal, Rivera Tudela y Segovia Marín al Centro Penitenciario de Alto Hospicio por considerar que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, fijó en 150 días el plazo de investigación.

El máximo Tribunal estableció error de derecho en la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que absolvió a 26 acusados y confirmó la de primer grado que los condenó como autores del homicidio.

El Consejo de la CMF resolvió hacer público el inicio del procedimiento y los cargos formulados con el fin de velar por la fe pública y el interés de los inversionistas.

Este fue denunciado por su hermana de amenazas en contexto de violencia intrafamiliar, y con la información obtenida en dicha denuncia, los agentes capturaron al acusado en un motel de la ciudad de Rancagua, portando un arma de fuego prohibida así como paquetes con marihuana y cocaína.

El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario de las recurridas al denegar la cobertura, cuando está en riesgo el derecho constitucional a la vida, por lo que les ordenó iniciar en el más breve plazo el tratamiento indicado con el fármaco ustekinumab, el cual inhibe el sistema inmunológico y reduce la inflamación asociada a la enfermedad de Crohn.

El Tribunal de alzada desestimó la acción tras establecer que no existe ilegalidad o arbitrariedad en el proceso de calificación cuestionado por el recurrente.

El imputado intentó revertir la pena alegando que la policía actuó sin existir ningún indicio previo, ya que el mero hecho de eludir la presencia policial no puede ser calificado como una actitud indiciaria de un hecho ilícito, argumento que fue desestimado por el máximo Tribunal.

El artículo 39 del Código Procesal Penal, impone a la magistratura el deber de dar a conocer íntegramente por escrito los fundamentos que sustentan la decisión condenatoria, y no sólo la parte resolutiva del fallo, en caso contrario, el Tribunal vulnera el derecho a defensa del acusado.

Los ministros recurridos de la Corte de Apelaciones confirmaron la decisión del Consejo para la Transparencia, que ordenó dar a conocer información comercial de la empresa cuya divulgación afecta el desarrollo de su giro comercial y lo pone en una posición de desventaja en el mercado.

La Corte Suprema aprobó la sentencia dictada por la Corte de Puerto Montt, que rechazó el recurso de amparo económico interpuesto en contra del director regional del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), por no dar curso a una solicitud de criadero de fauna silvestre para exhibición. La recurrente indicó que el día 26 de octubre…

El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó la de primer grado que estableció la responsabilidad de la empresa en el accidente, al incumplir con la obligación contractual de trasportar a los usuarios en condiciones seguras.

El máximo Tribunal desestimó la procedencia del recurso al estar presentado contra hechos establecidos por los jueces del fondo.

Los hechos fueron recalificados de oficio por el tribunal una vez finalizada la discusión y la incorporación de la prueba, incluyendo nuevos ilícitos que no fueron señalados por el Ministerio Público en la acusación, lo que vulneró el derecho a defensa del imputado.