Judicial

El trabajador fue desvinculado de empresa por expresar una frase de connotación sexual a una de sus compañeras.

Pretender que la sola presentación del libelo interrumpe el plazo de prescripción, significaría que quedaría al arbitrio del demandante la determinación de la época en que la interrupción se consolidara.

El Tribunal de alzada desestimó el reclamo deducido por el centro asistencial al considerar que las sanciones y montos se encuentran ajustados a derecho.

El examen de los antecedentes demuestra que los magistrados del mérito no han incurrido en los errores de derecho que se le reprochan.

El inciso 2° del artículo 46 de la Ley N°19.880, no exige ese conocimiento real para entender practicada y perfeccionada esta forma de notificación por carta certificada pues dispone que basta el transcurso del tercer día siguiente a su recepción en la oficina de Correos respectiva para ello.

No existe precepto alguno que contemple semejante posibilidad, porque se debe entender que la decisión definitiva adoptada por una Sala de la Corte representa el parecer del conjunto del mismo tribunal, en cuya representación obró.

En la resolución, el ministro Cancino Cancino sometió a proceso a Alfredo Ismael Guerrero Santana, Alejandro Jorge Cox Betancourt, Víctor del Valle Lizama y Francisco Javier Pizarro Mana, como autores; y a Miguel Ángel Muñoz Barra y Bartolomé Marcelo Sanhueza Mortara, en calidad de cómplices del delito cometido en cuartel de la policía civil de Valparaíso.

La actuaria del sumario administrativo cuenta con atribuciones de ministro de fe, por lo que puede certificar aquellas circunstancias solicitadas por el actor.

Los trámites para el traslado de los derechos inscritos y puntos de acceso, no son una causal legal de exención, pues el beneficiario conoce las obligaciones que traen consigo los derechos de aprovechamiento de aguas.

La funcionaria acusada sostiene que las denuncias obedecen a hostigamiento y acoso en su contra, y no al fin de otorgar información que sirva de base para fiscalizar al servicio público.

El Tribunal de alzada ratificó la sentencia impugnada que ordenó a la multitienda la restitución de $587.980 por la compra fallida, el pago de la suma de $500.000 por concepto de daño moral, con declaración que se rebaja la multa de 300 a 50 UTM.

Los servicios contratados para ello no infringen las normas de la Ley N°19.974, sobre el Sistema de Inteligencia del Estado.

El error constatado tiene influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, pues llevó a imponer al acusado recurrente una pena en un grado superior a la que resultaba de la correcta aplicación de las normas ya analizadas.

Al fallar de este modo, se vulneran normas básicas de juzgamiento que contienen obligaciones, limitaciones y prohibiciones a que debe sujetarse la judicatura del fondo.

Durante el desarrollo del juicio, el ente fiscal confesó conocer los perjuicios causados a la demandante al cobrar de forma adelantada los documentos de garantía.

Se debe considerar lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley N°21.226 y el artículo único de la Ley N°21.379, que no admite interpretación diversa en la materia.

El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que ordenó la restitución del monto trasferido desde la cuenta corriente de la fallida a la de la demandada.

El máximo Tribunal desestimó el recurso por estar mal planteado.

El Tribunal acogió la acción al considerar discriminatorio el despido de la profesional, a quien no se le renovó la contrata a honorarios por no presentarse a trabajar durante la pandemia por estar al cuidado de sus hijos y que solicitó prestar funciones vía teletrabajo, sin obtener respuesta de su empleador.

La ministra Méndez Mardones sindica a los otrora efectivos de la Armada José Raúl Cáceres González, Víctor Ernesto Donoso Barrera, Luis Eduardo Kohler Herrera, Ary Antonio Acuña Figueroa y Julio Humberto Salvador Alarcón Saavedra como autores de los tormentos aplicados a Carvallo Ospital, estudiante de enseñanza media a la época de los hechos.

El Tribunal de alzada descartó error en la valoración de la prueba y vulneración al principio de congruencia de la resolución impugnada, dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Colina.

De otra parte, la Ley N°21.091, que entró en vigencia entró en vigencia el 29 de mayo de 2018, no puede aplicarse retroactivamente.

Pese a desestimar el arbitrio, la Corte de Santiago ordenó al motor de búsqueda desligar la publicación de cualquiera actual que haga mención a los errores en el servicio otorgado por la actora.

De esta forma, se da cumplimiento a los presupuestos de los artículos 151 y 152 de la Ley N°18.834.

El espíritu de las normas que regulan estos acuerdos es que los contratantes no se vean expuestos a contratos de adhesión por parte de las Isapres.

La aplicación de una sanción administrativa es la manifestación de la potestad disciplinaria que detenta la máxima autoridad de la Corporación Municipal.

La ministra Plaza González procesó a José Enrique Contreras Pacheco, por existir presunciones fundadas para estimar que le cupo participación, en calidad de autor, en el delito.

Luego de que se decretara la prórroga del estado de excepción el 16 de septiembre de 2020, la denunciada decidió desvincular a los trabajadores invocando la causal de necesidades de la empresa.

Aunque los jueces de instancia hayan afirmado su convicción condenatoria en prueba producida en la audiencia, al emanar ella del mismo procedimiento viciado no puede ser siquiera considerada.

La ilegalidad de un acto administrativo debe ser solicitada a través de la acción especial destinada legalmente al efecto, pero no a través de una segunda acción dentro del mismo procedimiento, sino como parte de la argumentación de dicha vía especial.