Judicial

AFP Cuprum intentó cobrar más de 20 millones de pesos adeudados por cotizaciones impagas a ex funcionarios de la Universidad La República, sin embargo, la acción se encontraba prescrita en atención al artículo 31 bis de la Ley N°17.332.

El contrato de trabajo debe contener la determinación de la naturaleza de los servicios y del lugar o ciudad en que hayan de prestarse. El contrato podrá señalar dos o más funciones específicas, sean estas alternativas o complementarias, exigencia no cumplida, lo que motivó la sanción de multas.

En la especie, los funcionarios fiscalizaron a un tercero que acababa de salir de la casa del imputado luego de una venta de drogas, motivo que autorizó el ingreso al lugar al verificar la comisión de un delito, en razón de los artículos 129, 130, y 206 del Código Procesal Penal.

Según los artículos 231 y 238 del Código de Procedimiento Civil, en relación al numeral 15 del Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, las Cortes de Apelaciones tienen las mismas atribuciones que los tribunales ordinarios para conocer la solicitud de cumplimiento incidental respecto de alguna de sus sentencias.

Al considerar la realidad fáctica de las labores desempeñadas por la demandante, se desprende que cumplía con los requisitos de los artículos 7 y 8 del Código del Trabajo para considerar el vínculo como laboral, al estar sujeta a jornada, horario, supervisión de jefatura, y desempeño de los servicios encomendados en dependencias del empleador.

La judicatura de fondo utilizó elementos de un informe pericial contradictorio, en el que se fijaba un valor inferior por metro cuadrado que el ofrecido por la Comisión tasadora, sin explicar el tribunal los elementos de convicción que lo llevaron a elevar el monto definitivo de la indemnización.

El demandado suscribió cheques a plazo para comprar las fichas, los que bloqueó con posterioridad alegando que las deudas contraídas en juegos de azar adolecen de objeto ilícito, argumento que fue desestimado por el máximo Tribunal.

El imputado denunció ser la víctima de un robo con violencia ocurrido al interior de su casa, por lo que autorizó el ingreso del personal policial al lugar, quienes al registrar el inmueble encontraron un arma de fuego sin que el actor pudiera acreditar el permiso para su tenencia.

El Tribunal de alzada descartó infracción en la resolución exenta sancionatoria, dictada por la CMF dentro de sus facultades legales.

En base a la carga dinámica de la prueba, el Tribunal solicitó al proveedor que hiciera entrega de los comprobantes de compra de los bienes adquiridos, bajo apercibimiento de tener por acreditado lo señalado en la denuncia y demanda civil.

El CBR de Castro se negó a inscribir una compraventa que recaía en un inmueble indígena, en atención al artículo 13 de la Ley N°19.253, que prohíbe la enajenación de un predio indígena a un tercero que no posea tal calidad, sancionando dicho acto con nulidad absoluta.

Si bien a la fecha de notificación de la demanda ya habían trascurrido los 4 años de prescripción de la acción, dicho plazo se suspendió en favor de 2 de los 3 demandantes, que eran menores de edad al momento de ocurrir el accidente.

El máximo Tribunal sostiene que, si se cumplen los requisitos para el otorgamiento de la servidumbre establecidos en los artículos 120 a 124 del Código de Minería, el gravamen debe ser concedido al solicitante, aun si el beneficiado no se encuentra en disposición inmediata de iniciar la actividad minera, o se encuentran pendientes los permisos respectivos.

Al solicitar el nombramiento de un árbitro para un juicio sobre cuentas, el demandado negó la rendición argumentando no haber aceptado el encargo, situación que debe ser conocida en un procedimiento declarativo de cuentas, donde ambas partes expongan sus argumentos sobre la existencia -o no- de la obligación solicitada.

El Tribunal de alzada descartó infracción de ley en la sentencia impugnada, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Valdivia, que rechazó con costas el reclamo judicial de multa interpuesto por la empresa en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Valdivia.

