Judicial

La recurrida no acreditó que la fusión haya sido ocasionada por razones de bajas de productividad o por otras circunstancias económicas o de cambios en el mercado que involucren en sí una merma en las condiciones económicas del empleador.

No existe reproche que hacer al Consejo para la Transparencia en orden a considerar que haya ordenado la entrega de una información que contiene datos sensibles, cuya publicidad pudiere afectar a terceros.

No hubo alegaciones tendientes a acreditar la ilicitud en el obrar de la demandada, en el contexto de un despido por un presunto hurto realizado por el demandante.

El Tribunal, tras la deliberación de rigor, dio por acreditado tanto la comisión del delito como la participación culpable del acusado en los hechos.

El máximo Tribunal descartó vicios de derecho en la sentencia que acogió la demanda y estableció la responsabilidad solidaria de los demandados en el accidente.

El fallo señala que, la sanción impuesta a la concesionaria de servicios de televisión que reclama en estos autos, resultó proporcional y ajustada a derecho, pues el CNTV teniendo en cuenta la gravedad de la infracción cometida, estimó aplicarle una sanción de multa que, con posterioridad fue declarada inconstitucional.

La recurrida indicó que tenía permiso de la Armada de Chile para intervenir el borde costero y parte del sitio de la recurrente, lo cual era falso.

Las diferencias de opinión con los sentenciadores de fondo no constituyen omisiones de requisitos de la sentencia, ni vicios respecto de las leyes reguladoras de la prueba.

El beneficio de excusión es un mecanismo que apunta a defender la estabilidad del patrimonio familiar frente a terceros, de manera que se dirijan primeramente contra los restantes bienes del deudor y solo a falta de estos puedan perseguir el bien declarado familiar.

Al hacerlo, actúa en detrimento del administrado y excede la finalidad de su autoridad disciplinar.

El tercero coadyuvante tiene una intervención subordinada a los intereses de la parte respecto de la cual adhiere su defensa, y si la reclamada se allanó al reclamo, en estas circunstancias aquél carece del interés al que adhirió como fundamento de su postura en el proceso.

La total exigibilidad dependerá del hecho que el titular de la acreencia exprese su intención de acelerar el crédito.

Se comprobó la ejecución de servicios adscritos a una determinada función, con exclusión de todo matiz que revelara algún grado de subordinación y dependencia propio del vínculo regido por el Código Laboral.

La retención es amparada por los artículos 170 y 171 del Código Tributario, 1656 del Código Civil, y 1 y 4 del DFL N°1 de 1994.

La ley prohíbe a los prestadores exigir dinero, cheques u otros instrumentos financieros para garantizar el pago o condicionar de cualquier otra forma la atención de emergencia o urgencia.

La demandada posee un título idóneo que justifica la ocupación de la propiedad que descarta la mera tolerancia o ignorancia del demandante. No se dan los presupuestos de la acción, pues la demandada ostenta la mera tenencia en virtud de un título oponible al actor.

La unidad procesal entre la gestión preparatoria y el juicio posterior se producirá cuando se ejerza la acción por medio de la demanda y se notifique al demandado.

Los jueces del fondo no negaron el valor de instrumentos públicos a aquellos instrumentos privados acompañados en la causa que fueren reconocidos por la parte a quien se oponen.

La autoridad migratoria se encuentra facultada para reconducir a los migrantes sorprendidos cruzando la frontera por un paso no habilitado.

Los hechos denunciados pueden ser ventilados en el procedimiento de familia que se encuentra pendiente.

Por el principio de especialidad y en atención a la naturaleza de la infracción, el procedimiento sancionatorio es administrativo y no sujeto a la jurisdicción de los tribunales civiles.

El máximo Tribunal descartó infracción de ley en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó la de primer grado que rechazó la demanda, al quedar establecido que el trabajador fallecido se perdió al agua sin chaleco salvavidas y sin saber nadar.

El máximo Tribunal desestimó el recurso impetrado, al estar dirigido en contra de los hechos establecidos por los jueces del fondo.

No es ilegal ni arbitrario el procedimiento en que la recurrida examina exhaustivamente la salud del recurrente, para determinar con exactitud el diagnóstico apropiado.

La posibilidad de cambiar el nombre es un derecho reconocido a toda persona y, conforme lo previene el artículo 57 del Código Civil, la ley no reconoce diferencias entre el chileno y el extranjero en cuanto a la adquisición de derechos civiles.

Esto no obedece únicamente al hecho de la mera convivencia, sino también a las obligaciones recíprocas que los concubinos se reconocen.

La cláusula de aceleración puede extenderse valiéndose de formas verbales imperativas o facultativas, y en este último caso la obligación se hará exigible en su totalidad si el titular de la acreencia expresa su intención de acelerar el crédito.

A su vez, para que prospere la nulidad sustancial, debe explicarse en qué consiste la infracción a la norma decisoria litis.

Los fundamentos de la negativa a inscribir fueron desvirtuados en juicio.

No se advierte ilegalidad en el actuar del Municipio, ni en el contenido de la respuesta consignada en el acto impugnado, de modo que no se vulneró el principio de legalidad, en ninguno de los aspectos señalados por la reclamante.