Judicial

Tal acto de divulgación vulnera la inviolabilidad de las comunicaciones y la expectativa de privacidad del recurrente.

El artículo 56 de la Ley Indígena se suple con las normas sobre reconvención establecidas en el Código de Procedimiento Civil.

El máximo Tribunal declaró que tal es el verdadero sentido y alcance del artículo 8 del citado cuerpo legal.

No concurren las infracciones a las normas en que se sustentó el recurso de nulidad, el que no puede prosperar por adolecer de manifiesta falta de fundamento.

El máximo Tribunal consideró que, al existir diversos procesos administrativos por el mismo hecho, se vulneró el principio non bis in ídem.

Si la solicitud no es enmendada y se plantea nuevamente en iguales condiciones opera la preclusión, al considerar la primera solicitud como una renuncia al derecho de pedir el abandono del procedimiento.

Los jueces incurrieron en un error de derecho al calificar erróneamente los hechos y rechazar la acción de rendición de cuentas.

La decisión de amparo dictada por el CPLT se encuentra ajustada a la ley, debidamente fundada, y en consecuencia no adolece de ilegalidad.

La sanción fue impuesta por sumario administrativo y es proporcional en atención a la gravedad de los hechos descritos en la formulación de cargos.

De lo contrario, se infringen los artículos 2 transitorio, 2 letra a), y 5, de la Ley N°20.886.

Los inmuebles fiscales que no cumplen con esta calidad deben ser reivindicados mediante las acciones posesorias, como lo indica el artículo 19 del DL N°1.939.

La distinción es importante para efectos de determinar si el lugar de la notificación se encuentra fuera de la comuna de asiento del tribunal, lo que aumenta el plazo para oponer excepciones.

El Tribunal de alzada ratificó en todas sus partes la sentencia impugnada, dictada por el Cuarto Juzgado Civil de Santiago, que rechazó la acción al no acreditarse el supuesto incumplimiento.

La sentencia recurrida no analiza ni contiene las consideraciones necesarias para rechazar las alegaciones formuladas por los actores en la demanda. No cumple con lo dispuesto en el N°4 del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil.

No se configuró la infracción al artículo 46 letra f) del DFL N°2, porque el establecimiento educacional cuenta, detenta o posee, efectivamente, un protocolo que forma parte del reglamento que regula la situación que motivó los cargos formulados.

Yerra el sentenciador al rechazar la acción de nulidad deducida por los demandantes, por cuanto poseen legitimidad activa para incoar la acción y las tierras son indígenas, encontrándose prohibida su venta a personas que no posean tal calidad.

En el procedimiento sumario se dispuso la medida para esclarecer los hechos.

Las labores desempeñadas por los actores no correspondían a un cometido específico, dada la amplitud de sus tareas y por referirse a actividades propias y permanentes del Servicio.

El máximo Tribunal descartó error en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Valdivia, que confirmó la de primer grado que estableció que las 100 hectáreas de terreno que ocupa la demandada, no forman parte del título de merced de la comunidad demandante, de acuerdo a los deslindes de los respectivos inmuebles.

El Tribunal de alzada desestimó el reclamo al establecer que el monto de la sanción se ajusta a la normativa vigente.

El máximo Tribunal estableció abuso de posición dominante del banco estatal al fijar una tarifa más alta a los bancos de menor tamaño, comparada con la que cobra a los grandes.

El máximo Tribunal estableció falta de servicio del municipio sostenedor, al no brindar condiciones seguras para los educandos en el establecimiento.

El Tribunal debió responder a cada una de las peticiones y no hacer una resolución genérica que no se hace cargo estrictamente de lo pedido.

El desarrollo de una actividad económica debe desarrollarse conforme a las reglas que el ordenamiento jurídico contempla como regulación de esa actividad.

El Estatuto Docente regula íntegramente esta modalidad contractual. Al considerar aplicables las normas del Código del Trabajo relacionadas con los efectos pecuniarios del término de la vinculación, como si se tratara de un despido injustificado, se incurrió en una errada aplicación del derecho.

Las reclamantes fueron inscritas en una circunscripción que no les correspondía, por lo que privaron a los asociados de ejercer el derecho de elección de sus representantes.

La obligación del médico es de medios, ya que no puede asegurar un resultado exitoso a criterio del paciente.

La sanción de privación parcial y temporal de la subvención general que se le impuso cumple el objetivo fiscalizador del órgano, y se evitan prácticas como el retiro de utilidades.

Se aplica el artículo 48 de la Ley N°20.283 que es una norma especial, por lo cual prevalece respecto de la prescripción de corta duración del artículo 2521 del Código Civil.

Además, debe pagar las remuneraciones y demás beneficios devengados durante el tiempo que estuvo separado de la institución.