Judicial

La resolución impugnada constituyó un acto ilegal y afectó el derecho a la igualdad ante la ley del actor.

El Tribunal de alzada descartó error en la valoración de la prueba contenida en la sentencia que confirmó las sanciones aplicadas a la empresa Club Hípico de Santiago SA.

La autoridad administrativa dotada de una supuesta función jurisdiccional no goza de imparcialidad ni de independencia.

Se observa que el proyecto que se denomina ‘indulto general’ no coincide con lo que la doctrina ha considerado históricamente como tal, sino más bien como lo que corresponde a una ley de amnistía, que en todo caso se trata de potestades cuya naturaleza se vincula a otros poderes del Estado.

El Tribunal de alzada descartó que la entrega de la información solicitada afecte los derechos comerciales y económicos de Codelco.

El máximo Tribunal descartó error de derecho en la resolución que excluyó del procedimiento concursal de liquidación de bienes del acreedor, el crédito estatal para financiar estudios superiores.

El Tribunal de alzada fijó la sanción de 12 UTM.

Las disposiciones del Estatuto Administrativo no son aplicables a sus funcionarios.

No obstante, no es posible dar aplicación al artículo 38 ter del Código del trabajo.

Los documentos eran falsos.

El pronunciamiento responde a la solicitud realizada por un particular.

La resolución impugnada contuvo los fundamentos de hecho y de derecho que sustentaron la decisión de la recurrida.

El máximo Tribunal descartó que la detención y prisión preventiva que afectó al reclamante constituyan actuaciones procesales injustificadamente erróneas o arbitrarias.

El Tribunal acogió la acción de tutela laboral, tras establecer la existencia de relación laboral entre las partes y desestimar el supuesto déficit presupuestario esgrimido como causal del cese de funciones de los funcionarios.

El Tribunal de alzada descartó error de derecho en la sentencia recurrida, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que acogió parcialmente la demanda, declaró improcedente el despido por necesidades de la empresa de la trabajadora y ordenó a la demandada pagar el recargo legal sobre la indemnización por años de servicios.

Las recurridas deben velar por la vida y seguridad de los trabajadores por mandato legal.

El actor es investigado por hechos constitutivos de acoso sexual.

Fue indiscutible el servicio brindado por la actora para la defensa de la soberanía nacional.

El Tribunal de alzada desestimó la causal de invalidez deducida por la Inspección Provincial del Trabajo Petorca La Ligua en contra de la sentencia, dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que acogió parcialmente el reclamo de multa.

El Tribunal acogió la acción, tras establecer la responsabilidad del banco demandado al entregar información errada a compañía de seguros, lo que retardó la tramitación del seguro de desgravamen e impidió la venta de la propiedad.

La recurrida no difundió adecuadamente el período de matriculación.

La recurrida no permitió que la actora congelara el semestre de estudio.

No obstante, las partes pueden acordar una medida alternativa de cumplimiento, entre ellas, la prestación de servicios a distancia o teletrabajo.

La actuación del recurrido vulneró el derecho a la honra de la actora.

El actor conoció y aceptó lo propuesto por la recurrida.

La causal invocada no permite la revisión de los hechos asentados por el tribunal a quo.

La resolución de la recurrida no se ajustó a las peticiones formuladas por la actora.

La actora alegó que las prohibiciones impuestas sólo afectan a los pequeños comerciantes.

La controversia es materia de conocimiento de los jueces de fondo en sede civil.

El actor llevaba 10 años prestando servicios para la recurrida.