Judicial

El máximo Tribunal ordenó la realización de un nuevo proceso, excluyendo la evidencia incriminatoria recogida en el procedimiento irregular con ocasión de la detención del recurrente.

El Servicio de Salud había sido excluido de la causa al estimar la Corte de Puerto Montt que no era legitimado pasivo, pero el máximo Tribunal resolvió que es imposible continuar la acción –cuyo fin es la indemnización de perjuicios– sin la participación del Servicio, debido a que es único de los demandados que puede responder patrimonialmente en caso de un fallo favorable para los actores.

El actor posee el derecho a decidir si acude o no a la Inspección del Trabajo antes de concurrir al tribunal, con el fin de obtener un pronunciamiento respecto del litigio; por lo tanto, el juez no puede supeditar la solución del arbitrio al cumplimiento de un requisito administrativo.

El demandante no pudo acreditar su dominio respecto del inmueble que pretendía reivindicar, acusando una errada valoración de las pruebas. Para el máximo Tribunal, tal reclamo se condice con una disconformidad con el resultado del juicio, y no con errores de derecho que persigue el recurso de nulidad sustancial.

Es evidente que la aceptación o admisión de responsabilidad en un juicio oral simplificado es precisa y únicamente de la responsabilidad penal correspondiente, no una aceptación de la pena propiamente tal.

El máximo Tribunal revocó la sentencia en alzada, tras establecer la responsabilidad de la demandada por incumplir obligación de mantener la ruta en condiciones de seguridad para el desplazamiento de los usuarios.

El máximo tribunal acogió la acción cautelar al considerar que la falta de medidas de resguardo pone en riesgo la seguridad e integridad de los funcionarios de la salud que laboran en un sector que presenta una alta concentración de población flotante y, consecuencialmente, niveles preocupantes de conflictividad y delincuencia.

El imputado se encontraba junto a un acompañante en una calle al costado de la cárcel de Los Andes intentando lanzar al interior del recinto una pelota que contenía papelillos de cocaína y marihuana, cuando fue sorprendido por personal policial que acudió al lugar, alertados por vecinos y personal de Gendarmería.

El Tribunal acogió la acción y le ordenó a la aseguradora el cumplimiento del contrato suscrito, mediante el pago de la suma de $27.658.262, por la pérdida total del vehículo asegurado.

Acreedor demandó ejecutivamente el 31 de mayo de 2019, por lo que no correspondía aplicar la suspensión de plazos a su causa, la cual fue notificada excediendo el plazo del artículo 98 de la Ley N°18.092, por lo tanto, la acción de cobro fue declarada prescrita.

El demandante prestó servicios genéricos como veterinario en diversos programas de desarrollo comunitario, siempre bajo la dirección de un funcionario municipal ante quien rendía cuenta de su labor, excediendo con ello el límite del artículo 4 de la Ley N°18.883.

El máximo Tribunal descartó error de derecho en la resolución recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción, que confirmó la de primer grado que no dio lugar a seguir adelante con la ejecución.

El actor se desempeñaba en un programa de desarrollo comunitario, y la relación contractual con el municipio en atención al principio de primacía de la realidad, superaba los límites de la contratación a honorarios, existiendo en la especie, los requisitos de los artículos 4 y 7 del Código del Trabajo para acreditar que la relación era de carácter laboral.

El contrato de franquicia impone la obligación de ejecutar parte del proceso productivo a cuenta y riesgo de la empresa franquiciada, lo que se condice con el trabajo en régimen de subcontratación establecido en el artículo 183-A del Código del Trabajo, por lo tanto, la empresa dueña de la marca explotada es responsable solidaria por los incumplimientos laborales de la empresa franquiciante.

La solicitud de la gestión se presentó el 9 de diciembre de 2021, y la modificación del artículo 435 del Código de Procedimiento Civil – que exige un antecedente escrito de la deuda que se cita a confesar – entró en vigor el 10 de diciembre del 2021, por lo tanto, el solicitante no se encontraba obligado a justificar por escrito ningún antecedente de la deuda pretendida.

La policía ingresó al domicilio de la acusada previa autorización del Ministerio Público, en base a una denuncia anónima que daba cuenta que en el lugar se traficaba droga, sorprendiendo a la imputada en un intento por destruir y deshacerse de las especies.

La resolución se decretó por el incumplimiento del pago de una multa, que se relacionaba con el nombramiento de un perito como medida para mejor resolver, la cual habría vencido, razón por la que la Corte estimó que el arresto carecía de proporcionalidad y validez.

La Dirección de Obras Municipales justificó el incumplimiento a las normas de la SEREMI que ordenaban la suspensión de los plazos de caducidad, en que se trataría de instrucciones ilegales.

El Tribunal de alzada descartó error de derecho en la sentencia recurrida, dictada por el Decimoséptimo Juzgado Civil de Santiago, al acoger parcialmente la reclamación interpuesta en contra de la resolución sancionatoria adoptada por el Instituto de Salud Pública (ISP).

El Tribunal de alzada descartó error en la sentencia confirmada, dictada por el 11° Juzgado Civil de Santiago.

El recurrente acusó que el fallo que hizo lugar a la acción reivindicatoria y lo obligó a restituir una hectárea otorgó mayor valor probatorio que el que le correspondía a un informe privado, lo que fue considerado por el máximo Tribunal como un intento de modificar los hechos asentados en el juicio.

Corte de Concepción estimó que la negativa del CBR para emitir los certificados, justificándose en la ausencia de dominio exclusivo de la actora, vulnera el artículo 50 de su Reglamento, así como la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad.

No corresponde atribuir al supermercado denunciado responsabilidad alguna en el siniestro, no obstante haberse acreditado un acto de consumo en el lugar, debiendo haberse dirigido la acción en contra del centro comercial donde efectivamente se estacionó el automóvil.

El imputado alegó que la norma que sanciona la reiteración del manejo en estado de ebriedad con suspensión de licencia de conducir por 5 años es del año 2012, mientras que la anterior conducta ilícita es del año 2002, por lo que se le habría aplicado una norma penal retroactiva más perjudicial, lo que fue desestimado.

Así lo establece el artículo 6 de la Ley N°18.101, por ende, la fuente para el pago de éstas rentas se encuentra en la ley, aunque se ha de estar al contrato celebrado entre el arrendatario con el anterior dueño para determinar el monto del canon.

No pudo probar en juicio que aportó el formulario faltante y que el municipio perdió el documento, por ende, el máximo Tribunal desestimó sus argumentos en sede de nulidad sustancia. Además, porque la recurrente invocó nuevos hechos sin acusar infracciones a las normas reguladoras de la prueba.

El Tribunal de alzada confirmó en todas sus partes la sentencia de primera instancia cuestionada que ordenó, además, a la demandadas el pago de las tarifas adeudadas del contrato de autorización de ejecución pública de obras musicales suscrito con la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, SCD.

El máximo Tribunal desestimó la procedencia del recurso impetrado en contra de la sentencia, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, por manifiesta falta de fundamento.

El Tribunal de alzada descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por el 29º Juzgado Civil de Santiago, que ordenó, además, a las demandadas el cese de la conducta infractora, en el sentido de que en lo sucesivo, cada vez que se ejecute el proceso de migración, se deberá entregar información veraz y entendible a los consumidores, con especial énfasis en los costos asociados.