Judicial

El máximo Tribunal rechazó el recurso de casación en el fondo interpuesto en contra de la sentencia, dictada por la Corte de Apelaciones de San Miguel, que confirmó la de primer grado que hizo lugar a la demanda.

El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que condenó a las demandadas, Ganadera Res Limitada, Comercial Res Limitada, Don Ganadero Spa y Agromerk Spa, a pagar, por constituir un único empleador, solidariamente la suma de $45.000.000 por concepto de daño moral, a trabajadora.

El artículo 2080 del Código Civil indica que los socios deben estar disponibles para rendir cuentas, la cual es materia de arbitraje forzoso sin necesidad de acudir a un juicio preparatorio declarativo que imponga esa obligación.

En la especie, el juez de garantía no incluyó a testigo presencial clave para la teoría del caso de la imputada, infringiendo las normas de exclusión probatoria del artículo 276 del Código Procesal Penal.

El tribunal de base acogió el incidente estando pendiente un recurso de reposición con apelación en subsidio presentado por el demandante en contra de la interlocutoria de prueba, infringiendo con ello los artículos 152 y 319 del Código de Procedimiento Civil.

Declaración autoincriminatoria obtenida ilegalmente por la policía que detuvo al imputado en Bolivia no fue considerada por el Tribunal Oral al momento de sancionar al recurrente como autor del delito de homicidio calificado.

La garantía legal por productos defectuosos está comprendida en los artículos 20 y 21 de la Ley N°19.496, y da la posibilidad de optar al consumidor por la reparación del producto, la reposición por uno nuevo o la devolución del precio pagado.

El Tribunal de alzada rechazó el recurso levantado por la legación trasandina en contra de la sentencia, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta, que le ordenó pagar a la trabajadora $9.930.393 de indemnización, equivalente a 11 remuneraciones.

Los jueces de fondo desestimaron la prueba aportada por el demandante en segunda instancia sin expresar los razonamientos de hecho y de derecho para arribar a su decisión.

La defensa no puede alegar la ilegalidad de la declaración voluntaria del imputado ante el Fiscal, ya que se encuentra consagrada en el artículo 194 del Código Procesal Penal.

La ley N°21.402 derogó el artículo 475 N°2 del Código Penal, estableciendo una sanción menos severa por los mismos hechos en el artículo 476 N°2 del mismo cuerpo legal, norma que debió ser aplicada por el tribunal al ser más benévola para el sentenciado.

Al momento de notificar la medida de prohibición de acercamiento a su cónyuge y compeler a abandonar el hogar común, Carabineros se percató de la tenencia de un arma de fuego sin permiso y detuvo al imputado que reconoció la propiedad de la especie.

El Fisco no atacó la aplicación del artículo 98 de la Ley N°18.092 al cuestionar la declaración de prescripción de una deuda de estudios que al tenor del artículo 13 de la Ley N°20.027 es imprescriptible.

Debe pagar 30 millones de pesos. El recinto ya había sido sancionado en 2016 por episodios de acoso escolar sufridos por los hijos de la demandante, dos menores de edad diagnosticados con trastorno de espectro autista.

El máximo Tribunal estableció error jurisprudencial en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, al considerar que no estaba acreditado la ocurrencia del accidente laboral.

Efectuar mal las obras de reparación de las filtraciones de agua en el domicilio del actor configura una infracción según dispone el artículo 23 de la Ley N°19.496, por lo que se debe compensar al afectado.

Ex alumno de dicho plantel incluyó la deuda de estudios dentro de la liquidación concursal de sus bienes, en circunstancias que el artículo 8 de la Ley N°20.720 excluye de este proceso a aquellos créditos regulados en leyes especiales.

Recurrente acusó una errada valoración de la prueba rendida en juicio sin indicar la norma reguladora quebrantada, lo que fue considerado como un intento de alterar los hechos asentados en la causa.

General Director de Carabineros debe dictar el decreto de encasillamiento para homologar las remuneraciones y beneficios de los demandantes con los del personal uniformado que se encuentran en grado equivalente.

Sentencia de alzada revocó la decisión de base omitiendo pronunciamientos respecto de un incidente y una prueba pericial favorable para el demandado, error de forma que fue enmendado por el máximo Tribunal.

La ley faculta indicar la fecha de emisión del documento al portador con posterioridad a la suscripción del mismo, por lo que en la especie no transcurrió el plazo de prescripción de la acción cambiaria invocado por el ejecutado.

La expresión “Se entenderá notificada…” con que comienza el inciso 3° del artículo 18 de la Ley N°18.287, constituye una presunción legal, la cual si no es desvirtuada con prueba en contrario resuelve el problema.

El máximo Tribunal desestimó el recurso impetrado en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, el cual no emite pronunciamiento sustancial relacionado con la materia de derecho que el recurrente pretende unificar.

La defensa sólo plantea discrepancias con la conclusión a que arriban los jueces, conforme la justificación de su razonamiento, y que contiene similares argumentos a los de su teoría del caso.

El municipio fue declarado rebelde durante el juicio y no pudo argumentar eficazmente acerca de las infracciones a las normas reguladoras de la prueba acusadas ante el máximo Tribunal.

Si bien el actor había ejercido la acción resolutoria del contrato más la indemnización de perjuicios por el monto equivalente al saldo insoluto de la deuda, el Tribunal interpretó que en realidad lo requerido era el cumplimiento forzado, por lo que accedió a este.

El máximo Tribunal desestimó la procedencia del recurso entablado por el Banco Santander - Chile al estar dirigido en contra de hechos establecidos por la judicatura del fondo.

En la audiencia de formalización, la magistrada ordenó el ingreso de Varas Sepúlveda al Centro de Detención Preventiva Santiago I, por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, fijó en 90 días el plazo de investigación.

Si bien el artículo 53 de la Ley N°19.880 dispone que la invalidación de un acto administrativo puede ser declarada de oficio por la autoridad o a petición de parte, en este último caso, sigue siendo de facultad de la Administración su declaración, por lo que no corresponde reclamar sobre el rechazo de su aplicación.

El Juzgado de Policía Local requirió el registro de entrevistas a consumidores del servicio de transporte para dar sustento a lo consignado por el fiscalizador en el acta que, a su juicio, no lograba dar convencimiento por sí solo de los hechos allí expuestos.