La Tercera Sala del máximo tribunal confirmó la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, en la parte que estableció la responsabilidad del Estado por la falta de servicios en el actuar policial en el control de un manifestación pública, pero estableció error de derecho al conceder parcialmente lo pedido por concepto de lucro cesante.

En el juicio ejecutivo de cobro de patente municipal los jueces de fondo sólo analizaron el certificado de deuda emitido por el Secretario Municipal, omitiendo el análisis de la prueba aportada por el ejecutado, que acreditaba que su actividad comercial era primaria, por lo que no estaba sujeta al gravamen pretendido por el municipio.

En avenimiento, la empresa denunciada ofreció pagar $165.000.- por concepto de daño material, monto que fue aceptado por la consumidora afectada que, en consecuencia, se desistió de la acción civil incoada. En lo infraccional se le impuso una multa a beneficio fiscal de 10 UTM.

El trabajador posee un derecho de opción para acudir al tribunal mediante el procedimiento de aplicación general si no desea concurrir previamente ante la Inspección del Trabajo, según lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 498 del Código del Trabajo, resuelve el máximo Tribunal.

El Tribunal debe hacerse cargo, al fundamentar su decisión, de toda la prueba producida incluso de aquella que hubiere desestimado.

El aviso publicitario debería bastarse a sí mismo a fin de proporcionar al consumidor la debida información, logrando una total transparencia, equilibrio y seguridad en las relaciones de consumo.

La empresa reclamó en contra de la resolución administrativa referida a la calificación de servicios mínimos de su personal en huelga legal. El tribunal de primera instancia se declaró incompetente, hecho ratificado en alzada, privando a la recurrente de su derecho a acudir a la judicatura para obtener una solución al litigio.

El recurrente expuso argumentos genéricos sin puntualizar de forma concreta como se habría vulnerado el debido proceso, motivo por el cual, el máximo Tribunal desestimó el arbitrio quedando a firma la condena impuesta.

El máximo Tribunal confirmó la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que ratificó la de primer grado que estableció la responsabilidad de la empresa en el accidente de marras.

El Tribunal de alzada descartó infracción en la resolución del CNTV que sancionó a la estación televisiva al contabilizar programa emitido parcialmente fuera de la franja horaria legal.

El imputado fue visto por personal de carabineros realizando un intercambio de dinero en la calle durante la madrugada, y al notar la presencia policial intentó huir del lugar, siendo detenido y controlado por los agentes, quienes encontraron en su poder más de 500 papelillos de pasta base y dinero en efectivo.

Si el despido es declarado improcedente –como ocurrió en la especie– el empleador debe reembolsar el monto descontado, en atención a los artículos 13 y 52 de la Ley N°19.728, en relación con el articulo 161 del Código del Trabajo.

En caso contrario, el sentenciador incurre en la causal de nulidad formal del N°5 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, en relación al artículo 170 N°4 del mismo cuerpo legal; debido a que la judicatura de fondo no razonó ni explicó como llegó a la conclusión de preferir la prueba pericial ofrecida por demandante en una acción reivindicatoria, en circunstancias que el informe pericial incorporado por el demandado arribó a conclusiones opuestas.

Por consiguiente, este ítem indemnizatorio no puede calcularse mediante la pérdida de una ganancia cierta. El recurrente perdió cuatro dedos de la mano derecha, por lo que atendida su edad, actividad realizada, y estimación de lo que dejó de percibir a futuro, el máximo Tribunal concedió el monto indemnizatorio por los perjuicios ocasionados por un accidente laboral, a título de lucro cesante.

La entrada y registro del personal policial fue autorizada previamente por el Ministerio Público, al constatar la existencia de cultivos de marihuana en la propiedad del acusado; lugar al que la propia pareja del actor permitió el ingreso a los agentes, por lo tanto, la diligencia se efectuó conforme a derecho.