Judicial

Ante un incumplimiento contractual, el acreedor no puede eludir el procedimiento declarativo ordinario para hacerse de un título ejecutivo de manera expedita mediante una gestión preparatoria, ya que vulnera el derecho a la defensa del supuesto deudor.

La citación a confesar deuda debe recaer en un simple acto previo que contenga una obligación, pero no en un asunto que revista el carácter de incumplimiento contractual el cual debe ser revisado en un juicio de lato conocimiento.

Si bien la hipertensión arterial puede ser un factor de riesgo en relación a un infarto al miocardio, al igual que otras patologías o conductas (tabaquismo, sedentarismo), lo cierto es que no consta en modo alguno que haya sido la causa del infarto del actor.

El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Arica, que conformó la de primer grado que dio lugar a la demanda.

Los contratos de trabajo celebrados al día siguiente del finiquito dan cuenta de la intención de ambas partes de seguir vinculadas, hecho que no puede ser desconocido por la empleadora al momento de la desvinculación para reducir la base de cálculo de la indemnización por años de servicio.

La demandada alegó que el deudor principal era solvente dado que era dueño de un bien raíz, sin embargo, la Corte descartó ese argumento, puesto que pesaban varias medidas precautorias sobre todos los bienes de aquel deudor, lo que denotaba la insolvencia de este.

El máximo Tribunal descartó error en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción, que absolvió a la procesada y que ordenó dejar sin efecto la cancelación de la inscripción del inmueble.

El Tribunal de alzada acogió la acción cautelar tras establecer el actuar arbitrario y vulneratorio de garantías constitucionales de la recurrida.

En la sentencia la magistrada acogió parcialmente la acción indemnizatoria al considerar que el supermercado incumplió el deber de seguridad que evitara el robo y que la empresa demandante no retiró oportunamente los equipos, pese a que fue notificado del riesgo existente.

Una cláusula del testamento otorgaba un inmueble en Las Condes como legado si la asignataria cumplía dentro del plazo de 30 días con la condición de donar a la heredera sus derechos en un predio ubicado en El Tabo, hecho que se perfeccionó con el tramite de la insinuación, momento en que comienza a computarse el plazo dispuesto por el causante.

En este caso el acreedor se encuentra en posesión de un título ejecutivo perfecto, por lo que no es necesario el trámite de protesto.

El Código Tributario, que regula dicho procedimiento de cobro, no contempla reglas especiales que regulen el incidente de abandono del procedimiento, por lo que, conforme al artículo 2° de ese cuerpo legal, resultan aplicables las normas del Código de Procedimiento Civil.

El ejecutante argumentó que el plazo de prescripción de la acción cambiaria se encontraba interrumpido con ocasión de la crisis sanitaria, no obstante, la demanda fue interpuesta antes del 20 de marzo de 2020, por ende, la acción de cobro prescribió.

El máximo Tribunal sostuvo que este es el verdadero sentido y alcance del artículo 13 de la Ley N°19.728.

Municipio intentó el cobro de la patente por el periodo entre julio de 2020 a junio de 2021, en circunstancias que la empresa dejó de existir el 31 de diciembre de 2019 al fusionarse con otra, por lo que los cobros intentados son improcedentes.

El actor alegó que no ejecutar la expropiación inmediatamente después de declarada la utilidad pública de su terreno configuraba una omisión ilegal, sin embargo, la Corte descartó ese argumento, puesto que la Ley no dispone de un plazo de caducidad de la declaratoria de utilidad pública.

La demandada estuvo casada con uno de los hermanos de la demandante, por lo que la ocupación del inmueble reclamado no le era desconocida, no configurándose en la especie la hipótesis del artículo 2195 del Código Civil.

El recurrido cuestionó que se le considerara una condena previa como responsable penal adolescente, no obstante, el máximo Tribunal refiere que tal yerro es improcedente por acusarse por medio de la causal de la letra a) del artículo 373 del Código Procesal Penal, la que no es idónea para tal objetivo.

La señal televisiva negó la afectación a la privacidad de los involucrados en las notas periodísticas, toda vez que, por tratarse de un medio de prensa no resulta aplicable la Ley sobre Protección a la Vida Privada y, por informarse sobre hechos delictuales, estos tampoco se consideraban parte de la esfera privada de los afectados.

La Tercera Sala del máximo tribunal anuló la sentencia de la Corte de Apelaciones y en fallo de reemplazo confirmó la sentencia que estableció la falta de servicio del municipio por incumplir la obligación de supervisar la manipulación de elementos riesgosos al interior del establecimiento educacional, pero consideró prudente elevar la indemnización a un monto más condigno al sufrimiento causado a las demandantes.

La niña se encontraba en una actividad manual, utilizando una pistola de silicona en mal estado, cuando sufrió una electrocución que posteriormente, devino en un diagnóstico de epilepsia.

El actor fue controlado por Carabineros luego de éste se escondiera de los funcionarios detrás de unos automóviles estacionados. Durante el control, la policía advirtió una orden de detención pendiente en contra del particular, que además poseía un bien robado recientemente desde una fábrica cercana.

El artículo 2 N°28 de la Ley N°20.720 hace aplicable las reglas comunes del juicio civil a aquellos procedimientos accesorios al concurso, en relación con el artículo 157 de Código de Procedimiento Civil.

El Estado ha faltado gravemente al deber que le asiste de entregar un servicio efectivo y no respetar la voluntad de sus derechos reproductivos, que, por lo demás, representa una preocupación del Estado de Chile plasmado en la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación en contra de la Mujer.

La Corte Suprema acogió el recurso de casación en el fondo interpuesto en contra de la sentencia dictada por la Corte de Temuco, que confirmó aquella de base que rechazó la exclusión de crédito de un proceso de liquidación concursal. Se presentó la solicitud de liquidación voluntaria de bienes en procedimiento concursal. Uno de los…

La declaración permitió esclarecer un robo ocurrido al interior de un inmueble en la ciudad de Arica, y fue efectuada de forma voluntaria por el particular, quien posteriormente también sería procesado por su participación en el hecho.

No hay elementos de contradicción entre las declaraciones analizadas, los antecedentes documentales y periciales que permiten configuran los hechos y circunstancias que establece la sentenciadora.

El artículo 13 de la Ley 18.603 que regula los símbolos de los partidos políticos, solo establece una limitación a la igualdad o manifiesta semejanza de los logos de las colectividades, por lo que aquel precepto no prohíbe la similitud objetada por el Partido Humanista.

El máximo Tribunal descartó error en la sentencia que aplicó la agravante de la alevosía en la calificación del delito.

El demandado alegó la improcedencia de indemnizar el total del valor comercial del vehículo chocado, si los restos del mismo igualmente tienen valor, el que debe ser descontado del monto total a pagar; argumento que fue acogido por la Corte.